• La organización ecologista ha tramitado
en 2022 ante los tribunales un total de 306 casos para
la protección del medio ambiente, cifra superior a la de
2021 en que fueron 286 o a la de 2020 en que fueron 244.
• De todos estos asuntos, 205 pertenecen a la
jurisdicción contenciosa administrativa, 100 a la penal,
por delitos contra el medio ambiente o la ordenación del
territorio, y uno a la civil.
Ecologistas en Acción, en su vertiente jurídica,
continúa defendiendo el medioambiente en los tribunales.
La temática de los distintos procedimientos es
enormemente variada y comprende prácticamente todos los
aspectos medioambientales. Entre ellos, por ejemplo,
licencias o planes urbanísticos, vías pecuarias o
caminos públicos, instalaciones de residuos,
autorizaciones de canteras, macrogranjas, minería, o
grandes plantas renovables, infraestructuras de
transporte, gestión de espacios protegidos, delitos
contra la fauna y furtivismo, vertidos industriales y de
depuradoras y prevaricación urbanística, entre otros
muchos temas.
El Área Jurídica de Ecologistas en Acción, compuesta por
decenas de abogados y abogadas que, en los diferentes
territorios, colaboran con las distintas federaciones y
grupos locales, está dedicando especial atención a los
asuntos relacionados con la prevaricación de autoridades
o funcionarios derivada de licencias o autorizaciones
medioambientales o urbanísticas irregulares.
Entre los muchos procedimientos que se están tramitando
en tribunales penales con esta temática podemos
mencionar algunos, como el del vertedero de residuos
tóxicos de Salvatierra en Extremadura, el desvío del río
Guadalete a su paso por Grazalema en Cádiz o el posible
delito de prevaricación urbanística en Candeleda
(Ávila). También la inactividad por no prohibir una
cacería en Palencia, el caso de presunta corrupción en
la tramitación de Meseta Sky en Valladolid o las
actuaciones de la administración en relación con el
incendio de Sierra Culebra en Zamora. Otros casos son el
accidente de Ditecsa en Barcelona, las edificaciones en
zonas de máxima protección en Valdemorillo (Madrid), la
aprobación del proyecto de viales en zona protegida para
acceso a urbanización promovida por la Universidad
Antonio Nebrija en Hoyo de Manzanares (Madrid) o las
actuaciones irregulares de funcionarios en relación con
la balsa Jenny o en naves de porcino en Puerto Lumbreras
(ambas en Murcia). En algunos casos estas presuntas
acciones prevaricadoras se dan también por conductas
omisivas de funcionarios o autoridades.
Uno de los asuntos más destacables es el proceso penal
que seguimos como acusación popular contra el
fraudulento procedimiento de adjudicación de los
derechos mineros para la reapertura de la mina de Los
Frailes en Aznalcóllar y Sanlúcar La Mayor, cuyo proceso
de adjudicación en 2015 al consocio Minorbis-Grupo
México va ser juzgado por la Audiencia Provincial de
Sevilla contra 14 funcionarios y autoridades de la Junta
de Andalucía y 2 directivos de la empresa, por delitos
de prevaricación, tráfico de influencias, negociación
ilegal, malversación de fondos públicos, fraude a la
administración y prevaricación ambiental. A pesar del
proceso judicial, la Junta de Andalucía sigue tramitando
la Autorización Ambiental Unificada (AAU) solicitada por
la compañía minera Los Frailes, participada en un 97%
por la multinacional Grupo México y un 3% por la
española Minorbis, donde destaca la intención de verter,
mediante una tubería de 30 km desde el recinto minero,
al estuario del Guadalquivir, en zona Red Natura 2000
–tras una supuesta depuración– 14 millones de m³ de
aguas ácidas, que actualmente están acumuladas en la
corta minera de Los Frailes, abandonada desde 2001.
Igualmente se pretende mantener ese vertido continuo
durante 17 años de explotación minera.
En relación con asuntos judicializados por falta de
actividad de la administración en el cumplimiento de las
normas ambientales están también los casos de la falta
de deslinde de vías pecuarias o del inventario de
caminos públicos o de plan de recuperación de mamíferos
todos ellos en Cataluña, la inacción continuada respecto
al estado de las aguas contaminadas del embalse de As
Conchas en Orense o la falta de los planes de calidad
del aire a que obligan las directivas comunitarias en
varias comunidades autónomas.
Luis Rico, coordinador de Ecologistas en Acción, ha
puesto en valor la importancia de la acción legal y
judicial como última línea de defensa ambiental: “La
protección del medio ambiente está en nuestro ADN de
activistas”. A este respecto Jaime Doreste, abogado de
la organización, ha añadido: “Trasladar la lucha
ecologista a los procedimientos judiciales es una
herramienta más para la defensa ambiental de un planeta
vivible y biodiverso y para la construcción de una
sociedad más justa y sostenible”.
De los 306 asuntos que Ecologistas en Acción tiene en
diferentes tribunales, desde el punto de vista
territorial, 95 corresponden a Andalucía, 60 a Castilla
y León, 19 a Madrid, 22 a Murcia, 26 a Catalunya, 11 a
Cantabria, 16 a Castilla-La Mancha, 17 a Extremadura, 12
a Aragón, 10 al País Valencià, 4 a Galicia, 6 a Euskadi,
7 a Canarias, 1 a Navarra, 1 a Melilla y 17 son de
ámbito estatal. |
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