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• La campaña
No es
Sano (página externa a este diario) realizó el
año pasado diferentes peticiones de información al
Gobierno sobre el precio de varios medicamentos y qué
impacto tienen en el presupuesto.
• El Ministerio de Sanidad se negó a responder
acogiéndose a la confidencialidad que protege a la
industria farmacéutica, por lo que No es Sano recurrió
al Consejo de la Transparencia, que le dio la razón e
instó al Ejecutivo a compartir la información.
• Ahora, Sanidad ha llevado el caso por la vía judicial
presentando un recurso contencioso administrativo en el
que No es Sano estará representado por Salud por Derecho
y OCU.
En los últimos años, la campaña No es Sano viene
realizando acciones para aplicar transparencia a todo el
proceso de aprobación y financiación de nuevos
medicamentos y terapias por parte del Sistema Nacional
de Salud. La campaña ha hecho una serie de peticiones al
Ministerio de Sanidad, a través del Portal de la
Transparencia, para conocer los precios reales de
diferentes medicamentos -principalmente, los nuevos y
con coste más elevado-, así como su impacto en el
presupuesto.
En 2022, No es Sano presentó una decena de estas
peticiones. En todas ellas, la respuesta de Sanidad ha
sido siempre la misma en lo referente a la financiación:
los precios de los medicamentos son confidenciales
porque solo así España puede conseguirlos a un precio
más ventajoso. Esta explicación forma parte del
argumentario con el que la industria farmacéutica lleva
años evitando que se den a conocer los acuerdos que se
realizan con dinero público, ya que mantener esta
información en secreto le permite negociar con cada
Estado un precio diferente, en función de lo que cada
país esté dispuesto a pagar, e incluso fijar diferentes
precios dentro de un mismo país en las negociaciones que
se establecen entre las compañías y los propios
hospitales.
No es Sano defiende que, al tratarse de fármacos pagados
por la ciudadanía, debe prevalecer siempre el interés
público por encima de los intereses comerciales de las
empresas. Por ello, debe conocerse cuál ha sido el
impacto presupuestario que ha tenido cada uno de los
medicamentos para las arcas públicas, también como un
ejercicio de rendición de cuentas y transparencia.
Bajo este criterio, en el verano de 2022, la campaña
recurrió ante el Consejo General de la Transparencia
-organismo independiente encargado de velar por la
transparencia de la actividad pública- la respuesta del
Ministerio de Sanidad a las peticiones de información
sobre dos de estos medicamentos: lanadelumab (Takhzyro),
un fármaco para una enfermedad rara hereditaria y
remdesivir (Veklury), un fármaco contra la COVID-19.
“No habrá precios justos y asequibles mientras no haya
negociaciones justas y las negociaciones justas no son
posibles mientras no haya transparencia”, asegura en su
escrito No es Sano. En sus alegaciones, el propio
Ministerio reconoce que “esta necesidad de ‘secreto’
colisiona aparentemente con la exigible transparencia de
la actuación administrativa”, antes de exponer sus
argumentos.
Logotipo oficial de No es Sano: @ NeS/2023
EL RESPALDO DEL CONSEJO
El Consejo de la Transparencia ha fallado a favor de No
es Sano en ambos casos (Takhzyro y Veklury), instando al
Ministerio a compartir la información solicitada. “Este
Consejo no aprecia la concurrencia de los límites al
derecho de acceso a la información invocados, por lo que
procede estimar la presente reclamación a fin de que se
proporcione a la reclamante la información relativa al
precio final del medicamento abonado por el SNS”,
asegura en su respuesta, en la que da un plazo de 10
días al Ejecutivo para entregar la información.
El Ministerio de Sanidad, sin embargo, ha decidido
recurrir a los tribunales, interponiendo dos recursos
contenciosos administrativos a la decisión favorable del
Consejo de la Transparencia para que la ciudadanía tenga
acceso a esta información. No es Sano se ha personado en
esta causa a través de dos de sus organizaciones
promotoras, la Fundación Salud por Derecho y la
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
“No podemos seguir permitiendo que la industria
farmacéutica sea quien marque las líneas de la
negociación de la compra de nuevos fármacos, imponiendo
el secretismo”, defiende Vanessa López, directora de
Salud por Derecho. “Estamos hablando de medicamentos
adquiridos con el dinero de la ciudadanía, de nuestros
impuestos, y el Gobierno debe ser transparente en este
asunto”.
“La transparencia de la administración resulta
fundamental sobre todo aquello que tiene impacto en el
creciente gasto farmacéutico público. En una época en
que la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario se
encuentra entre las prioridades de los ciudadanos, no es
admisible este oscurantismo”, argumenta Ileana
Izverniceanu, directora de Comunicación de OCU.
UNA HISTORIA QUE SE REPITE
No es la primera vez que No es Sano se persona en un
caso de este tipo. En 2018, la compañía Novartis intentó
impedir a través de otro recurso contencioso
administrativo que el Ministerio de Sanidad hiciera
público el precio de Kymriah, un novedoso procedimiento
terapéutico, enmarcado dentro de las denominadas
inmunoterapias celulares (CAR-T), para tratar la
leucemia linfoblástica aguda.
En aquella ocasión, No es Sano solicitó la información a
Sanidad, que también se negó a compartirla. Las
organizaciones de la campaña recurrieron entonces al
Consejo General de la Transparencia que falló a su
favor, asegurando que no se trataba de únicamente de una
cuestión de política farmacéutica, sino de un derecho
-el de la información- que es un valor intrínseco al
concepto de democracia. Novartis, compañía que
comercializa la terapia, decidió recurrir a la vía
judicial para bloquear el proceso. En la sentencia, el
juez señaló que el Ministerio debería haber escuchado a
la farmacéutica y conocer sus alegaciones al inicio del
procedimiento. De este modo, el litigio quedó paralizado
por un defecto de forma.
En el caso actual, hay dos diferencias esenciales:
Sanidad ha dado previamente un periodo de alegaciones a
las compañías implicadas, por lo que el desenlace no
podrá ser el mismo; y quien ha interpuesto el
contencioso no son las empresas, sino el propio
Gobierno. |
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