• Para CCOO, la forma estructural de
abaratar el acceso a la vivienda no pasa por
subvencionar a los inquilinos el precio de un alquiler
que se eleva, sino por regular el mercado del alquiler,
limitando los precios máximos en las zonas tensionadas,
al tiempo que se va constituyendo y ampliando un potente
parque público de alquiler asequible.
• El bono joven del alquiler que aprueba hoy el Gobierno
es una ayuda de 250 euros al mes durante dos años a
personas de 18 a 35 años con ingresos anuales inferiores
a 24.318 euros (3 veces el IPREM) y que residan de
alquiler con un precio máximo de 600 euros mensuales (elevable
hasta 900 euros si lo deciden las CCAA).
Para CCOO, es una medida paliativa que no soluciona el
problema estructural de ausencia de mercado regulado, ni
parque público de vivienda suficiente que proteja este
derecho. Es una ayuda limitada en el tiempo (máximo dos
años), que no ofrece un apoyo continuo en el medio o
largo plazo a la población joven. Además, las ayudas al
alquiler, como las bonificaciones fiscales, a priori
mejoran la capacidad de pago de las personas que
demandan una vivienda, pero si no se actúa sobre la
oferta de vivienda, regulando la existente y/o
aumentando la oferta asequible, lo más factible es que
la mayor parte de estas ayudas acaben en un incremento
de los precios, sabedora la persona arrendataria de la
mayor capacidad de pago de la demanda. Este proceso
será, muy probablemente, más acusado en zonas donde
mayor sea la demanda en relación a la oferta (áreas
urbanas con mayor presión de población).
En general, este tipo de ayudas terminan siendo
regresivas. El potencial inflacionista de esta ayuda
hará que los alquileres disponibles se concentren en el
máximo permitido para percibir la ayuda. El alquiler
máximo está topado a 600 euros (900 si así lo acuerdan
las CCAA) lo que hará que los alquileres disponibles,
especialmente en las zonas de mayor demanda de vivienda,
se acumulen en esos límites, cuando no los superen
exigiendo un sobreprecio no declarado. Ayudas temporales
frente a una presión alcista sobre los precios que puede
ser más estructural y difícil de neutralizar.
El bono alquiler joven está dotado con 200 millones para
2022, lo que supone que se puede atender a 66.666 ayudas
de 250 euros mensuales al año. Esta cifra apenas cubre
una parte pequeña de la población joven que reside de
alquiler. Si tenemos en cuenta que en 2019 había
3.447.000 personas jóvenes emancipadas fuera de su
núcleo familiar, vemos con claridad el limitado alcance
de la media (2% de la población joven emancipada). Ese
mismo año, el 52% de los hogares encabezados por una
persona de 16 a 29 años y el 32% de los hogares
encabezados por una persona de 30 a 44 años residía de
alquiler. Este bono solo llegará a una pequeña parte de
los hogares jóvenes.
Además, si estas medidas, aun limitadas, contribuyen a
elevar los precios del alquiler, se perjudica no solo a
las personas beneficiarias de la ayuda, sino también al
resto de personas que buscan una vivienda de alquiler o
deben renovar su contrato de alquiler.
La efectividad de las medidas aprobadas está
condicionada a la existencia de otras que favorezcan el
control y transparencia de los contratos de alquiler y
que minimicen los riesgos de elevación de precios. La
obligatoriedad de inscribir los contratos de alquiler de
vivienda en un registro público donde queden reflejadas
las condiciones contractuales, la concesión de estos
bonos de ayuda a inquilinos y propietarios que alquilen
las viviendas mediantes bolsas públicas de alquiler (u
otros mecanismos similares) reducen la discrecionalidad,
aumentan la transparencia y reducen las posibilidades de
sobreprecios en los alquileres.
En definitiva, la forma estructural de abaratar el
acceso a la vivienda no pasa por subvencionar a los
inquilinos el precio de un alquiler que se eleva, sino
por regular el mercado del alquiler, limitando los
precios máximos en las zonas tensionadas al mismo tiempo
que se va constituyendo y ampliando un potente parque
público de alquiler asequible. |
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