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• Ecologistas en
Acción reclama a las Comunidades Autónomas con
poblaciones de lobo que cumplan con la orden de
protección del lobo y adopten urgentemente medidas para
hacerla cumplir, asegurando la conservación de este
depredador, fomentando la coexistencia entre el lobo y
la ganadería y persiguiendo la caza ilegal.
• La organización ecologista defiende la protección del
lobo y las medidas de coexistencia de la especie con el
ganado extensivo también en los tribunales, en los que
está apoyando activamente la orden de protección del
lobo ante los 10 recursos planteados contra la misma.
• La Audiencia Nacional, respaldando las tesis de
Ecologistas en Acción, ha desestimado todas las
solicitudes de suspensión cautelar de dicha Orden.
La orden de protección del lobo (Orden del Ministerio
para la Transición Ecológica RED/980/2021 de 20 de
septiembre) supuso un gran avance para la conservación
de esta especie y de la biodiversidad en general. Si
bien las Comunidades Autónomas (CCAA) de Cantabria,
Principado de Asturias, Galicia y Castilla y León, y
diversas asociaciones ganaderas, la han recurrido ante
la Audiencia Nacional, la orden de protección del lobo
está plenamente vigente. A pesar de ello, las citadas
CCAA continúan “en rebeldía” y no cumplen con la orden.
Un ejemplo es Castilla y León: según ha informado Asaja,
se están negando a tramitar las correspondientes
indemnizaciones a los ganaderos por ataques de lobos,
algo que Ecologistas en Acción considera irresponsable.
Otro ejemplo, esta vez en Galicia, es la existencia de
una red de caza ilegal que envenena lobos, y que el
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la
Guardia Civil está investigando en este territorio.
Las CCAA deberían estar trabajando en las consecuencias
legales de la inclusión del lobo en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE),
haciendo una evaluación periódica del estado de
conservación del lobo, tal y como establece el art 56.3
de la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad. Y,
especialmente, deberían adoptar medidas para evitar que
se produzcan actuaciones con el propósito de dar muerte,
capturar o molestar al lobo, como establece el art.
57.b) de la misma ley.
La obligación de estas CCAA es colaborar con el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico en la realización de estudios científicos
sobre la situación de la población lobera y sus
diferentes grupos reproductores, destinar parte de sus
presupuestos autonómicos a apoyar la ganadería
extensiva, facilitando ayudas para fomentar la
coexistencia del lobo y la ganadería, y pagando con más
rapidez los posibles daños que se produzcan por los
ataques del lobo al ganado, sin la necesidad de
contratar seguros privados. También es necesario
perseguir la caza ilegal de lobos y poner en marcha
campañas de sensibilización sobre la importancia
ecológica de esta especie. Además, Ecologistas en Acción
insta a las CCAA a que dejen de bloquear la aprobación
de la ‘Estrategia para la convivencia de las actividades
en el medio rural con el lobo y su conservación’.
La organización ecologista considera que los recursos
presentados contra la orden de protección del lobo, en
los que interviene como parte codemandada en apoyo y
defensa de su protección legal y asistido por las
letradas Laura Díaz Román y Jaime Doreste Hernández,
tienen muy escasas posibilidades de éxito. De entrada,
todas las solicitudes de suspensión cautelar formuladas
están siendo rechazadas por la Audiencia Nacional, quien
ha dejado claro que esta orden no produce perjuicios
irreversibles y que “debe prevalecer el interés general
de conservación de la especie, sobre esos posibles daños
económicos [daños al ganado, que son perjuicios
reparables económicamente], debiendo ponerse de
manifiesto que los propietarios y criadores de animales
mantenidos al aire libre, tienen el deber en la medida
en que sea necesario y posible, de protegerlo contra los
depredadores”.
Ecologistas en Acción considera que, dado que el proceso
judicial se presume largo y con pocas esperanzas para
las pretensiones de las CCAA, estas deberían estar ya
aplicando la normativa vigente en lugar de gastar dinero
público con estos estériles procesos judiciales. |
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