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Minería
Foto: Pixabay/2021
Fuente:
Ecologistas en Acción
Valencia 02
de diciembre de 2021 |
LAS MINAS ESPAÑOLAS BAJO LA LUPA DEL PARLAMENTO EUROPEO |
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• Algunos de los proyectos mineros
aprobados en España serían ilegales según la legislación
de países como Brasil, Chile, China, Ecuador o Perú.
• La Comisión Europea ha financiado en España proyectos
de “contrainsurgencia suave” para forzar la aceptación
de nuevas minas.
Ecologistas en Acción ha testificado hoy durante una
audición pública sobre los impactos sociales y
ambientales de la minería en la UE organizada por el
Parlamento Europeo. Elena Solís, coordinadora del área
de Minería de la organización ecologista, ha ilustrado
el incumplimiento de las directivas europeas exponiendo
varios casos de minas españolas como la de Río Tinto
(Huelva), Cobre las Cruces (Sevilla) o San Finx (A
Coruña).
También el hidrólogo estadounidense Steven H. Emerman
ha alertado como en muchos aspectos las normas europeas
en materia de seguridad de instalaciones mineras están
muy por detrás de las de países como Brasil, Chile,
China, Ecuador o Perú, dónde las técnicas aplicadas a
algunos proyectos en España y Portugal serían ilegales.
Emerman, utilizó datos de los proyectos mineros de Touro,
Río Tinto y San Finx para evidenciar estas deficiencias
y advertir al Parlamento y la Comisión que “no deben
tener tanta prisa en abrir nuevas minas o ampliar las
existentes sin antes demostrar de forma convincente que
no se producirán efectos adversos en el ambiente y la
población”.
A continuación, Alexander Dunlap, investigador de
la Universidad de Oslo, ha criticado el apoyo económico
de la Comisión Europea a proyectos de “licencia social”
que, según sus investigaciones, “se basan en las
técnicas y manuales militares de contrainsurgencia”. En
los cinco últimos años la Comisión ha destinado más de
100 millones de euros a proyectos de “contrainsurgencia
suave” para la “aceptabilidad de la minería” que buscan
“debilitar la capacidad y voluntad de las comunidades
afectadas a identificar y denunciar la corrupción y
daños ecológicos causados por las minas”.
Ecologistas en Acción ha defendido ante el Parlamento
Europeo que los casos de vulneraciones de la legislación
europea “no son casos aislados, sino que es una
consecuencia sistemática de la corrupción y la
indiferencia”. Frente a estos impactos ambientales y
sociales, Elena Solís ha exigido “apoyo a las
organizaciones ecologistas y comunidades locales
empoderándolos para ejercer sus derechos y obligaciones
de ciudadanía ambiental activa ante el boom minero que
amenaza en convertir las periferias europeas en un
‘Salvaje Oeste’ extractivista”. |
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