• Coincidiendo con la gira zapatista por
Europa, Ecologistas en Acción y el Observatorio de las
Multinacionales en América Latina-OMAL han organizado
con el Congreso Nacional Indígena (México) un toxic tour
por el centro de Madrid señalando algunos de los puntos
calientes de los impactos de las inversiones españolas y
de la política comercial del Gobierno español en México.
• BBVA, Iberdrola, Naturgy, Renfe, Acciona, Enagas,
Elecnor y Abengoa fueron las multinacionales españolas
denunciadas por su contribución a la crisis ambiental y
su connivencia con la violación de derechos humanos.
• El Gobierno español también fue señalado por impulsar
la firma de un nuevo tratado comercial UE-México con
fuertes impactos sociales y ambientales.
La gira zapatista ‘Un viaje por la vida’, que comenzó en
junio de 2021, está llegando a su fin. Tras varios meses
de recorrido por Europa, las más de doscientas
integrantes de las delegaciones zapatistas y del
Congreso Nacional Indígena, se encuentran en diferentes
puntos del Estado español. En Madrid, una de las
actividades que han realizado ha sido un toxic tour
dirigido a medios de comunicación.
El objetivo de esta ruta ha sido denunciar los impactos
sociales y ambientales de las relaciones comerciales
entre España y México. También las actividades
empresariales de varias multinacionales españolas que se
benefician de la violación sistemática de derechos
humanos y de la destrucción ambiental en el país
latinoamericano.
El acto ha sido organizado por Ecologistas en Acción y
OMAL y en él ha participado Ángel Sulub, delegado
del Congreso Nacional Indígena de México que acompaña a
las y los representantes zapatistas.
En la primera parada se denunció al BBVA por ser el
tercer banco que más financia PEMEX, que es una de las
mayores petroleras del mundo, la 12ª extractora mundial
de petróleo crudo en 2020. Sarah Bourehiyi y
Yago Martínez de Ecologistas en Acción recalcaron
que “en la emergencia climática las petroleras no son
las únicas responsables, también lo son bancos, como el
BBVA, que las financian y permiten su actividad”.
Además, el BBVA está involucrado en la financiación de
grandes proyectos hidroeléctricos, como la presa de El
Cajón en el estado de Nayarit y La Parota en el estado
de Guerrero. Más allá del impacto ambiental, en la
construcción de ambas represas se produjeron violaciones
de derechos humanos, incluyendo varios asesinatos.
La segunda parada fue en la Bolsa de Madrid, en la que
se señaló a uno de los integrantes del IBEX35:
Iberdrola. La compañía es el segundo productor de
electricidad del país. Solo el 27 % de su potencia
instalada es renovable, el resto se basa en combustibles
fósiles. De este modo, “el principal impacto de
Iberdrola en México es su contribución determinante a un
mix energético basado en los combustibles fósiles y, por
lo tanto, responsable directo de la emergencia
climática”, afirmó Marta García, de Ecologistas en
Acción.
Además, Iberdrola, junto a Naturgy, participa en el
desarrollo del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec,
un megaparque eólico que ha generado numerosos impactos
sobre el territorio y la población de la región, que es
mayoritariamente indígena. Las organizaciones indígenas
exigen que se garantice el derecho a la consulta previa
libre e informada, la nulidad de los contratos firmados
sin respetar la propiedad comunal y el fin de la
represión. Además, defienden la energía como un derecho
humano y no como una mercancía.
María Botella, activista de Ecologistas en
Acción, explicó al respecto: "Además de toda la
vulneración de derechos más flagrantes -como las
amenazas- los proyectos de Iberdrola en el Istmo se
basan en el expolio. Se han privatizado terrenos que
eran colectivos y las comunidades locales dejan de tener
acceso a sus tierras y a su fuente de sustento".
La siguiente empresa denunciada fue Renfe. El Tren Maya
es un megaproyecto ferroviario en la Península de
Yucatán participado por la compañía española, en el que
también está involucrada Acciona. Este proyecto choca
con el rechazo de las comunidades locales. “No es solo
un tren. Estamos hablando de proyectos de desarrollo
turístico, de agroindustria, de empresas eólicas y
fotovoltaicas. Decimos que no es maya porque no es un
proyecto que haya surgido de las necesidades del pueblo
maya ni para su beneficio. Este tren es un proyecto que
se está imponiendo en nuestro territorio sin la consulta
ni el consentimiento de nuestros pueblos”, denuncia
Ángel Sulub, integrante del Congreso Nacional
Indígena.
En la penúltima parada le tocó el turno a Enagás. Esta
compañía forma parte del consorcio que construyó el
gasoducto Morelos junto con Elecnor, otra empresa
española. Abengoa también participa en el funcionamiento
del gasoducto. La obra se inició en 2011 y desde el
principio contó con una fuerte oposición social, no solo
por la pérdida del territorio que supone para las
comunidades campesinas e indígenas, también porque el
gasoducto atraviesa la zona de riesgo del volcán
Popocatepetl.
Erika González, portavoz de OMAL, denunció que
“el proyecto ha ido imponiéndose por la fuerza mediante
una estrategia de represión y violencia. Además de la
criminalización y encarcelamiento de líderes sociales,
en 2019 asesinaron a una de las personas más visibles en
la oposición al proyecto, Samir Flores. Con todo, las
comunidades siguen resistiendo”.
El tour concluyó en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
En él, el foco se puso en la responsabilidad del
Gobierno a través de la firma del acuerdo comercial
UE-México. En 2020, la Comisión Europea anunció la
conclusión de las negociaciones sobre la versión
revisada del Tratado de Comercio entre México y la UE,
el cual está vigente desde 2000. En todo caso, el
tratado todavía no está aprobado.
Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción,
denunció que “20 años después de la entrada en vigor del
acuerdo UE-México, las esperanzas de México no se han
cumplido. A pesar de que el comercio entre la UE y
México ha aumentado un 148 % desde 2000, el porcentaje
de la población por debajo del umbral de la pobreza era
de casi el 50 % en 2008 y seguía igual en 2018. Además,
la cláusula democrática del acuerdo nunca fue invocada,
a pesar de la existencia de un gran número de denuncias
por parte de la sociedad civil sobre los impactos de las
empresas europeas en México. En lo que sí ha ganado
México en estas dos décadas ha sido en contaminación y
destrucción ambiental”.
El nuevo acuerdo entre México y la UE refuerza la
apertura comercial, la industrialización de la
agricultura mexicana, la privatización de servicios
públicos y el arbitraje internacional ante posibles
disputas, un mecanismo que sistemáticamente beneficia a
las multinacionales frente a los Estados. |
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