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Instituciones
penitenciarias
Foto: Pixabay/2021
Fuente:
Comisiones Obreras (CCOO)
Valencia 22 de noviembre de 2021 |
CCOO DENUNCIA QUE SE SIGUE DESMANTELANDO LA SANIDAD
PENITENCIARIA CON LA PUESTA EN MARCHA DE CONSULTAS
MÉDICAS TELEMÁTICAS PARA LA POBLACIÓN RECLUSA |
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• La última ocurrencia de los gestores
penitenciarios del Ministerio del Interior, ante su
incapacidad de dar una atención sanitaria digna en
prisiones, ha sido sustituir el personal médico por
ordenadores, con un proyecto que denominan ‘guardias
médicas telemáticas’ o ‘teleasistencia’.
CCOO denuncia que la Secretaría General del
Instituciones Penitenciaras del Ministerio del Interior
continúa desarrollando una política sanitaria en
prisiones que está dejando sin asistencia sanitaria a la
población reclusa. Las condiciones laborales y la
degradación laboral imperante en Instituciones
Penitenciarias han dejado las prisiones sin facultativos
y facultativas, y muy mermado el resto de personal
sanitario que tiene una sobrecarga de trabajo de más de
un 50%.
Con el fin de evitar las salidas de urgencia al hospital
de la población reclusa ha organizado un sistema de
atención médica ‘online’ bajo supervisión del personal
de enfermería. Un médico de prisiones se conecta de
forma virtual para dar atención sanitaria a los centros
penitenciarios que no tienen facultativos. El personal
de enfermería se tiene que responsabilizar de las
urgencias, de los ingresos y de los aislamientos, cuando
no tienen la potestad de realizar exploraciones clínicas
ni de diagnóstico, y se ven obligados a asumir la
responsabilidad de las posibles consecuencias por el
retraso o la mala praxis resultante al no poder ser
evaluado el paciente presencialmente. Todo un
despropósito.
Estas actuaciones, que están previstas para la ausencia
de médicos en la prisión, tienen un fin economicista:
evitar la salida de la población reclusa a un hospital
de la red pública. Con independencia de que el personal
facultativo asignado para atender estas consultas
virtuales por el sistema de guardia no ha sido
seleccionado con criterios de transparencia e igualdad,
lo más grave es la devaluación e incluso negligente
falta de asistencia que este modelo provoca.
Las guardias sanitarias en prisiones se realizan durante
toda la vida laboral hasta la jubilación, son
obligatorias y el precio de la hora de guardia está por
debajo de la hora ordinaria de trabajo. Son las más
baratas de toda la red asistencial pública en las
comunidades autónomas (15,99 €/hora presencial y 7,27
€/h localizada). Para incentivar las guardias ‘online’
la administración las paga como si fueran de presencia
física, lo que ha generado malestar entre el colectivo.
Las primeras actuaciones con la teleasistencia sanitaria
se encontraron con una red y sistemas informáticos
arcaicos e inoperantes de Instituciones Penitenciarias,
lo que originó que finalmente hubo que evacuar al
interno al centro hospitalario, con el consiguiente
retraso de todo el fallido proceso anterior.
CCOO ha denunciado que los sistemas informáticos y la
digitalización en prisiones es prácticamente inexistente
o de baja calidad, y cuando la administración nos
planteó destinar los fondos europeos para la
recuperación de la crisis a la compra de ordenadores
para altos directivos, exigimos que se invirtieran en la
modernización digital de la institución.
CCOO denuncia los graves riesgos que debe de asumir la
salud de la población reclusa por falta de atención
sanitaria, en una situación de custodia donde el Estado
debe de garantizar todas sus necesidades vitales.
El sindicato exige que el Ministerio del Interior cumpla
la Ley de 2003 de Cohesión y Calidad del Servicio
Nacional de Salud que obliga a transferir la sanidad
penitenciaria a las comunidades autónomas, la única
forma de garantizar la salud e integridad de la
población reclusa y de homogeneizar las condiciones
laborales del personal sanitario en igualdad de
condiciones. Denunciamos que han transcurrido 18 años
incumpliendo la obligación de transferir la sanidad
penitenciaria y que ha sido cuantificada por el Gobierno
en 131.339.227,17 euros, mientras el Ministerio del
Interior se va a gastar 150 millones en un
‘macropsiquiátrico’ en Siete Aguas que rechazan los
profesionales y organismos de la salud, y que va a
deteriorar aún más la asistencia sanitaria. |
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