• Once
organizaciones que trabajan en la defensa de derechos de
las personas migrantes y refugiadas presentan un informe
del impacto negativo que esta propuesta legislativa
tendría en los derechos humanos.
La Comisión Europea presentó hace un año, el 23 de
septiembre de 2020, su propuesta de Pacto Europeo sobre
Migración y Asilo de la UE con el objetivo de
desarrollar una política común en materia migratoria.
Pese a que esta iniciativa se anunció como “un nuevo
comienzo en materia de migración”, las organizaciones
sociales denuncian que es una propuesta que refuerza el
enfoque de securitización de las fronteras, la
criminalización de la migración, y que obvia los
tratados internacionales ratificados por los Estados y
sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos.
Con el objetivo de revertir la orientación de las
medidas recogidas en la propuesta de Pacto, varias
organizaciones de la sociedad civil (Alianza por la
Solidaridad, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge,
CEAR, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo,
Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Red
Acoge, Save the Children y Stop Mare Mortum) han
realizado un exhaustivo análisis sobre el impacto que
tendría su aprobación y han elaborado un conjunto de
propuestas basadas en los estándares internacionales de
derechos humanos que buscan avanzar en la protección de
las personas migrantes, solicitantes de asilo y
refugiadas.
Así, ponen de manifiesto que el objetivo principal del
Pacto es aumentar el número de personas devueltas o
expulsadas de Europa y que el mecanismo sobre el que
pivotan todos los procedimientos establecidos en el
Pacto es el retorno. Se apuesta por agilizar los
procedimientos en frontera reduciendo sus garantías; por
la externalización de la gestión de la migración a
países que violan los derechos humanos; y por
seleccionar, mediante fórmulas estadísticas, las
nacionalidades susceptibles de acceder a los
procedimientos de asilo sin valorar de manera individual
las solicitudes, contraviniendo todos los tratados
internacionales en la materia. Determina, además, la
relación con países terceros en función del control que
realicen de los flujos migratorios, reforzando las
expulsiones y readmisiones a cambio de la concesión de
visados, fondos de cooperación al desarrollo o
inversiones.
Como se señala en este informe de evaluación, resulta
especialmente grave el uso de ficciones jurídicas como
el concepto de “pre-entrada”, que considera las zonas
fronterizas como un limbo mientras se realiza el cribado
de las personas migrantes y solicitantes de asilo para
no reconocer su ingreso en territorio europeo. Este
mecanismo habilita la creación de los centros de
detención para el registro de personas que empiezan a
proliferar en la frontera sur, y que han sido
denunciados por sus condiciones insalubres y por las
reiteradas violaciones de derechos humanos.
ESPAÑA FRENTE AL PACTO EUROPEO
Los macrocentros de contención de las personas migrantes
y solicitantes de asilo que llegan a Canarias,
denunciados por la falta de instalaciones adecuadas, por
su hacinamiento y por la inexistencia de protocolos de
identificación ágiles y eficaces para la derivación de
personas vulnerables; las devoluciones contra su
voluntad de niños, niñas y jóvenes sin acompañamiento
adulto desde Ceuta a Marruecos; y la falta de compromiso
para llevar a cabo la reforma del Reglamento de
Extranjería, ponen de manifiesto la apuesta del Gobierno
español por este “nuevo” enfoque de la política
migratoria europea, aun cuando no se ha aprobado
formalmente.
Por estos motivos, las organizaciones que han elaborado
este informe reclaman mecanismos efectivos de
transparencia y rendición de cuentas, la habilitación de
vías regulares y seguras, canales y visados humanitarios
especialmente en contextos de crisis, cuotas de reparto
de acogida obligatorias para todos los países, la
adopción de la detención como último recurso, así como
la desvinculación de las ayudas para el desarrollo de
cualquier objetivo de control migratorio o
securitización de las fronteras. En definitiva,
políticas humanitarias, con enfoque de derechos e
interseccionales, bajo las cuales el interés superior de
la infancia y los derechos y dignidad de las personas
migrantes y refugiadas sean respetadas. |
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