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• Junta a más de cincuenta organizaciones
y profesionales, la asociación reclama una normativa que
asegure la erradicación de este material altamente
tóxico, aún presente en multitud de instalaciones.
• FACUA-Consumidores en Acción se ha sumado al
manifiesto por una Ley Integral del Amianto que asegure
la erradicación de este material altamente tóxico y
permita proteger así la salud de los ciudadanos y el
medio ambiente. (Ver manifiesto)
Junto a más de cincuenta organizaciones y profesionales,
la asociación reclama una normativa "moderna y
oportuna", que sirva para "normalizar y canalizar las
soluciones en los distintos ámbitos, evitando, como
hasta ahora, respuestas insuficientes y fragmentadas".
Los firmantes del manifiesto recuerdan que, pese a la
prohibición de la importación y producción del amianto
de 2002, sigue siendo un problema de salud pública,
medioambiental y laboral que "afecta gravemente" al
conjunto de la sociedad. Así, critican que hasta ahora
no se ha abordado un instrumento legislativo para
erradicar este material, del que se estima que un 65%
del instalado en el territorio español ya ha finalizado
su vida útil -de 30 a 35 años-, incrementando aún más su
peligrosidad.
El uso industrial del amianto ha supuesto "un desastre
global sin precedentes, que en el caso del Estado
español puede alcanzar la cifra total de 130.000
fallecidos en 2050, un 40% de ellos aún por llegar",
advierten.
Así, las organizaciones insisten en la necesidad de
vertebrar una normativa con base en algunos ejes
fundamentales. Entre ellos, un sistema eficaz de
detección activa y precoz de las enfermedades provocadas
por el material; el reconocimiento directo de la
condición y derechos a afectados; el reconocimiento
institucional a la memoria de las víctimas del amianto;
asistencia, ayuda y acompañamiento social para las
personas afectadas; un censo estatal del amianto
instalado en el territorio español; y la actualización y
nomalización de valores límite de exposición (laboral,
medioambiental y de salud pública).
De igual forma, consideran imprescindible que se cree un
plan estatal de erradicación segura del amianto que
comprenda tanto el material instalado como los residuos
y suelos contaminados, con prioridades en la eliminación
y que comience en una primera fase en colegios,
polideportivos y entornos con presencia de niños.
También resulta necesario la implantación de otro plan
de gestión y control de residuos que incluya la
destrucción segura de las fibras de amianto para su
conversión en desechos no peligrosos, así como la
eliminación progresiva del material almacenado en
vertederos.
Por último, las organizaciones entienden que deberían
fomentarse políticas destinadas a la información,
formación y cualificación profesional de profesionales
sanitarios y técnicos, de trabajadores cualificados para
la retirada y gestión del amianto y de divulgación y
concienciación general de los problemas que causa el
tóxico, entre otras.
El amianto es un material peligroso para la salud que se
utilizó en la construcción de edificios e instalaciones
y que actualmente se encuentra presente en multitud de
entornos urbanos y rurales: desde vertidos ilegales,
tejados de vivienda y naves industriales, tuberías de
abastecimiento de agua, hasta todo tipo de edificaciones
como colegios, centros educativos, infraestructuras de
transportes, etc. |
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