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Fuente: Ecologistas en Acción
Valencia 21
de septiembre de 2021

LA REGULACIÓN DEL GAS EN ESPAÑA BENEFICIA A ENAGÁS Y PERJUDICA A LOS HOGARES

 

• Ecologistas en Acción publica en castellano el estudio lanzado por el instituto de estudios británico IEEFA, en el que se denuncia que el exceso de capacidad y una fiebre por invertir suben las facturas de la población mientras Enagás se lucra.
• Los beneficios de Enagás no están impulsados por la demanda de las personas consumidoras ni por la eficiencia de la empresa, sino por un marco regulatorio que garantiza a la empresa una tasa fija de rentabilidad de sus inversiones en infraestructuras gasistas, independientemente de si el país las necesita.

La Empresa Nacional de Gas (Enagás), que actúa como gestor de red de transporte de gas en régimen de monopolio, se ha beneficiado de una estrategia de «seguridad y diversidad del suministro» como excusa para construir o ampliar plantas de regasificación de gas natural licuado, gasoductos de gas natural e instalaciones de almacenamiento de gas. Según un informe del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés), el exceso de capacidad resultante ha llevado a tasas bajas de utilización de las infraestructuras gasistas en España, así como a facturas de gas más elevadas que en ningún otro Estado europeo.

Enagás se beneficia de un sistema regulatorio que garantiza una tasa fija de retribución por inversiones en infraestructuras, independientemente de si el país realmente necesita o no esas inversiones. La empresa puede sencillamente invertir dinero en proyectos a menudo innecesarios y aún así salir ganando mientras carga a las personas consumidoras con el peso de los coste.

El problema es el exceso de inversión en proyectos de gas innecesarios por el afán de obtener ingresos regulados, lo que parece beneficiar a los accionistas de Enagás en vez de atender las necesidades del sistema técnico o de los consumidores.

Como viene denunciando Ecologistas en Acción en su campaña #LaVerdadDelGas, España es uno de los Estados de la Unión Europea donde los hogares y pequeños consumidores de gas como tiendas y restaurantes pagan un precio más alto por este combustible. En 2008 los precios de la energía en el Estado español eran prácticamente iguales a los de la UE, pero en los siguientes 10 años ha habido un incremento de precios muy superior al del promedio de la UE para estos consumidores. España batió récord del precio más alto del gas en Europa durante la segunda mitad de 2019.

Un precio del gas que lastra a la tarificación eléctrica, ya que la última energía que entra en el sistema es la que marca el precio. Una energía que viene de las centrales de ciclo combinado que utilizan gas, de forma que estos precios repercuten en incrementar al alza el coste de la luz. Un sistema injusto que perjudica a las personas más vulnerables y al clima, generando grandes beneficios caídos del cielo a las grandes empresas del oligopolio energético.

Hoy en día Enagás es una de las empresas con más plantas de GNL del mundo. Las plantas de GNL que están operativas en España representan casi un tercio de la capacidad de importación de GNL de Europa, pero sus índices de utilización son de los más bajos del continente.

La demanda de gas en el Estado español no ha aumentado desde 2008 y los consumidores han tenido que pagar la cuenta de una infraestructura sin utilizar. En los últimos 20 años la tasa de utilización de la capacidad instalada de España no ha llegado nunca al 50 %. Sin embargo, Enagás quiere invertir en nuevos proyectos para garantizar el incremento de sus ingresos y favorecer los dividendos de los accionistas. De ahí que esté planificando 30 proyectos de hidrógeno y 16 de biometano, así como proyectos de gas y GNL. Para justificar estos nuevos proyectos utiliza el lema de la «descarbonización». El riesgo de que se repita el error de construir infraestructura que no hace falta y dar lugar a más activos varados es considerable, pero, como apunta Sagrario Monedero, coordinadora de la campaña ‘La verdad del gas’ de Ecologistas en Acción, «el riesgo de que consumidoras y consumidores de gas se vean obligados de nuevo a cubrir los costes de una infraestructura sobredimensionada y al servicio de los intereses del capital es aún mayor».

 

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