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Fuente:
Comisiones Obreras (CCOO)
Valencia 20 de septiembre de 2021 |
CCOO EXIGE AL MINISTERIO QUE EL ANTEPROYECTO DE LOSU SE
DEBATA Y CONSULTE CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y QUE
SE NEGOCIE CON LOS AGENTES SOCIALES |
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• El sindicato considera que la
propuesta, además de no contar con una memoria
económica, perpetúa los problemas más acuciantes de las
universidades públicas: financiación, gobernanza y su
función social en la disminución de la desigualdad,
poniendo en peligro su futuro.
Comisiones Obreras muestra su rechazo al actual
anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema
Universitario (LOSU) presentada por el Ministerio de
Universidades que dirige Manuel Castells, porque no ha
sido debatido con la comunidad universitaria y porque
tampoco ha sido negociado con los agentes sociales. Así
lo ha demostrado el sindicato esta mañana en una
concentración en el Campus de Rabanales de la
Universidad de Córdoba, aprovechando la ceremonia de
inauguración del curso académico a la que asistieron
Castells y el Rey Felipe VI, ocasión en la que han
exigido al Gobierno diálogo y negociación.
Desde el sindicato se asegura que la propuesta empeora
la situación actual de las universidades públicas por
varias razones, entre las cuales se encuentra la
promoción de un modelo neoliberal, dejando a la
educación superior al servicio de los intereses
políticos y económicos, lejos de su vocación de servicio
a la sociedad y más enfocada a la formación de las
élites que una apuesta por una educación universal que
ha demostrado ser una importante herramienta en la
reducción de las desigualdades sociales. En esa línea,
la política de becas y ayudas sigue condicionada por el
rendimiento académico.
Tampoco aporta la LOSU una memoria económica clara para
afrontar los retos de la modernización ni para disminuir
la precariedad laboral y los recortes sufridos los
últimos doce años, dejando un plan de inversión a futuro
del 1% del PIB, muy por debajo de la media de la Unión
Europea y de la OCDE.
Uno de los problemas más graves para CCOO es que se
modifica también la estructura interna, reforzando el
papel de los Consejos Sociales y su participación en el
gobierno de la Universidad –estableciendo una
configuración y mecanismos de nombramiento nuevos–, a la
vez que se restringe la participación y
representatividad de la comunidad universitaria,
disminuyendo drásticamente la democracia interna con el
sistema de elección del rectorado, los decanatos y otros
órganos de dirección. De igual manera, se eliminan los
mecanismos de rendición de cuentas y se facilita la
proliferación de conciertos sin supervisión de los
órganos universitarios.
La propuesta presentada por el Ministerio que dirige
Castells tampoco resolverá la precarización de las
plantillas al no contemplar el desarrollo claro de las
carreras profesionales –ni vertical, ni horizontal, ni
siquiera la posibilidad de promoción interna como en el
resto de los cuerpos de funcionarias y funcionarios del
Estado–, mantiene los actuales sistemas de acreditación
externa (ANECA) y se vuelve al sistema LRU para que el
proceso de concurso-oposición esté integrado
mayoritariamente por componentes externos a la
universidad que convoca la plaza o para imponer
estancias en otros centros por un periodo de nueve
meses. |
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