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• No se solventa el problema de la
financiación y mantiene la precariedad del personal.
• CCOO denuncia que el anteproyecto de Ley Orgánica del
Sistema Universitario (LOSU), presentado el 31 de agosto
en el Consejo de Ministros, no ha sido consultado (y
mucho menos negociado) con los agentes sociales. El
texto, con 107 artículos, es muy detallado en algunos
apartados y demasiado vago en otros.
La Federación de Enseñanza de CCOO critica que la LOSU
del ministro Castells se ocupa extensamente de definir
un nuevo modelo de gobierno de la Universidad pública
presidencialista y gerencial en torno a la figura del
rector/rectora en detrimento de la participación
democrática y de la transparencia de los órganos de
gobierno y de representación.
CCOO alerta de que se contempla la posibilidad de que la
elección del rector se realice por un comité de 20
personas, con un 30% de sus miembros ajeno a la
universidad, y que se disminuye y modifica la
composición del claustro. Además, excepto la formulación
y aprobación de los estatutos, sus funciones y
competencias se reducen a las de un órgano meramente
consultivo. El rector tiene que rendir menos cuentas y
designa al resto de órganos de gobierno unipersonales.
Los departamentos carecen de regulación expresa y se
refuerzan los Consejos Sociales en la política
universitaria, excluyendo a cualquier integrante de la
comunidad universitaria.
Los capítulos dedicados al profesorado de las
universidades proponen mantener la doble vía de acceso
funcionarial y laboral, aunque esto está un tanto oculto
y depende de los desarrollos autonómicos. Pero los dos
cuerpos funcionariales (CU y TU) permanecen sin resolver
los problemas de sus carreras profesionales, sin
reconocerse el derecho a una carrera vertical con
promoción interna y sin dar solución a la contradicción
de un sistema retributivo que sigue dependiendo
exclusivamente del Estado.
El sindicato subraya que la regulación del PDI laboral
también empeora notablemente con la nueva LOSU. Se
elimina la figura del ayudante, limitando las
posibilidades de iniciar una carrera académica
exclusivamente a los contratos de personal investigador
en formación. Asimismo, desaparece en el texto la figura
equivalente al actual profesor contratado doctor (con
contrato indefinido, a tiempo completo), que queda a la
discrecionalidad de la regulación de las comunidades
autónomas, y los profesores ayudantes doctores acceden
sin acreditación previa (esta era una reclamación de
CCOO), pero carecen de promoción en su carrera laboral.
Por otro lado, los cambios en la figura de los
profesores asociados no aportan soluciones para resolver
los problemas de temporalidad, precariedad y falta de
promoción actuales. Por último, se establecen dos
figuras ornamentales y graciables, las de los profesores
visitantes y distinguidos, los únicos que no están
sometidos a ningún proceso de evaluación para su
contratación.
Por otra parte, continúa el poder omnímodo y opaco de
ANECA, que con la nueva LOSU sigue siendo la verdadera
artífice de las políticas ministeriales de profesorado,
sin que se establezcan mecanismos para mejorar su
regulación (actualización de criterios de evaluación,
procedimientos, agentes, etc.).
El texto no se acompaña de ninguna memoria económica y
solo considera una cifra global de consecución del
incremento de la financiación hasta el 1% del PIB en la
próxima década (porcentaje que todavía queda por debajo
de la media actual de la UE y la OCDE). Para CCOO, esto
no soluciona el problema de la financiación, puesto que
las universidades públicas mantienen un recorte
acumulado en su conjunto de un 20% de la financiación
pública desde 2009. Se establece un modelo de
financiación plurianual que se intenta relacionar con la
política de personal y la tasa de reposición de
plantillas. De hecho, se asume en la ley el
mantenimiento de la tasa de reposición, que solo ha
servido para limitar el desarrollo de las plantillas
universitarias.
A todo ello se suma una visión muy dulcificada de las
universidades privadas y una llamativa omisión en el
texto presentado de la función de la universidad como
prestadora del servicio público de educación superior.
CCOO considera que es imprescindible fortalecer en el
actual contexto socioeconómico a la Universidad pública,
entendiendo que los conocimientos y la cualificación
profesional que proporciona son esenciales, en términos
de equidad y justicia social, para la construcción y
desarrollo de la sociedad del conocimiento en toda su
extensión.
Por ello, exige que el Ministerio abra de forma
inmediata un proceso de negociación serio y responsable
con los agentes sociales, ya que el articulado actual no
responde a los objetivos planteados en el preámbulo y
supone una minoración de la democracia y la
participación de la comunidad universitaria en el
gobierno de la Universidad. Este proceso de negociación
deberá incluir el Estatuto del PDI y la revisión del RD
sobre régimen del profesorado universitario (1985) y del
RD sobre retribuciones del profesorado universitario
(1989). |
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