• Amigos de la Tierra, Depana,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF
piden mediante una carta a los presidentes Sánchez y
Aragonès la paralización del proyecto.
• Les recuerdan que la ampliación vulnera todos los
compromisos de lucha contra el cambio climático, cuando
ambos Gobiernos tienen aprobadas sendas declaraciones de
Emergencia Climática.
Los presidentes de los Gobiernos español y catalán,
Pedro Sánchez y Pere Aragonès, han recibido una carta
firmada por los grupos ecologistas Amigos de la Tierra,
Depana, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife
y WWF. En ella, muestran su oposición al proyecto de
ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas, ubicado en
El Prat de Llobregat (Barcelona), por ser insostenible
desde el punto de vista ambiental.
La misiva llega un día después de la extrema llamada de
atención mundial realizada por el panel de expertos en
cambio climático de Naciones Unidas (IPCC) ante las
alarmantes evidencias del fenómeno en todo el planeta, y
en cuyo informe conminan a los Estados a acelerar el
proceso de descarbonización.
“La propuesta de ampliación del aeropuerto de El Prat
–señala la carta– vulnera todos los compromisos en la
lucha contra el cambio climático en un momento en el que
los dos Gobiernos han declarado la Emergencia Climática
en Cataluña y en España, y a la que se han sumado los
ayuntamientos de Barcelona y de El Prat de Llobregat.
Una ampliación del aeropuerto no solo supondrá aumentar
las emisiones, en vez de reducirlas, sino que fomentará
un tipo de transporte, de comercio y de turismo
contrario al que requiere la crisis climática y
ambiental, y a las políticas de lucha contra el cambio
climático que preconizan públicamente desde sus
Gobiernos.
Por ello, las organizaciones ecologistas piden a Sánchez
y a Aragonès que redirijan los fondos acordados hacia
otros sectores que mejoren la calidad de vida de la
ciudadanía, y a su vez, favorezcan al medio ambiente,
protejan la biodiversidad y preserven el territorio; que
se reorienten las inversiones de dinero público hacia
proyectos que aseguren la transición a una economía
descarbonizada que priorice la justicia social y el
interés general.
“Sus gobiernos deberían impulsar políticas encaminadas a
reducir el transporte aéreo y favorecer otro tipo de
movilidad más sostenible”, apunta la carta, en la que
recuerdan que “el aéreo es el modelo de transporte de
mayor tasa de emisiones per capita y el responsable del
2 % de emisiones de CO2, además de otras como vapor de
agua y los óxidos de nitrógeno (NOx), siendo estos
últimos de los que más dañan a la capa de ozono”.
Señalan, a su vez, que “no es aceptable ninguna
actuación que afecte negativamente a la zona de especial
protección de las aves y las reservas naturales del
Delta del Llobregat –un espacio protegido– incluso con
propuestas de medidas compensatorias”. Sobre todo cuando
en este momento los Gobiernos de España y Cataluña
tienen que hacer frente a un procedimiento de infracción
iniciado por la Comisión Europea en 2012, cuyo origen es
el desvío del río para ampliar el puerto de Barcelona y
la ampliación del aeropuerto con una tercera pista.
“No sería posible defender ante Europa, ni ante los
tribunales españoles, un nuevo proyecto que tenga
efectos negativos sobre el espacio protegido atendiendo
a la legislación existente y a la situación de
conservación del mismo, ya que la presión suplementaria
que supondría sobre el Delta del Llobregat causará un
perjuicio significativo sobre sus objetivos
medioambientales lo que se añadiría a su actual mal
estado de conservación que ha supuesto un procedimiento
de infracción e imposibilitaría utilizar cualquier tipo
de fondos europeos. Además, el Delta del Llobregat es
una de las zonas más vulnerables al cambio climático,
tal como muestran todas las proyecciones de l'Oficina
Catalana de Canvi Climàtic, por lo que sería una triste
ironía que se lleve a cabo una infraestructura en la
zona que acelere su propia destrucción”.
La ampliación, además, aumentará considerablemente los
problemas de contaminación ambiental y acústica que
sufren decenas de miles de personas, habitantes de los
municipios cercanos. Las partículas ultrafinas, el
hollín y los enormes niveles de ruido emitidos por los
motores de las aeronaves representan la causa de
patologías de tipo cardiovascular, discapacidades
auditivas, alteraciones del sueño o deterioros del
rendimiento cognitivo de la población de dichos
municipios, especialmente entre los grupos sociales de
mayor vulnerabilidad.
UN CAMBIO SÍ, PERO DE LA
ECONOMÍA
LOS GRUPOS ECOLOGISTAS CONSIDERAN QUE HAY QUE PASAR
DE UNA ECONOMÍA DEL SIGLO PASADO A UNA ECONOMÍA DEL
SIGLO XXI, Y DESTACAN QUE:
1. La propuesta de ampliar los aeropuertos de
Barcelona, Madrid, Reus y Girona es una apuesta por una
economía basada en la especulación, masificación,
deslocalización, destrucción del territorio, uso de
recursos y de las emisiones.
2. España y Cataluña necesitan invertir en una
economía descarbonizada, respetuosa con el medio
ambiente y circular, que reduzca el uso de recursos
naturales y genere puestos de trabajo estables y de
calidad.
3. Cataluña precisa una fuerte inversión en
materia de movilidad sostenible, basada en el transporte
por ferrocarril (España es uno de los países europeos
con menor accesibilidad por ferrocarril). También otras
inversiones en el ámbito de la transición ecológica
justa, I+D+i, cultura, servicios públicos y cuidados
pueden asegurar para Cataluña puestos de trabajo de
calidad.
4. El futuro del Área Metropolitana de Barcelona
y de Cataluña no puede pasar por aumentar veinte
millones de visitantes de turismo masificado perpetuando
un modelo turístico que ha causado grandes
desequilibrios en el territorio, así como grandes
problemas sociales y de gestión.
5. Hace falta más diálogo. “La frontal oposición
tanto de la alcaldesa de Barcelona como del alcalde de
El Prat a este acuerdo, y a este proyecto de AENA,
demuestra que se han alcanzado sin el adecuado y
necesario diálogo social”. También la voz de los
colectivos sociales, vecinales, ecologistas y de la
comunidad científica ha sido ignorada.
La carta finaliza con una llamada de urgencia: “La
construcción de un modelo socioeconómico más sostenible,
más resiliente y más eficiente que se ajuste a los
límites del planeta, constituye una tarea urgente en la
que la acción decidida de sus Gobiernos, con el apoyo de
las entidades firmantes de esta carta y de muchos otros
colectivos de la sociedad civil, resulta
imprescindible”. |
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