• El Proyecto de Ley de Residuos y Suelos
Contaminados, actualmente en tramitación parlamentaria,
suspende en la adopción de medidas que propicien el
cambio necesario hacia el residuo cero.
• La Alianza Residuo Cero exige un enfoque a la altura
de la emergencia ecológica y social, que priorice la
prevención y la reutilización de productos, y que
garantice el cumplimiento al 100 % de la responsabilidad
de empresas envasadoras y productoras.
• España ya acumula un año de retraso en la trasposición
de las directivas europeas de residuos y envases y
debería haber adoptado también la de plásticos de un
solo uso el pasado 3 de julio, por lo que se enfrenta a
ser sancionada con multas millonarias por parte de la
Unión Europea si no reacciona con celeridad y ambición.
Han pasado dos meses desde que el texto de la Ley de
Residuos y Suelos contaminados entrase en el Congreso de
los Diputados, sin embargo, todavía no se han votado las
enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. El
plazo se ha ampliado hasta septiembre, mes que simboliza
la reválida para superar asignaturas pendientes, una
nueva oportunidad para el Gobierno y los grupos
parlamentarios de cara a lograr una ley que aporte un
cambio real en el paradigma de los residuos en España.
En materias como la prevención, la reutilización y la
responsabilidad ampliada del productor, el proyecto de
Ley debe establecer objetivos más ambiciosos y
vinculantes, y situar así al Estado en línea con el
residuo cero y saltar al grupo de vanguardia de los
países europeos en materia de protección del entorno y
de la salud de las personas.
La Alianza Residuo Cero, conformada por Amigos de la
Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna,
Rezero y Surfrider Foundation, demandan una mejora en
las siguientes materias para septiembre:
PREVENCIÓN Y REUTILIZACIÓN
La prevención de residuos debe ser una estrategia
prioritaria de la nueva ley, incorporando objetivos
específicos por flujo de residuos y medidas concretas
que den un giro de 180 grados al modelo actual, basado
en el derroche de recursos naturales y la gestión
ineficiente de los residuos, ambas con graves impactos
sobre el medio ambiente y la salud de las personas.
El texto debe poner fin a la obsolescencia prematura de
los productos, exigiendo la puesta en el mercado de
productos reparables, reutilizables y, en última
instancia, reciclables. También se debe garantizar el
derecho a un consumo sin envases de un solo uso,
fomentando la venta a granel y los envases rellenables y
reutilizables en establecimientos comerciales.
Se debe garantizar la máxima calidad y eficiencia en la
implementación de la recogida separada de los
biorresiduos, mediante un objetivo de captura y el
establecimiento de un límite de impropios, así como el
fomento de instalaciones de tratamiento biológico,
compostaje, que respeten el principio de proximidad.
RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR
Urge garantizar que las empresas que ponen en el mercado
sus productos asuman de manera efectiva el 100 % del
coste de su gestión y que este no se traslade a los
municipios y las personas contribuyentes. Al mismo
tiempo, se debe garantizar el incumplimiento de este
objetivo mediante sistemas de control, trazabilidad y
transparencia y ampliar la responsabilidad a otros
flujos como textil sanitario, muebles, colchones,
cápsulas de café, maquinillas de afeitar o papel entre
otros.
SISTEMAS DE DEPÓSITO
Es necesario que las personas consumidoras recuperen a
partir del 1 de enero de 2023 su derecho a devolver
latas, botellas y bricks a las tiendas para evitar así
su abandono masivo en los entornos naturales y marinos y
cumplir con los objetivos de las directivas europeas. En
este sentido, es necesario analizar la ampliación de
estos sistemas de depósito a otros materiales y su
posterior establecimiento sin dilación.
COMPETENCIAS PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Respetar la competencia de las comunidades autónomas
para la aplicación de medidas de protección del medio
ambiente más allá de lo que establezca la propia ley es
clave para avanzar en este cambio de rumbo.
HACIA EL FIN DEL VERTIDO Y LA INCINERACIÓN
La nueva Ley debe poner fin a la actual supremacía de
los tratamientos finalistas en el Estado español,
vertido e incineración, como exige la normativa europea.
Para ello, el nuevo impuesto al vertido, la incineración
y la co-incineración debe tener carácter finalista y un
formato progresivo anual.
A fecha de hoy, la Unión Europea tiene al Estado español
en el punto de mira por acumular diversos retrasos en la
trasposición de las directivas de residuos que pueden
causar multas millonarias. Si aprueba estas asignaturas
pendientes, España puede cambiar tanto su realidad como
la percepción comunitaria respecto a la gestión de los
residuos y dar un impulso real hacia un nuevo escenario
más transparente, eficiente y sostenible.
“Todavía estamos a tiempo de aprobar estas asignaturas
en la Ley de Residuos y encaminarnos hacia un modelo
donde los residuos sean considerados recursos, un
concepto vital para avanzar hacia una sociedad con las
personas y el planeta en el centro. Por el contrario,
suspender puede abocarnos no solo a multas millonarias
sino a agravar aún más la crisis climática y ecológica
que vivimos”, ha alertado Adriana Espinosa, responsable
de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra.
Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción: “La
Ley de Residuos debería respetar el derecho de
consumidoras y consumidores a no generar residuos en su
consumo, mediante prevención, reutilización y, en última
instancia, reciclaje de los residuos generados”. |
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