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Fraudulento
Foto: VD/2021
Fuente: FACUA-Consumidores en Acción
Valencia 20
de julio de 2021

GARZÓN CUMPLE LA REIVINDICACIÓN DE FACUA Y ASUMIRÁ COMPETENCIAS PARA MULTAR FRAUDES MASIVOS

 

• La asociación venía reclamando desde 2015 este cambio en la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.

El Ministerio de Consumo asumirá competencias para multar a empresas que cometan fraudes masivos cuando estos afecten a consumidores de varias comunidades autónomas. Alberto Garzón dará así cumplimiento a una reivindicación que FACUA-Consumidores en Acción viene planteando desde 2015 y que le planteó al ministro al inicio de la legislatura como una de las prioridades que consideraba necesario que llevase a cabo a través de una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

* A raíz de las reivindicaciones de FACUA, Unidas Podemos venía incluyendo esta medida en distintos programas electorales desde 2015.

El Consejo de Ministros iniciará este martes la reforma de la citada ley, de manera que el Ministerio competente en materia de protección de los consumidores compartirá las competencias sancionadoras con las comunidades autónomas. En los casos de fraudes masivos, el Ministerio de Consumo podrá incoar expedientes sancionadores y aplicar multas proporcionales a la gravedad de los hechos, el número de consumidores afectados y el beneficio ilícito obtenido por las empresas.

Las comunidades autónomas seguirán teniendo las competencias sancionadoras que asumieron con la promulgación de la primera versión de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en 1984. Si una autoridad de consumo autonómica decide tomar medidas ante un fraude que afecte a consumidores de distintas comunidades, podrá seguir multando en función de los afectados de su territorio. Por su parte, el Ministerio tendrá en cuenta en sus actuaciones sancionadoras si una o varias comunidades han incoado también expedientes, de manera que graduará la cuantía de la sanción para aplicarla en función de los perjudicados en los territorios donde las autoridades autonómicas en favor del organismo estatal.

 

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