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• En el monográfico “Presente y futuro de
los Servicios Sociales. Reflexiones y Propuestas”,
celebrado ayer, 3 de junio, la Cumbre Social Estatal ha
debatido sobre la realidad de los Servicios Sociales.
La situación actual provocada por la pandemia, ha puesto
de manifiesto las debilidades del Sistema de Servicios
Sociales para hacer frente a las consecuencias
acumuladas de esta y de anteriores crisis sociales, y
corremos el riesgo de salir con mayor desigualdad si no
lo reforzamos para que pueda cumplir adecuadamente con
sus funciones.
Los recortes sufridos tanto económicos como de
profesionales, han mantenido un anémico sistema de
protección social incluso cuando los Servicios Sociales
están desbordados atendiendo a la población que más lo
necesita. Esta política de austeridad ha supuesto la
pérdida de la calidad de atención y de la cobertura del
Catálogo de los Servicios Sociales públicos, afectando a
su acceso, duración y disponibilidad. Unos recortes que
sólo se han visto compensados con el esfuerzo y la
profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras.
Las desigualdades legislativas y de inversión entre las
distintas Comunidades Autónomas, ponen de manifiesto que
20.590.821 de personas residen en CCAA donde su Sistema
de Servicios Sociales ha empeorado antes de la llegada
de la pandemia (año 2019), datos que se verán agravados
cuando se analice 2020.
El Gobierno ha adoptado medidas como el Ingreso Mínimo
Vital (IMV), que no ha tenido los resultados esperados,
desarrollando durante 8 meses cuatro RDL, con un proceso
farragoso, gestionado desde la Seguridad Social y con un
laberinto burocrático de insatisfacción para la
ciudadanía y para los profesionales. Pero también ha
desarrollado otras medidas más positivas: sanitarias, de
violencia de género, penitenciarias, atención a la
infancia, declaración de esencialidad de los Servicios
Sociales, vivienda, garantía de suministros, o los ERTEs,
que han contenido la destrucción de empleo.
Para la Cumbre Social Estatal, la salida no será fácil
si no se desarrolla un nuevo marco legislativo para los
Servicios Sociales, respetuoso con el Estado de las
Autonomías, integrador de los derechos sociales
universales, basado en servicios públicos de gestión
directa, evaluados adecuadamente, suficientes, de
calidad, equitativos, inclusivos e igualitarios, que
vayan acompañados de una financiación suficiente y
estable, y deje atrás su pasado asistencialista.
El Estado debe garantizar unos ingresos mínimos mediante
prestaciones económicas suficientes junto a mecanismos
de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión
social y servicios de atención y cobertura de las
necesidades más básicas de las personas.
Tampoco puede entenderse un Sistema de Servicios
Sociales de calidad sin empleo estable y cualificado y
condiciones de trabajo dignas, sin ratios adecuadas y
tasas de reposición que garanticen un volumen de
plantilla suficiente. Una calidad que debe ser evaluada
y garantizada por las Administraciones Públicas, dando
prioridad a la gestión directa de los servicios, siendo
la iniciativa privada subsidiaria y complementaria y
sometida a los mismos mecanismos de control y auditoría.
Todos estos retos deben abordarse de forma urgente
aprovechando las oportunidades que nos ofrece el marco
europeo, tanto en base a las Recomendaciones Específicas
por país para España de la Comisión Europea, como bajo
el auspicio del Plan de Recuperación Transformación y
Resiliencia (PRTR), que ponen en valor los Servicios
Sociales.
Estas y otras propuestas serán recogidas en el documento
final que la Cumbre Social Estatal está elaborando sobre
la base de los debates monográficos organizados durante
el primer semestre del año. |
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