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• Tras 23 años de la catástrofe del
vertido de lodos tóxicos al río Guadiamar, la
multinacional sueca Boliden sigue sin pagar 133,6
millones por los daños causados.
• Además, se están tramitando las autorizaciones
ambientales, mineras y en materia de aguas, para reabrir
la mina de Los Frailes en Aznalcóllar. Esto a pesar de
que el concurso minero está bajo un proceso judicial, en
el que se ha denunciado un nuevo entramado de empresas
interpuestas.
• Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exigen que se paralicen
de manera cautelar todas las tramitaciones
administrativas en curso para la reapertura de la mina.
Hace varias semanas que saltó la noticia de que la Junta
de Andalucía lleva desde 2016 negociando en secreto con
la empresa Boliden un acuerdo extrajudicial. Buscan que
Boliden pague parte de los 89,9 millones de euros que la
Junta de Andalucía le reclama desde 2002, en concepto de
gastos de limpieza del vertido tóxico del 25 de abril de
1998 en la cuenca del Guadiamar, cuando reventó la balsa
de lodos de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar
(Sevilla).
Mientras se concreta la negociación, la Junta ha
solicitado al Juzgado de Primera Instancia nº 11 de
Sevilla que paralice el procedimiento y cada dos meses
renueve dicha petición. Hay que recordar que la
reclamación civil empezó en la sede sevillana que se
declaró incompetente, siendo el Tribunal Supremo quien
devolvió la competencia a este Juzgado, regresando todo
el procedimiento al punto de partida en 2012.
Tampoco el Ministerio para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico, ha logrado en estos 16 años cobrar los
43,7 millones de sanción que el entonces Ministerio de
Medio Ambiente impuso a Boliden en 2002 y que confirmó
el Tribunal Supremo en 2005. Para eludir el pago de esta
multa la multinacional sueca sigue escudándose en la
insolvencia de las empresas filiales que montó en su día
en España.
Las organizaciones ecologistas señalan que, pasados 23
años desde la catástrofe, la situación es inaceptable.
Se trata de un caso emblemático y de un ejemplo que
demuestra la ineficacia de las administraciones ante
este tipo de situaciones. Por ello, Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF
exigen que la Junta de Andalucía y el Gobierno central
actúen con contundencia para recuperar cuanto antes los
133,6 millones de euros que Boliden debe a la sociedad
española.
Por otra parte, tras la huida de Boliden en 2001, la
Junta de Andalucía se hizo cargo de la mina sin
explotación, hasta que en 2015 resolvió adjudicar su
explotación, mediante concurso público, a la empresa
Minera Los Frailes, filial del consorcio Minorbis-Grupo
México. Dicho concurso fue objeto de diligencias penales
en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla, hasta que
el pasado 8 de febrero de 2021, el mismo inició los
trámites para juzgar por delitos de prevaricación a
varios altos cargos y funcionarios de la Junta de
Andalucía y del citado consorcio. También la justicia
mexicana investigó ese concurso minero por posibles
sobornos, enviando una comisión rogatoria a la Fiscalía
General del Estado español.
Para las organizaciones ecologistas, las
administraciones autonómica y nacional no deberían
continuar los trámites ambientales, mineros y de aguas
de este proyecto de reapertura, tanto por su impacto
ambiental como por la existencia de procedimiento penal.
En dicho procedimiento se ha denunciando un posible
entramado de empresas interpuestas, que podrían
significar un problema a la hora de pedir
responsabilidades si hubiera daños ambientales como los
ocurridos con la catástrofe de Aznalcóllar.
Por todo ello, Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exigen a las
administraciones andaluza y española que paralicen de
manera cautelar todas las tramitaciones administrativas
en curso para la reapertura de la mina de Los Frailes en
Aznalcóllar, hasta que se resuelva el proceso judicial
que estudia la legalidad del concurso minero adjudicado
en 2015. Una petición que se realiza en aras del
principio de precaución y para evitar futuras
responsabilidades patrimoniales de dinero público. |
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