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Momento de la concentración
Foto: CCOO/2021
Fuente: Comisiones Obreras (CCOO)
Valencia
01 de mayo de 2021

EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA INCUMPLE DE NUEVO LOS ACUERDOS PACTADOS

 

• En el Sistema Portuario de Titularidad Estatal no se están aplicando las subidas salariales a las que se tienen derecho por la normativa presupuestaria y que están percibiendo la totalidad de las y los empleados públicos.

A juicio de los firmantes del III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias es inexplicable la situación que se está produciendo con su aplicación, al no respetarse los acuerdos alcanzados y reflejados en acta. El convenio, que se firmó hace dos años, tras desconvocatoria de huelga y fue publicado en el BOE con fecha 15 de junio de 2019, continúa sin aplicarse en el ámbito salarial por decisión del Ministerio de Hacienda a través de la CECIR (Comisión Interministerial de Retribuciones).

La constante dilación por parte de dicha Comisión para emitir el preceptivo informe, durante año y medio, ha provocado el incumplimiento de lo acordado, se niega por la vía de los hechos el acuerdo pactado y se insiste en la congelación salarial del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras públicos de los puertos de titularidad estatal. Todo lo anterior desembocó en un encierro de los sindicatos firmantes (UGT, CCOO y CIG) en la sede del Organismo Público Puertos del Estado del 26/01/2021 al 11/02/2021.

El citado encierro se prolongó durante diecisiete días, hasta que el día 11 de febrero del presente año se alcanzó un acuerdo entre la representación social y empresarial que se plasmó en Acta de la Paritaria Extraordinaria. En ella consta, tal y como manifestó el presidente de Puertos del Estado, que “está en disposición de asumir el compromiso de dar cumplimiento al desarrollo del III Convenio Colectivo según lo acordado, en relación a la dotación de 2 millones de euros adicionales y con carácter anual durante la vigencia del Convenio. Todo lo anterior se manifiesta conforme a lo tratado con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Hacienda en función de los criterios determinados por dichos Departamentos para el ejercicio 2019, así como para los ejercicios inmediatamente posteriores, 2020 y 2021, incluyendo las subidas salariales establecidas en las normas presupuestarias aplicables, para lo cual traslada que se precisa de un espacio temporal de aproximadamente un mes y medio para obtener una ratificación formal”.

Así, una vez alcanzado el horizonte temporal solicitado por Puertos del Estado, el día 24 de marzo pasado, se celebra una reunión entre la representación social y la representación empresarial en la que ésta expone que: “Puertos del Estado informa que, tras la reunión mantenida con máximos responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y del Ministerio de Hacienda (Dirección General de Costes -CECIR-) con la Presidencia de Puertos del Estado, el órgano de control del ministerio de Hacienda se encuentra en disposición para la autorización del incremento retributivo correspondiente a la normativa presupuestaria, es decir el 2,3% del ejercicio 2020, y los adicionales de masa salarial reflejados en el acta de cierre del III Convenio Colectivo… Sin embargo, la compleja recopilación de datos relativos al gasto de los ejercicios 2019 y 2020 de todos los organismos públicos portuarios…ha generado que no se pueda disponer de la preceptiva resolución de la CECIR hasta el mes de abril.”

Transcurridos dos meses y medio y acabándose todos los plazos establecidos, habiéndose dado cumplimiento a los criterios fijados, tal y como ha informado el propio Puertos del Estado a la representación social, no debería existir traba alguna para solventar un conflicto que se prolonga desde hace 11 años y medio. Es preciso destacar que el II Convenio Colectivo finalizó su vigencia en 2010, y que la situación actual se agrava aún más ya que no se respetan los pactos alcanzados desde la firma del III Convenio Colectivo, en abril de 2019, poniéndose en cuestión y devaluando un pilar fundamental, en las relaciones laborales, como es la negociación colectiva.

La problemática alcanza ya unos índices muy difíciles de soportar, en el Sistema Portuario de Titularidad Estatal no se están aplicando las subidas salariales a las que se tienen derecho por la normativa presupuestaria y que están percibiendo la totalidad del resto de las y los empleados públicos, sobre todo teniendo en consideración que los trabajadores y trabajadoras de los organismos públicos portuarios han demostrado, sobradamente, su capacidad de sacrificio durante los años más duros de la crisis económica de 2008 (aplicando un criterio de austeridad que se ha demostrado ineficaz) y que se prolongó durante años. Además, el actual contexto de triple crisis (sanitaria, económica y social) no ha impedido que, otra vez, las y los profesionales de los puertos hayan cumplido con su deber en situaciones excepcionales, lo que ha permitido garantizar el suministro a la ciudadanía. No es cuestión menor resaltar que el Sistema Portuario Público de Titularidad estatal es un sistema solvente que no ha dejado de dar beneficios tanto en la grave crisis económica, desde sus inicios en el 2008, hasta la presente crisis por pandemia. Estos beneficios son la vergüenza de la administración pública del Estado, ya que están sustentados, entre otras fuentes de ingresos, del propio dinero de los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio público, a lo que se le ha sometido a todo tipo de recortes, tanto sociales como económicos, entre otros, una rebaja salarial del 5% continuada con las consecutivas congelaciones salariales incluida la actual, agravándose esta situación con la negativa a la aplicación efectiva de los acuerdos en materia económica del III Convenio Colectivo, firmado por la apropia administración.

En consecuencia, desde los sindicatos firmantes del III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (UGT, CCOO y CIG) hemos solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que desbloquee la aplicación de los acuerdos alcanzados, procediendo ya a retomar las movilizaciones iniciadas a finales de 2020, esta vez de una manera mucho más contundente, ya que la vía de la negociación se encuentra agotada, máxime cuando se está produciendo un incumplimiento de lo pactado.

 

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