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Cultivos genéticamente modificados
Foto: VD/2021
Fuente: Amigos de la Tierra
Valencia 30
de abril de 2021

LA COMISIÓN EUROPEA APOYA LA SUPRESIÓN DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DE LOS NUEVOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM)

 

• La Comisión Europea no respeta la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre los nuevos OGM.
• Esto supone una victoria para la industria biotecnológica y una mala noticia para la agricultura, el medio ambiente y el público en general.
• La Comisión Europea abre la puerta a una nueva generación de cultivos modificados genéticamente al suprimir los controles de seguridad previos a los que se someten otros OGM antes de ser autorizados en el mercado de la UE, según un estudio de la Comisión publicado ayer, 29 de abril.

El informe concluye que hay "fuertes indicios de que la actual legislación sobre OGM de 2001 no es adecuada para algunos OGM y sus productos", y propone un nuevo proceso de consulta que podría romper con décadas de controles de seguridad para proteger el medio ambiente y la salud pública.

Si las instituciones de la UE adoptan esta línea de argumentación y la convierten en ley, significaría que los nuevos OGM -como las técnicas de edición genética como CRISPR-Cas- no estarían etiquetados como tal en los estantes si acaban en el mercado, ni estarían sujetos a los requisitos de trazabilidad en caso de que sea necesario retirar los productos.

Por el contrario, tanto el Ministro de Medio Ambiente alemán como el Gobierno austriaco han manifestado su oposición, y consideran que la nueva generación de OGM debe seguir regulándose por la legislación comunitaria vigente en materia de OGM. A su vez, 161 grupos de agricultores y organizaciones de la sociedad civil han escrito a la Comisión Europea mostrando su rechazo a esta nueva intentona de blanquear los OGM.

Andrés Muñoz Rico, responsable de Amigos de la Tierra ha señalado que "la Comisión Europea ha caído en la trampa de la industria de la biotecnología y ha puesto el futuro de la alimentación y la agricultura de la UE en una situación alarmante. Están sugiriendo que se rompan décadas del cumplimiento del principio de precaución, al permitir que los nuevos cultivos transgénicos lleguen a nuestros campos y platos sin pruebas de seguridad”.

Amigos de la Tierra considera que es ahora cuando los ministros de agricultura y medio ambiente deben asegurar que la UE no pierda más el tiempo tratando de encontrar lagunas para bajar la guardia ante estos nuevos cultivos, y que trabaje por un sistema agrario más justo y respetuoso con el entorno, donde la agroecología sea la pieza central y la agricultura industrial no tenga cabida.

El estudio, solicitado en 2019 por el Consejo Europeo, diverge significativamente de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2018 que subrayaba las similitudes en los riesgos potenciales entre una nueva generación de OGM y sus predecesores.

NO ES UNA SOLUCIÓN PARA LA AGRICULTURA SOSTENIBLE, SON PROMESAS VACÍAS

La Comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria de la UE, Stella Kyriakides, destacó que "las nuevas técnicas genómicas pueden fomentar la sostenibilidad de la producción agrícola, en consonancia con los objetivos de nuestra estrategia "del Campo a la Mesa".

Sin embargo, el único nuevo OGM presentado para su autorización en la UE hasta ahora es una cepa de maíz resistente al plaguicida glufosinato, lo que indica que, a pesar de toda la retórica, la nueva generación de OGM sigue funcionando igual. Se trata del mismo mecanismo que facilita el modelo de agricultura dependiente de los plaguicidas, que la estrategia “del Campo a la Mesa" pretende combatir.

El estudio se publica tras una campaña sostenida en el tiempo de la industria biotecnológica cuya intención no era otra que eximir a los nuevos OGM de las normas de seguridad.

La Comisión Europea enviará ahora el estudio para su debate en los próximos Consejos de Agricultura y Medio Ambiente, donde los ministros decidirán si aceptan o rechazan las recomendaciones políticas, o proponen las suyas propias. Posteriormente se llevará a cabo una evaluación de impacto y una consulta pública para explorar diferentes opciones de regulación.

 

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