• En la sesión plenaria ordinaria del mes
de abril se han presentado tres mociones de urgencia.
Por parte del equipo del gobierno, se ha defendido –y
aprobado- una propuesta para rechazar la violencia y las
amenazas que empañan la campaña electoral de Madrid y
atentan contra las bases del sistema democrático.
El acuerdo estima mostrar la “solidaridad y apoyo a
quien ha sufrido esta violencia irracional que pretende
acabar con la convivencia pacífica” hasta el momento,
incluyendo representantes institucionales de diferente
signo político. Además, se acuerda mostrar el “rechazo a
los autores e instigadores de las amenazas” y “solicitar
a todas las fuerzas políticas que manifiestan
expresamente su unidad ante esta ofensiva” contra “el
sistema democrático” y “la libertad y la seguridad de
las personas”. Por otro lado, el Pleno ha aprobado por
unanimidad un texto que el ejecutivo local ha formulado
como alternativa a una moción del PP sobre la
reclamación al gobierno de España del IVA del mes de
diciembre de 2017.
El documento recoge estudiar la aplicación de la
sentencia del Tribunal Supremo “que resuelve la
necesidad de corregir la pérdida financiera por las
cantidades relativas a una mensualidad del IVA del
ejercicio de 2017, así como las medidas administrativas
o judiciales para reclamar su pago a las arcas
municipales de forma inmediata”.
El alcalde de València, Joan Ribó, ha reclamado en
anteriores ocasiones, tanto a la ministra de Hacienda,
Irene Montero, como al ministro de Política Territorial
y Función Pública, Miquel Iceta, la recuperación del
volumen de IVA que, según la resolución del Tribunal
Supremo, el gobierno central no se tendría que haber
“apropiado” en detrimento del resto de administraciones,
en este caso del Ayuntamiento de València.
Además de esto, la Junta de Gobierno Local ya acordó el
14 de febrero pasado “solicitar que a la liquidación
definitiva de la participación de los ingresos del
Estado del año 2018 se incorpore el importe económico
que el Ayuntamiento de València ha dejado de ingresar
como consecuencia de la aprobación del Real Decreto
596/2016”.
Además, el Grupo Popular ha registrado otra moción de
urgencia, que se ha aprobado, para condenar la agresión
sufrida por una agente de la Policía Nacional de la
comisaría de Zapadores por parte de una persona detenida
y para poner en valor el papel de las mujeres en el
Cuerpo nacional de Policía, cuando este año se cumplen
42 años de su incorporación a esta institución.
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN VALÈNCIA
El Pleno del Ayuntamiento ha acordado solicitar al
Ministerio para la Transición Ecológica que acometa las
obras para garantizar el suministro de agua en la ciudad
de València y su área metropolitana y que estas obras se
incluyan dentro del Fondo de Recuperación de la Unión
Europea, que destinará 140.000 millones de euros a la
recuperación económica de España después del COVID-19.
En concreto, la moción aprobada hace referencia al canal
Xúquer-Túria, que permite la llegada de agua desde el
pantano de Tous para el abastecimiento humano de la
ciudad de València. El texto aprobado recuerda que “el
canal tiene más 40 años de vida y que transporta a cielo
abierto y de forma ininterrumpida el agua para el
consumo humano y para el abastecimiento agrícola de
cerca de dos millones de personas”. Esta situación,
según el texto, “dota en el canal Xúquer-Túria de una
gran vulnerabilidad”. Por este motivo, la moción pide al
Ministerio “actuaciones de refuerzo del canal, la
construcción de una cañería cerrada y su conexión
independiente desde el pantano de Tous a la planta
potabilizadora para garantizar el consumo humano de
calidad, la reducción de la contaminación y la garantía
del volumen de entrada”.
La moción, presentada por la concejala del Ciclo
Integral del Agua, Elisa Valía, en representación el
equipo de gobierno, ha sido aprobada por una mayoría del
Pleno. El Grupo Municipal Vox, por su parte, había
presentado una moción alternativa que no ha prosperado.
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA
El Ayuntamiento ha dado el visto bueno a la aprobación
de una ley estatal por el Derecho a la vivienda que
incluya “medidas para evitar los desahucios de personas
vulnerables, que amplío el parque público de alquiler
asequible, que garantice el suministro de agua, luz y
gas de las familias en situación de vulnerabilidad y que
proteja los inquilinos ante prácticas de acoso
inmobiliario”, tal y como ha defendido la concejala de
Vivienda, Isabel Lozano.
La moción establece que “el 36’1% de las familias
destinan el 40% de sus ingresos al pago de la vivienda y
de los suministros básicos” y se hace eco de los
problemas de los jóvenes para acceder al mercado de la
vivienda. En este sentido, el texto aprobado en el Pleno
solicita “garantizar una segunda oportunidad para los
hogares con deudas hipotecarias, impulsar el registro de
viviendas vacías e incrementar el presupuesto de
vivienda social para llegar a la media europea”. La
moción ha sido aprobada por el equipo de gobierno. |
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