• Conceptos como productividad y
gratificaciones suponen más de 1.370 millones de euros,
y llegan a alcanzar cuantías cercanas a los 50.000 euros
para el personal asesor, 15.000 menos si se trata de una
mujer.
CCOO denuncia que la distribución de productividades y
gratificaciones en la Administración General del Estado
(AGE) se realiza sin criterios objetivos y sin
transparencia, ocultando las cuantías percibidas por el
personal de alto nivel. Apunta a estas retribuciones
como elemento de desigualdad, que genera una abismal
brecha salarial.
“A diferencia del salario base y los complementos de
destino y específicos, las productividades son
retribuciones discrecionales, no hay una regulación de
los criterios para su distribución a pesar de que la
legislación establece que estos conceptos se deben
asignar de forma objetiva, atendiendo al especial
rendimiento, la actividad extraordinaria, el interés o
la iniciativa”, señala José Manuel Vera, secretario
general del sector de la Administración General Estado
de FSC-CCOO.
El sindicato alerta de que una parte de esas cuantías se
distribuye atendiendo a acuerdos de productividad, pero
estos no existen en todos los organismos ni abarcan el
volumen total de estos conceptos presupuestarios. “Según
la poca información que se puede conseguir de los
ministerios, las mayores cuantías se asignan al personal
de niveles altos, del 28 al 30, que ya cuenta con un
salario considerablemente alto para retribuir las
responsabilidades derivadas del puesto”.
Como recoge el informe elaborado por CCOO, para el
personal de libre designación estas retribuciones pueden
suponer de un 100 a un 220 % de su salario base, entre
11.000 y 35.000 euros anuales. Unas cantidades que
consideran desorbitadas, ya que no responden a criterios
objetivos, y que multiplican hasta por 10 las asignadas
al personal que accede a esos puestos mediante concursos
de méritos.
“En la práctica, además, se produce una brecha salarial
absolutamente inaceptable, que se esconde por parte de
los sucesivos gobiernos en que las retribuciones
recogidas en las leyes de presupuestos generales del
Estado son idénticas. La diferencia de productividad
entre un asesor hombre y una asesora mujer supera los
15.000 euros anuales; si tenemos en cuenta que dos
terceras partes de estos puestos los ocupan hombres, la
desigualdad salarial es abismal”, insiste Vera.
Por otro lado, CCOO denuncia que los ministerios ocultan
la información sobre estos complementos retributivos, y
considera que es imprescindible la disposición pública
de estos datos, de manera que se puedan realizar
análisis reales de la brecha salarial y se puedan
aplicar medidas efectivas para corregirla.
El sindicato denuncia que, si bien cualquier ciudadana o
ciudadano puede solicitar esta información al Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, se trata de un proceso
que supera el año de demora y que muchos ministerios
incumplen argumentando que supone demasiado trabajo
recopilar esa información. “Esto a pesar de adecuarse a
las normativas sobre protección de datos y
transparencia, y de la estimación positiva del Consejo.
La única opción es acudir a los tribunales, y esperar la
resolución y el posterior recurso de la propia
Administración”.
La ausencia de respuesta a las consultas y los procesos
judiciales para su demora no son nuevos, aunque han
aumentado en los dos últimos años. “Resulta inadmisible
que un Gobierno progresista no impulse la transparencia,
dotando al Consejo de normativa y herramientas para
exigir su cumplimiento a los ministerios y organismos”,
concluye Vera. |
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