• Detectamos graves deficiencias en el
borrador del Real Decreto Ley, fundamentalmente en todo
lo concerniente a la afectación en materia de personal y
ausencia de negociación.
FSC-CCOO ha tenido acceso al borrador de Real Decreto
Ley sobre medidas urgentes para la modernización de la
administración pública y para la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una vez más
hemos tenido que enterarnos por los medios de
comunicación de las intenciones del Gobierno respecto al
plan de modernización de la administración, en el que no
hay una referencia expresa a la recuperación de empleo
público ni a la negociación.
El proyecto de Real Decreto Ley presenta toda una
batería de medidas para tratar de agilizar y simplificar
la gestión de los fondos europeos. Para ello plantea la
modificación o adaptación de la normativa relativa a
nuevas formas de colaboración público-privada, control
presupuestario, contratos del sector público,
subvenciones, evaluación medioambiental, etc., en todos
los casos con una simplificación de los procedimientos y
una agilización de plazos.
En el origen de estas modificaciones está el problema
que, tradicionalmente, España ha tenido para poder
gestionar los fondos europeos (es de los países con
menor grado de ejecución, y donde ésta es más tardía) y
la necesidad imperiosa de que estos dos factores
(incapacidad de gestión y lentitud) se corrijan con los
fondos extraordinarios acordados para afrontar la actual
grave situación desde la Unión Europea.
MÁS ALLÁ DEL ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES CONCRETAS
EN ESTOS ASPECTOS, QUE REALIZAREMOS CON MÁS
DETENIMIENTO,
QUEREMOS RESALTAR TRES ASPECTOS GENERALES DE
PREOCUPACIÓN:
• Somos conscientes de que buena parte del despliegue de
las políticas estratégicas que deben instrumentarse con
la ayuda de los fondos europeos requieren de la
colaboración público-privada: pero eso no puede ser
excusa para que, aprovechando la clara infradotación de
medios del conjunto del sector público (lastrado por
años de austeridad y de políticas neoliberales de
debilitamiento de lo público), se usen para un nuevo
empujón a la privatización de los servicios públicos,
que ya veníamos denunciando y de cuyas trágicas
consecuencias hemos tenido ejemplos suficientes durante
la pandemia.
• Echamos en falta una apuesta decidida por establecer
mecanismos que permitan la participación directa de las
comunidades autónomas y administraciones locales en la
gestión directa de los fondos, como administraciones más
próximas a la ciudadanía, y mostramos nuestra
preocupación por la ausencia de medidas que permitan
facilitar esta participación y la colaboración entre
administraciones (impulso a los consorcios, etc.).
• La participación de los agentes sociales no puede
limitarse a un foro general de seguimiento. Debe
garantizarse su participación en todos los foros y
ámbitos sectoriales de seguimiento de cada uno de los
planes o líneas estratégicas.
No obstante, la mayor preocupación que nos genera el
proyecto de RDL es que obvia el problema de fondo que
tienen el conjunto de las administraciones públicas,
fundamentalmente en materia de empleo y por tanto la
falta de medidas concretas para afrontar este reto.
El conjunto de las administraciones públicas –y la
Administración General del Estado, destinataria primera
de este borrador de RDL, especialmente- presentan en la
actualidad serias carencias derivadas de años de
austericidio y de falta de inversión: faltan recursos
humanos, falta inversión tecnológica y en innovación,
falta formación. De poco sirve apostar por un
funcionamiento más ágil y eficiente, por el que desde el
sindicato apostamos, si no se dota de los medios
suficientes.
El borrador de RDL apuesta, aparentemente, por reforzar
solo las unidades directamente vinculadas con la gestión
de los fondos europeos de reconstrucción, pero
sacándolas del resto de unidades de la administración,
ya muy debilitadas, para las que no se plantea refuerzo
alguno. Dicha estrategia puede colapsar aún más el
funcionamiento de muchos servicios públicos e impedir,
de facto, la pretendida agilización que se busca.
Además, de nada sirven las buenas intenciones que se
manifiestan en el borrador si, en paralelo, en el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se
mantienen las limitaciones al reforzamiento del empleo
público y ni siquiera se han contemplado las necesidades
derivadas de la gestión de dichos fondos.
Y lo que resulta de todo punto intolerable es que, para
llevar a cabo esa adaptación de la administración, en
este caso de la Administración General del Estado, se
hurte de manera absoluta la negociación colectiva
consagrada en la Constitución y en nuestras leyes, los
derechos consolidados de las empleadas y empleados
públicos, y se opte por medidas unilaterales,
discrecionales y que rompen los marcos existentes sin
negociación alguna, estableciendo una suerte de estado
de excepción en materia de provisión de puestos,
movilidad, promoción o retribuciones.
En este sentido. introduce de manera unilateral cambios
o desarrollos normativos en materia de movilidad,
flexibilidad, cambio de jornada, reordenación de
efectivos, redistribución, reasignación de efectivos
(cambio de puesto por supresión) o atribuciones
temporales de funciones distintas a la ordinaria, entre
otras.
Desde FSC-CCOO, somos conscientes del reto que, como
Estado, enfrentamos, y estamos en disposición de
negociar y acordar, en el espacio más breve de tiempo
posible, las medidas para afrontarlo con garantías. Pero
ello exige negociación previa y respeto a los marcos de
derechos y garantías de los que nos hemos dotado. Si el
Gobierno, de manera unilateral, sigue optando, como se
hace con este proyecto de RDL, por la utilización solo
de mecanismos arbitrarios, unilaterales y excepcionales,
el sindicato actuará con la máxima firmeza y
contundencia frente a lo que sería una grave agresión a
los derechos de las empleadas y empleados públicos.
* Compromiso con un proyecto de país, sí, pero en un
marco de cogobierno con los sindicatos. |
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