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• Cada vez más empresas publicitan estas
numeraciones de alto coste simulando ser los teléfonos
de información de grandes compañías o administraciones
públicas.
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la
ministra de Asuntos Económicos y Transformaron Digital,
Nadia Calviño, y al ministro de Consumo, Alberto Garzón,
para reclamar que se realicen las modificaciones
normativas necesarias para frenar los fraudes a través
de las líneas con prefijo 118 y que prohíban el desvío
de llamadas a otros números.
Cada vez más empresas publicitan estas numeraciones de
alto coste simulando ser los teléfonos de información de
grandes compañías o administraciones públicas. Cuando el
usuario llama, le desvían la llamada a la empresa o
institución con la que verdaderamente pretendía
contactar, pero cobrándole el elevadísimo precio por
minuto de los 118.
FACUA ha solicitado más control sobre las líneas 118, ya
que parte de ellas concentran un enorme foco de fraude
en el sector de las telecomunicaciones. Asimismo, la
asociación pide que se obligue a las compañías de
telecomunicaciones a incorporar en sus recibos
información sobre los derechos que asisten a los
usuarios cuando les facturen llamadas a líneas 118. Y es
que pueden reclamar que se anulen los cobros si la
empresa no se identificó claramente, no facilitó
información clara sobre su precio o desvió la llamada a
otra numeración sin advertir de que seguiría cobrando la
misma tarifa por minuto.
Según establece el Plan de Numeración Telefónica, la
actividad de las líneas 118 debe consistir "en el
suministro de información sobre los números de los
abonados del servicio telefónico". Esto es, su función
ha de ser facilitar al usuario los números de teléfono
de empresas, administraciones públicas o particulares.
La normativa permite también que desvíen las llamadas a
los teléfonos que se consultan, manteniendo el precio
por minuto de la líneas 118, algo que ningún usuario
debidamente informado aceptaría por el elevado precio
que representan.
Según un informe elaborado en 2017 por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una
llamada a un número 118 con un tiempo medio efectivo de
un minuto tiene un precio final medio de 5,56 euros, con
un mínimo de 1,88 y un máximo de 11,92 euros. El precio
medio de los tres números 118 que gestionaban un mayor
volumen de tráfico era de 2,36 euros.
PROLIFERACIÓN DE FRAUDES
FACUA advierte de que, debido a la caída en desuso de
estas líneas por la extensión de internet -que permite
la búsqueda de números de teléfono gratuitamente y de
forma más sencilla-, en los últimos años han proliferado
actuaciones fraudulentas a través de numeraciones 118.
Fundamentalmente se trata de empresas que publicitan en
internet estos teléfonos haciéndolos pasar por los
números de atención al cliente de grandes compañías o
servicios de información de administraciones públicas.
En realidad, lo que hacen tras recibir las llamadas es
desviarlas a las auténticas numeraciones de las empresas
e instituciones que suplantan, pero cobrando al usuario
las elevadas tarifas de los 118.
Además de las suplantaciones, la asociación viene
detectando prácticas fraudulentas como la reconducción
directa de la llamada del usuario al número del que
pidió información sin comunicarle previamente la
numeración ni el precio que le va a suponer, sin recabar
su consentimiento para la conexión y sin ni siquiera
haber solicitado el consumidor que se realizara la
redirección.
QUÉ DICE LA LEY
En este sentido, el artículo 11 de la Orden
CTE/711/2002, de 26 de marzo, por la que se establecen
las condiciones de prestación del servicio de consulta
telefónica sobre números de abonado, establece
claramente que el operador deberá "garantizar que la
información sobre identificación de línea llamante
transite de forma transparente de extremo a extremo" y
"con carácter previo a la terminación de la llamada, el
prestador deberá informar, bien verbalmente por la
persona que atienda al usuario o bien mediante la
inserción de una nueva locución, del precio máximo por
minuto de la llamada, impuestos incluidos".
Además, la asociación incide en que los usuarios que han
sido víctima de este tipo de conductas fraudulentas
suelen terminar pagando los importes adicionales que
incorporan sus facturas como consecuencia del engaño por
temor a ver restringidos o suspendidos sus servicios de
comunicaciones de no hacerlo, ya que no conocen el
derecho que les asiste a abonar la parte de la factura
que se corresponde estrictamente a los servicios de
telecomunicaciones sin que quepa la suspensión de estos. |
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