• El ponente ha sido Javier Doz,
representante de CCOO.
• En un momento en el que se plantean nuevas iniciativas
de la Comisión Europea para luchar con más eficacia
contra los delitos fiscales y financieros y la elusión
fiscal, este Dictamen analiza la dimensión general del
problema y su impacto en las economías y las haciendas
públicas de los Estados miembros, al tiempo que plantea
propuestas concretas de actuación legislativa y de
cooperación administrativa, judicial y policial.
En la sesión plenaria del Comité Económico y Social
Europeo (CESE), que se celebra entre los días 16 y 18 de
septiembre en Bruselas, ha sido aprobado por muy amplia
mayoría el Dictamen ECO/510 La lucha contra el fraude
fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales,
del que es ponente el representante de CCOO en el CESE,
Javier Doz.
La magnitud del problema, en Europa y en el mundo, es
muy grande. Tiene un carácter inequívocamente
transnacional y está creciendo a pesar de las
iniciativas de la UE, el G20 y la OCDE. Según datos que
recoge la revista del FMI, la riqueza privada en
paraísos fiscales sobrepasa los 7 billones de dólares y
la evasión fiscal cuesta a los gobiernos unos 3 billones
de dólares al año. El Parlamento Europeo calcula que en
la UE alcanza la cifra de 825.000 millones de euros
anuales. La elusión fiscal, que no siempre supone una
violación de la letra de la ley, pero sí de su espíritu,
lleva a los paraísos fiscales, cada año, unos 600.000
millones de dólares dejados de pagar en el impuesto de
sociedades; de ellos, unos 210.000 millones en la UE. La
magnitud de los flujos transnacionales de evasión y
elusión fiscal la pone de manifiesto el estudio del FMI
sobre la inversión extranjera directa (IED): el 40% del
total, unos 15 billones de dólares, se dirige a
“empresas fantasma” (sin ninguna actividad económica).
La mayoría está radicada en cinco países de la UE: 7,5
billones de dólares pasa por empresas fantasma con sede
en Luxemburgo y Holanda; los otros países más
concernidos en Europa son Irlanda, Chipre y Malta.
La solución del problema, según el Dictamen, tiene una
base política y está relacionada con propuestas
legislativas que ha realizado la Comisión Europea, como
la de que las decisiones sobre fiscalidad se adopten por
mayoría cualificada en lugar de por unanimidad y la
propuesta de directiva sobre la base común consolidada
del impuesto de sociedades que reduciría fuertemente el
margen de maniobra de las empresas para eludir el pago
de impuestos. Estas iniciativas están bloqueadas por los
mismos gobiernos que facilitan la elusión fiscal o que
han sido advertidos por la Comisión Europea por no
aplicar debidamente las directivas 4ª y 5ª contra el
blanqueo de capitales. Por eso, la propuesta principal
del Dictamen es impulsar un Pacto europeo, político y
social, que comprometa a sus actores a luchar de forma
eficaz contra el fraude y la evasión fiscales, la
elusión fiscal y el blanqueo de capitales. Se pide a la
Comisión que impulse la iniciativa, involucrando a las
demás instituciones europeas, los gobiernos nacionales y
la sociedad civil. La participación de los
interlocutores sociales y de las organizaciones
representativas de la sociedad civil es fundamental para
presionar a los políticos y para crear “conciencia
fiscal” entre la ciudadanía.
El Dictamen muestra su apoyo claro al nuevo Plan de
acción contra el blanqueo de capitales y la financiación
del terrorismo, pide que se aplique con la mayor
urgencia posible y que la supervisión de su aplicación
se haga a través de la creación de una Agencia Europea
que tenga determinadas capacidades de intervención
directa y que se ocupe también de los delitos fiscales,
económicos y financieros conexos.
En el Dictamen se proponen también medidas como: revisar
la lista de paraísos fiscales e impedir que las empresas
de la UE realicen transacciones con sus instituciones
financieras; ampliar el ámbito de aplicación de la ley a
las obras de arte, los otros activos de alto valor, los
puertos francos y los depósitos aduaneros; suprimir los
regímenes de ciudadanía o residencia por inversión;
incluir un capítulo fiscal y de cooperación en la lucha
contra los delitos fiscales en todos los tratados
comerciales y económicos suscritos por la UE; y ampliar
al ámbito de la lucha contra la evasión fiscal los
registros centralizados de propietarios reales de
sociedades y fideicomisos.
En el plenario del CESE se aprobaron un total de 38
dictámenes. Entre los más destacados: Salarios mínimos
dignos en toda Europa; Trabajo digno en la economía de
las plataformas; Cadenas de suministro sostenibles y
trabajo digno en el comercio internacional; El Estado de
Derecho y su impacto en el crecimiento económico; o
Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030. |
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