• El sistema de mercado de emisiones y la
ausencia de control del gobierno en la concesión de
créditos gratuitos a las industrias cementeras ha podido
reportarles más de 86 millones de euros de beneficio en
2019. Unos beneficios que ascenderían a más de 157
millones de euros de 2014 a 2019.
• Las cuatro grandes empresas alcanzan beneficios
superiores a los 70 millones de euros en 2019.
Instalaciones como las de Cemex en Almería y Baleares
reciben asignaciones gratuitas aún estando en cierre.
• Para Ecologistas en Acción el RCDE UE (régimen de
comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, ETS
por sus siglas en inglés) es un despropósito incapaz de
frenar la lucha climática. Además el exceso de derechos
gratuitos y la falta de medidas adecuadas de vigilancia
y control ponen en serio riesgo el cumplimiento de los
objetivos europeos.
Ecologistas en Acción ha señalado en numerosas ocasiones
la incompatibilidad de los instrumentos de mercado con
enfrentar la emergencia ecológica actual. La falta de
planificación de los sectores unido a un
sobredimensionamiento en la concesión de créditos
gratuitos está generando enormes beneficios a las
empresas del sector, mientras no se haga un ajuste de
las emisiones en la línea de las indicaciones del IPCC
será imposible que España cumpla con el compromiso de
mantener el incremento de la temperatura global muy por
debajo de 1,5 ºC.
El sector cementero en España supone aproximadamente el
15 % de las emisiones de los sectores regulados. Ligado
a la burbuja inmobiliaria y de la construcción, el
sector llegó a contar con 41 fábricas en 2007, con una
producción máxima de 32,1 millones de toneladas de
clinker (principal componente del cemento más común), de
las que 31 tenían autorización para incinerar residuos.
La mayor parte de las fábricas pertenecen a unos pocos
propietarios, en su mayoría empresas multinacionales
(Lafarge Holcim Ltd, Cemex, Italcementi Group, Cementos
Portland Valderrivas, Grupo Cimpor). Es un verdadero
oligopolio, con prácticas de acuerdos de precios de
venta de los productos derivados (cemento, hormigón,
mortero, etc.) y de reparto de los mercados regionales,
que ha sufrido varias sanciones millonarias de las
autoridades de la competencia.
Las continuas presiones del lobby del cemento han
logrado la permisividad de todos los gobiernos en la
regulación del sector. Una realidad que en numerosas
ocasiones ha denunciado Ecologistas en Acción ya que
está generando graves problemas ambientales y sociales.
Desde la autorización de incineración de residuos que
nos solo agrava el cambio climático sino también la
contaminación atmosférica. Pasando por los procesos
irregulares de las actualizaciones de las Autorizaciones
Ambientales Integradas (AAI) incluso la incineración de
los residuos en las cementeras, con el consiguiente
agravamiento de la contaminación atmosférica y las
emisiones de gases de efecto invernadero, y terminando
por conceder derechos de emisión a fábricas de cemento
que han cesado definitivamente su actividad, como las de
Holcim en Yeles (Toledo) y en Lorca (Murcia).
El análisis pormenorizado del sector según los datos
reportados al Registro de la Unión Europea de Derechos
de Emisión de 2019 muestra con claridad cómo se repiten
las malas prácticas del sector. Así, la administración
pública sigue reconociendo muchas más emisiones de las
que emiten en la realidad, eso les ha podido generar el
pasado año beneficios superiores a los 87 millones de
euros. El sector cementero en el periodo 2014-2019 ha
recibido más de un 13 % de derechos que sus emisiones
reales, lo que le habría podido originar un beneficio
económico de más de 157 millones de euros.
Un sector en el que solo las cuatro grandes empresas del
sector podrían haber obtenido un beneficio superior a
los 70 millones de euros durante el 2019. El pasado año
es la cementera Cemex la que se lleva un mayor beneficio
de unos 44 millones de euros, seguida de Cosmos con más
de 8 millones de euros y, tras ella, Portland y
Holcim-Lafarge con 1,7 y 1,5 millones de euros
respectivamente. Unos beneficios económicos que se
repiten año a año, como muestran las tablas que
acompañan este comunicado.
El caso de la cementera Cemex es aún más grave cuando se
comprueba que, a pesar de que sus fábricas de Almería (Gador)
y Mallorca (Lloseta) anunciaron su cierre y el despido
de sus trabajadores en 2018, se le haya concedido
derechos de emisión en 2019 que no han sido necesarios.
Para Ecologistas en Acción es fundamental que el
gobierno aclare si esto se ha producido así y si ha
iniciado algún mecanismo para reclamar los derechos
sobrantes adjudicados de esta y otras instalaciones.
La organización ecologista considera profundamente
preocupante cómo se está favoreciendo al sector a través
de la desregulación por parte de las instituciones. Muy
lejos de ir reduciendo su impacto climático el sector
del cemento ha visto cómo se incrementaba su capacidad
de emitir gases de efecto invernadero, pasando de tener
dos millones más de toneladas de CO2 reconocida que las
que tenía en el año 2014, lo que resulta incompatible
con cualquier objetivo climático. La falta de voluntad
política de poner fin a los privilegios de las
cementeras es patente incluso en el propio Plan Nacional
integrado de Energía y Clima presentado por el gobierno,
en el que, si nos fijamos en el escenario planteado por
el gobierno, la eliminación del exceso de emisiones
registrado en 2019 debería lograr una reducción
adicional de un 1,2 % de las emisiones respecto a 1990
en cuanto se hiciese.
Ecologistas en Acción reafirma las denuncias que ha
realizado desde el comienzo del mecanismo del mercado de
emisiones europeo sobre como esta financiarización de la
lucha climática solo protege los beneficios de los
grandes holdings empresariales y especialmente a las
cementeras españolas. Para la organización ecologista es
urgente que se proceda a una completa revisión de las
emisiones asignadas al sector del cemento para que se
produzca una reducción acorde a la realidad actual y se
ajuste a las indicaciones científicas. No se justifica
que ante las evidencias y las repetidas denuncias el
gobierno se siga ignorando la desproporcionalidad e
injusticia de instrumentos como el RCDE UE (ETS por sus
siglas en inglés) y la necesidad de proceder a una
planificación real que ponga freno a las conductas
climática, social y ambientalmente dañinas que se
repiten en el sector cementero. |
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