• Con ocho mecanismos regulatorios,
considera que se podría evitar la influencia indebida de
intereses privados en la elaboración de las políticas de
salud pública y, en particular, de las políticas
alimentarias.
• La alianza está formada por Justicia Alimentaria,
SESPAS, CEAPA, CECU, Amigos de la Tierra y Medicus
Mundi.
La Alianza por la Salud Alimentaria, formada por las
organizaciones Justicia Alimentaria, SESPAS, CEAPA, CECU,
Amigos de la Tierra y Medicus Mundi, reclama una
normativa estatal, en los ámbitos sanitario y de
consumo, que regule los conflictos de intereses
derivados de las relaciones con industrias de productos
con un impacto en la salud —alimentarios o de bebidas
alcohólicas—, de profesionales del campo científico y
del ámbito de la atención sanitaria, la salud pública y
áreas relacionadas, así como del funcionariado y
personas encargadas de la elaboración de políticas de
salud pública. Para conseguirlo, la alianza propone una
serie de medidas, complementando, en caso necesario,
medidas ya existentes o en curso, con los mecanismos
regulatorios necesarios para evitar la influencia
indebida de intereses privados en la elaboración de las
políticas de salud pública y, en particular, de las
políticas alimentarias.
La alianza considera que el proyecto de Real Decreto que
tiene como objeto desarrollar el artículo 11 de la Ley
General de Salud Pública puede suponer un gran avance
para reglamentar las declaraciones de intereses de
expertos y organizaciones que colaboren con las
autoridades sanitarias en actuaciones de salud. No
obstante, este paso debe completarse con una regulación
amplia que alcance otras áreas en las que las decisiones
que afectan a la salud de la población puedan verse
comprometidas por intereses ajenos al bien común.
La alimentación poco saludable y sus enfermedades
asociadas representan, hoy en día, un grave problema de
salud en el Estado español. Actualmente, la alimentación
poco saludable es responsable de buena parte de las
principales enfermedades y muertes en nuestro país, como
las derivadas de las dolencias cardiovasculares,
diabetes y algunos tipos de cáncer, con un enorme coste
monetario directo: uno de cada cinco euros del
presupuesto de sanidad en nuestro país se dedica a
tratar los efectos en salud de la alimentación insana. A
diferencia de lo que ocurre con otros factores de riesgo
para la salud, como el tabaquismo y el consumo de
alcohol, resulta llamativa la ausencia de políticas
públicas que afronten el problema de la alimentación
poco saludable en el Estado español de manera efectiva.
En países de nuestro entorno se están aplicando (con
mayor o menor intensidad) políticas efectivas para
reducir el consumo excesivo de alimentos no saludables,
como etiquetados nutricionales comprensibles, regulación
de la publicidad alimentaria, impuestos específicos a
bebidas azucaradas y actuaciones en escuelas y centros
sanitarios para evitar la promoción y venta de alimentos
y bebidas no saludables. Estas medidas brillan por su
ausencia en el Estado español, lo cual convierte nuestro
país en una suerte de paraíso para la industria
alimentaria dentro del contexto europeo.
Entre los motivos de esta ausencia de regulación,
destaca la falta de control y transparencia de los
conflictos de intereses derivados de las relaciones con
la industria alimentaria, en primer lugar, de los
políticos y funcionarios de salud pública de alto nivel,
actores claves en la toma de decisiones políticas, y, en
segundo lugar, de profesionales de los ámbitos
científico y de la nutrición y la salud, así como las
fundaciones y asociaciones científicas que los
representan. Estas organizaciones y personas expertas en
nutrición y salud pública reciben financiación, en
algunos casos muy importante, de la industria
alimentaria, que así consigue influir y sesgar, de
manera opaca, a muchos actores clave en materia de la
relación entre la alimentación y la salud, generando una
distorsión de los discursos y normativas sociales que
vulneran los derechos básicos de las personas
consumidoras. La falta de regulación eficaz de estos
conflictos de intereses representa un incumplimiento del
mandato constitucional y una vulneración de aspectos
trascendentales de los derechos a la salud y a una
alimentación adecuada.
El conflicto de intereses tiene su origen en las
estrategias de captura corporativa de la industria de
productos no saludables, y la alimentaria en particular,
con múltiples consecuencias adversas para la salud
pública, como sesgar los resultados científicos,
controlar la formación continua de las personas
profesionales, crear consumidores y consumidoras desde
edades precoces, promover una buena imagen de las
compañías y productos no saludables, ejercer presión
sobre gobiernos y organismos internacionales, etc.
La captura corporativa de las políticas públicas (dentro
del ámbito de la alimentación y la nutrición) surge para
anticiparse y responder a las iniciativas políticas que
busquen reducir el consumo excesivo de alimentos que
suponen un riesgo para la salud, con el objetivo de
impedir o demorar la instauración de estas políticas,
promoviendo en su lugar mecanismos de autorregulación y
medidas de carácter exclusivamente educativo, entre
otras. |
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