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Fuente: Comisiones Obreras (CCOO)
Valencia 01 de julio de 2020 |
CCOO ALERTA DEL RIESGO DE COLAPSO EN EL SEPE |
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• El sindicato apunta a la grave falta de
personal y a los medios informáticos obsoletos como
principales causantes del deterioro del servicio
público, y reclama la contratación de personal interino
por acumulación de tareas como alternativa a las
privatizaciones de gestión de los ERTE.
CCOO ha alertado del inminente riesgo de colapso en el
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ante la falta
de previsión a la hora de gestionar las necesarias
medidas sociales puestas en marcha por el Gobierno
durante la crisis de la COVID-19. Señala que el
incremento en más de un 600 % de la carga de trabajo ha
destapado las graves deficiencias en cuanto a la falta
de personal público y una infraestructura informática
con casi cuarenta años de antigüedad.
“El SEPE ha sufrido una pérdida de personal terrorífica
en los últimos diez años, la destrucción de empleo
público ha alcanzado a una tercera parte de la
plantilla, pasando de 10.320 a 7.150 efectivos”, apunta
José Manuel Vera, secretario general del sector de la
Administración General del Estado de FSC-CCOO. “Resulta
evidente que el organismo ya estaba en una situación
límite antes de la llegada de la pandemia”.
El sindicato lamenta la falta de previsión con la que se
han puesto en marcha las medidas sociales para la
protección de las trabajadoras y los trabajadores que
perdían sus ingresos por la paralización de la actividad
laboral durante el estado de alarma. “La celeridad en el
diseño de las medidas políticas contrasta con la total
ausencia de una estrategia para la gestión de más de
cinco millones de solicitudes”.
CCOO denuncia que este incremento exponencial de la
carga de trabajo a causa de los ERTE y el subsidio para
personas empleadas en el hogar se intenta resolver de la
peor manera posible, mediante privatizaciones de
servicios públicos. “En una interpretación sesgada de la
urgencia, el Gobierno ha optado por subcontratar la
gestión de los procedimientos administrativos”, lamenta
Vera. “Ese mismo argumento podría haberse utilizado para
realizar una contratación de personal interino para dar
respuesta a la acumulación de tareas”.
En este sentido, hoy mismo el Ministerio de Trabajo y
Economía Social publica una nueva licitación, que se
adjudica de nuevo a TRAGSATEC, para la gestión de los
ERTE. “Es esencial recordar que el personal público es
quien garantiza los derechos de las ciudadanas y los
ciudadanos, con criterios de igualdad, objetividad,
transparencia e imparcialidad, y atendiendo a criterios
de interés general”, concluye Vera. “Cualquier deriva a
intereses económicos pone en grave riesgo el estado de
bienestar”. |
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