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Fuente: Comisiones Obreras (CCOO)
Valencia
01 de julio de 2020

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS Y LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA CONSTITUYEN EL GRUPO DE TRABAJO DE LA LEY DE CUERPOS PENITENCIARIOS

 

• Arranca la negociación de la norma legal más importante en prisiones desde la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria en 1979, primera Ley Orgánica de la democracia española.

Hoy, 1 de julio, se constituye el grupo de trabajo de la Ley de Cuerpos Penitenciarios con la presencia de los responsables de la Administración Penitenciaria, y los portavoces de los Sindicatos CSIF, ACAIP-UGT, CC.OO. y CIG.

Este grupo de trabajo nace del acuerdo de la Mesa Delegada de Negociación de Instituciones Penitenciarias del pasado 20 de febrero de 2020. Su inicio estaba previsto para el pasado 30 de marzo, pero fue suspendido por la crisis sanitaria de la COVID-19 y la aprobación del Estado de Alarma en nuestro país.

El grupo de trabajo de la Ley de Cuerpos Penitenciarios debe ser el instrumento que permita elevar al parlamento la necesaria modernización de nuestro servicio público adaptándolo a la realidad social, laboral y criminológica actual.

El marco normativo de los Cuerpos Penitenciarios está formado por la Ley 39/1970, de 22 de diciembre, sobre reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios y por la Ley 36/1977, de 23 de mayo, de ordenación de los Cuerpos Especiales Penitenciarios y de creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Es decir, en una norma preconstitucional y, otra, anterior a la promulgación de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Las organizaciones sindicales entendemos que en esta nueva norma deben recogerse una serie de actuaciones encaminadas a dotar al servicio público penitenciario y a sus trabajadores de los mecanismos técnicos y legales adecuados para poder realizar nuestras funciones de la forma más profesional y eficaz posible. La ley de Cuerpos, en consecuencia, tiene que ser una oportunidad para reforzar el servicio público penitenciario constitucional frente a las tentaciones emergentes de relegar la reinserción del eje de la actividad penitenciaria.

Además, esta norma debe recoger las especificidades propias de nuestra Institución que nos diferencian de otros colectivos de la Administración General del Estado, pero manteniéndonos en el ámbito de aplicación de la futura Ley de Función Pública de la AGE.

Es imprescindible la creación de Cuerpos o Escalas de contenido técnico que cubran aspectos actualmente no recogidos en el ámbito de la reinserción, el tratamiento, la gestión y la seguridad en nuestros centros penitenciarios, apostando por una promoción profesional específica, una escuela de formación propia y un reciclaje laboral adecuado.

La generación de un nuevo organigrama de puestos de trabajo se antoja imprescindible, al encontrarnos con unos puestos provenientes del Reglamento Penitenciario de 1981, que tanto en su denominación como en su contenido están en gran parte desfasados; en esta misma línea, es necesaria la actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo cuyas ratios no permiten desempeñar nuestras obligaciones de forma adecuada al existir un déficit endémico de personal.

La consideración de agente de autoridad, reivindicación esencial dentro del colectivo, debe recogerse como base de la nueva normativa, en aras a la defensa y la seguridad jurídica de los empleados públicos penitenciarios, junto con los sistemas de defensa y cobertura jurídica necesaria en el ámbito de nuestro desempeño profesional.

De igual trascendencia se erige la necesidad de realizar una reclasificación de los Centros Penitenciarios de la Administración General del Estado, al devenir obsoleta después de más de 25 años de vigencia. Se hace urgente adaptar la realidad de los centros y el trabajo realizado en los mismos a su clasificación, pues no se pueden seguir manteniendo nueve categorías distintas, con retribuciones diferentes, pero realizando similares funciones.

Finalmente, y no menos importante, se deben articular mecanismos de rejuvenecimiento de las plantillas, con edades medias superiores a los 53 años en muchos casos, mejorar la figura de la segunda actividad, introducir una modalidad basada en problemas de salud y generar un sistema de jubilación anticipada propio para nuestro personal.

 

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