• Amnistía Internacional, FundiPau,
Greenpeace y Oxfam Intermón avisan que el Gobierno puede
ser cómplice de la comisión de crímenes de derecho
internacional.
• Las organizaciones alertan también al Ejecutivo del
riesgo de que el armamento exportado a Irak, Egipto y
Turquía pueda ser desviado para los conflictos de Libia,
Siria y Yemen.
• Entre 2018 y 2019 se autorizó la exportación de armas
por valor de 21.825 millones, de los que ya se han
efectuado envíos por importe de 7.880 millones.
• En un contexto de crisis económica, preocupa, como ya
pasó en la anterior crisis, que la promoción de las
exportaciones españolas se anteponga al cumplimiento de
la ley y al respeto de los derechos humanos.
Con motivo de la comparecencia, el próximo lunes 29, del
Gobierno en la Comisión de Defensa del Congreso para
rendir cuentas sobre exportaciones de armas españolas,
las organizaciones que forman la campaña Armas Bajo
Control (Oxfam Intermón, Greenpeace, FundiPau y Amnistía
Internacional), tras analizar la información sobre
exportaciones de armas de 2018 y 2019, piden al Gobierno
que suspenda de forma inmediata las exportaciones de
armamento a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e
Israel, por ser una violación de la legislación vigente
y exponerse a ser cómplice de la comisión de crímenes de
derecho internacional en los Territorios Palestinos
Ocupados (en el caso de Israel), Yemen, Siria o Libia,
donde operan grupos armados apoyados por los saudíes y
EAU.
La comparecencia del Gobierno en esta Comisión es
especialmente importante, debido a que no se celebraba
desde 2018, a pesar de que el sector armamentístico
opera bajo un intolerable manto de secretismo. También
lo es porque el Ejecutivo deberá rendir cuentas por un
volumen récord de autorizaciones que entre 2018 y 2019
ascendieron a 21.825 millones de euros, de los que ya se
han exportado 7.880 millones de euros. Esto hace prever
que, a menos que se revoquen algunas autorizaciones,
continuará el aumento de las exportaciones iniciada con
las medidas de apoyo a la exportación de armas adoptadas
por el Gobierno de Mariano Rajoy con la crisis de 2008.
Tanto es así que en el periodo 2015-2019 se autorizaron
exportaciones por valor de 58.806 millones y que se han
materializado en unas ventas de 4.000 millones anuales
de media.
Preocupa especialmente que, como respuesta a la crisis
económica provocada por la COVID-19, se antepongan unos
supuestos beneficios económicos cortoplacistas al
respeto a la legislación que prohíbe vender armas para
cometer atrocidades. En este sentido, las ONG
recomiendan avanzar progresivamente hacia el
establecimiento de un modelo de control parlamentario
previo para exportaciones sensibles, como ocurre en
otros países exportadores como EE. UU.
Armas Bajo Control alerta al Ejecutivo del historial de
desvío de armas no españolas exportadas a Irak, Egipto y
Turquía que fueron desviadas para cometer atrocidades en
Yemen, Libia o Siria. En algunos de estos casos se han
documentado armas estadounidenses, belgas, suizas,
alemanas y británicas que acabaron en manos de milicias
en Yemen, incluidas algunas vinculadas al Estado
Islámico y Al Qaeda. Ante esta situación, las ONG
reclaman medidas de control para evitar posibles
desvíos, incluida la denegación de las autorizaciones de
exportación de armas a Irak, Egipto y Turquía, ante el
riesgo evidente de desvío para cometer violaciones de
derechos humanos.
SECRETISMO INJUSTIFICADO
El aumento de ventas en 2018 y 2019 no se acompañó de
más control ni más transparencia. Uno de los aspectos
más preocupantes en el comercio de armas sigue siendo la
opacidad, ya que las resoluciones del organismo
interministerial que autoriza las exportaciones (JIMDDU)
opera bajo total secretismo al amparo del Acuerdo del
Consejo de Ministros de marzo de 1987 que cataloga por
sistema como “reservadas” todas sus actas. Este acuerdo
debe ser reformado con carácter inmediato para mejorar
el control por parte del Parlamento y la ciudadanía.
Los grupos parlamentarios deben impulsar la tramitación
con urgencia de la reforma de la ley franquista de
Secretos Oficiales de 1968 para adecuarla a las normas
internacionales de derechos humanos. Esta reforma debe
garantizar el principio general de transparencia y
asegurar que la nueva norma no limita el acceso a
información para prevenir, reducir o mitigar abusos y
violaciones de derechos humanos en el comercio de armas
y la rendición de cuentas del Gobierno. También debe
permitir que las autorizaciones sean públicas y
recurribles ante la justicia; establecer la
obligatoriedad de motivar la clasificación de materia
“secreta” y excluir de dicha clasificación las materias
que afectan a los derechos humanos.
ALGUNAS LUCES EN LAS SOMBRAS DE LAS VENTAS DE ARMAS
Tras asumir el poder en verano de 2018, el Gobierno del
PSOE denegó una exportación de bombas a Emiratos Árabes
Unidos que, junto a Arabia Saudí, ha llevado a cabo más
de 21.000 bombardeos en Yemen desde marzo de 2015. Estos
ataques aéreos han causado cerca de 19.000 víctimas
civiles que, junto al cólera y la COVID-19, han
provocado la mayor catástrofe humanitaria actual, según
la ONU.
En el segundo semestre de 2018 el Gobierno no aprobó
ninguna autorización a Arabia Saudí ni firmó nuevos
acuerdos con ese país, una suspensión de facto similar a
la de varios países europeos. Esto se refleja en un
descenso de las exportaciones en 2019 a este país hasta
los 35 millones de euros. Sin embargo, el aumento de
exponencial de las autorizaciones en 2019 podría
significar una subida relevante de las exportaciones en
2020.
La aprobación por el Gobierno en abril de un Protocolo
de Verificación y un nuevo Certificado de Último Destino
como respuesta a las demandas sociales se vio como un
avance aunque, lamentablemente, se desconoce cómo se va
a aplicar, por lo que puede convertirse en una “medida
florero” si no incluye garantías legalmente vinculantes
que garantice que las armas exportadas no se emplearán
contra la población civil. |
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