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• Solo así se explica que, en plena
segunda fase, tan solo el 3,96% del personal suspendido
por un ERTE haya comenzado a trabajar, cuando en
Castellón se sitúa en el 24,32% y en Valencia asciende
al 29,58%.
Según los datos conocidos ayer por la Tesorería General
de la Seguridad Social, de las 414.172 personas
afectadas por un ERTE desde el 12 de marzo, 226.398
hombres y 175.764 mujeres, se han rescatado tan solo a
64.711, un 15,62%. Se refiere a suspensiones temporales
de empleo, totales o parciales, en su mayoría por fuerza
mayor. Unos datos que, a juicio de CCOO PV, nos ofrecen
algunas pistas sobre las tendencias a corto plazo “y es
que el grado de incertidumbre general parece que se
focaliza en el empleo, por lo que las empresas continúan
desviando parte de sus costes sociales al Estado”.
El sindicato afirma que todo indica que, en el caso de
la provincia de Alicante, se ha producido un incremento
de la economía sumergida, pues es “incomprensible que
únicamente el 3,96% del personal suspendido sea
desafectado, cuando una parte muy importante del sector
hostelero puede retomar su actividad paulatinamente”,
asegura su secretario general, Arturo León. Máxime
cuando el sector servicios ha sido el que
mayoritariamente ha acudido a la vía de las
suspensiones, algo que ha sido comprendido por el
conjunto de la sociedad.
Estos datos nos siguen proporcionando una visión
cortoplacista del empresariado de la provincia y, según
CCOO PV, no podemos permitirnos una vuelta a los niveles
de informalidad en el mercado de trabajo como los
previos a la pandemia. Si en algo hay consenso, ha
manifestado León, es en que necesitamos una red de
protección social fuerte y, para ello, aspiramos a que
la provincia con la tasa más elevada de economía
sumergida, transite hacia la legalidad en la
contratación porque, de no hacerlo, las consecuencias
negativas son para toda la sociedad.
El sindicato reivindica la puesta en marcha el
Observatorio del Trabajo Decente, retrasado por el
estado de alarma, que establezca indicadores que
permitan corregir desde las políticas públicas estos
desajustes en el mercado laboral que refuerzan las
situaciones de pobreza extrema. “Hacemos un llamamiento
a la responsabilidad empresarial, en una provincia en la
que conviven además otras problemáticas como la
siniestralidad laboral. En estos dos meses han fallecido
ocho personas como consecuencias de accidentes de
trabajo”, se lamenta Arturo León. |
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