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Tiempo para el cambio
Foto: Pixabay/2020
Fuente: Ecologistas en Acción
Valencia 09 de junio de 2020 |
LA SOCIEDAD
CIVIL DICE 'NO' AL TRATADO DE LA CARTA DE LA ENERGÍA |
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• Más de 220 organizaciones y miembros de
la sociedad civil solicitan a Teresa Ribera y al
Gobierno de España que abandone el Tratado sobre la
Carta de la Energía (TCE), un acuerdo de inversiones
para el sector energético firmado en 1994 por el Estado
español.
• El Tratado permite a los inversores denunciar a los
Estados y reclamar sumas astronómicas si consideran que
sus leyes han disminuido sus beneficios económicos
presentes o futuros.
• España ya ha sido condenada a pagar 1.036 millones de
euros y los inversores reclaman más de 8.000 millones,
casi el equivalente al PIB de La Rioja.
• En un escenario de emergencia sanitaria por la COVID-19
las medidas del Gobierno para luchar contra la pobreza
energética podrían desencadenar demandas millonarias por
parte de los inversores contra España.
La campaña estatal No a los Tratados de Comercio e
Inversión, de la que forma parte Ecologistas en Acción,
ha entregado una carta a la ministra de Transición
Ecológica y Reto Demográfico en la que pide la salida
del España del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE).
La carta ha sido firmada por más de 220 organizaciones,
sindicatos y representantes de la sociedad civil,
académicas y académicos, juristas y figuras políticas a
título individual.
La reivindicación central es que España abandone un
tratado ratificado en 1994 a espaldas de la ciudadanía y
sin debate público. El TCE, que inicialmente nació para
garantizar el suministro energético a Europa occidental
tras la caída del muro de Berlín, se ha vuelto en contra
de los Estados firmantes y se ha convertido en un
coladero de reclamaciones millonarias. A través de un
mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS
por sus siglas en inglés), permite a las multinacionales
e inversores demandar a los Estados si estas consideran
que la las medidas legislativas va en contra de sus
beneficios económicos presentes o futuros.
En un escenario de emergencia sanitaria y social, las
últimas leyes propuestas para luchar contra el cambio
climático o las medidas adoptadas para luchar contra la
pobreza energética -como alargar el bono social o
prohibir los cortes de suministros- podrían desencadenar
una oleada de demandas por parte de grandes inversores
bajo el TCE. No sería la primera vez. Bulgaria y Hungría
ya han sufrido demandas millonarias por intentar
garantizar precios asequibles en la electricidad para la
ciudadanía.
De hecho, España ya ha sido condenada a pagar 1.036
millones de euros (casi siete veces el presupuesto que
el Gobierno se ha comprometido a aportar al Fondo Verde
Europeo sobre el clima) y los inversores reclaman más de
8.000 millones de euros. El dinero para pagar estas
inversiones saldría de los Presupuestos Generales del
Estado, es decir, de las arcas públicas o se computaría
como deuda. Tampoco se descarta una subida en la factura
de la luz como ya ocurrió en el caso Castor.
ESPAÑA: RÉCORD DE DEMANDAS
España es el país que más demandas acumula bajo el TCE:
47 en total, interpuestas por la política de recortes a
las renovables entre 2011 y 2014. La paradoja es que
todos los demandantes son empresas o inversores
vinculados a los combustibles fósiles que invirtieron
siendo conscientes del escenario de crisis del país.
En otros países se han dado situaciones similares. La
empresa alemana Uniper ha declarado que demandará a
Holanda por el cierre de las centrales eléctricas de
carbón en 2030, una acción que forma parte de la
estrategia nacional de reducción de gases de efecto
invernadero.
Con estos precedentes el TCE podría truncar la futura
Ley de Cambio Climático y Transición Energética
española. Es previsible imaginar un escenario en el que
el Estado español sea objeto de una oleada de demandas
millonarias por la puesta en marcha del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) o por sus medidas
adoptadas en la pandemia de la COVID-19.
UNA REFORMA ABOCADA AL FRACASO
La petición de abandonar el Tratado por parte de la
sociedad civil se realiza unas semanas antes de que
comience la segunda ronda de negociación entre el 7 y el
10 de julio para la modernización del TCE. Un proceso
que, tal y como han manifestado organizaciones de toda
Europa, no dará lugar a un tratado respetuoso con el
clima, el medio ambiente y el bienestar de las personas.
Hasta la fecha, las piezas clave que hacen del TCE un
tratado extremadamente asimétrico que atenta contra la
soberanía de los Estados, los presupuestos públicos, y
cualquier intento por frenar la emergencia climática, no
están sobre la mesa. La agenda de negociación no
contempla el fin de la protección de las inversiones en
combustibles fósiles y energía nuclear, la exclusión de
los mecanismos de solución de controversias entre
inversores y Estados ISDS, o la incorporación de
objetivos climáticos y ambientales vinculantes.
Las organizaciones sociales y ambientales firmantes de
la carta alertan que bajo el TCE las inversiones
relacionadas con el sector de los combustibles fósiles y
energía nuclear están altamente protegidas. Las
multinacionales e inversores extranjeros ya están
utilizando este tratado para cuestionar y obstaculizar
las medidas de acción climática y transición energética
justa como el abandono de las fuentes de energía
contaminantes, el impulso de las renovables, o la
reducción del coste de la factura de la luz a las
personas más vulnerables. |
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