• La Red Agua Pública, de la que forma
parte Ecologistas en Acción, denuncia las condiciones de
hacinamiento e insalubridad imperantes en los
asentamientos informales de varios territorios como
Huelva, Sevilla, Madrid, Almería o Murcia donde no se
garantiza la vida digna, la higiene y la salud,
conculcándose los derechos humanos al agua y al
saneamiento.
• La plataforma apoya la denuncia de la Mesa Social del
Agua de Andalucía sobre las condiciones de vida en los
asentamientos de trabajadores de los invernaderos de
Huelva, donde malviven cerca de 5.000 personas, que
pueden convertirse en sitios vulnerables para la
propagación del coronavirus.
• Ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus,
ahora más que nunca es urgente poner en marcha las
medidas necesarias para garantizar el acceso al agua y
al saneamiento en los asentamientos precarios,
chabolistas e infravivienda.
En las últimas semanas diversas redes y organizaciones
ciudadanas, como la Mesa Social del Agua de Andalucía,
han denunciado las condiciones de vida de las personas
alojadas en asentamientos precarios de los invernaderos
de Huelva, donde malviven cerca de 5.000 personas. Este
escenario de marginación de grupos sociales y étnicos se
da en otras zonas y territorios, como Almería, Sevilla,
Murcia o Madrid, donde no se garantiza el acceso al agua
potable ni a sistemas de saneamiento adecuados, dando
lugar a condiciones de insalubridad, elevando el riesgo
sanitario e incumpliendo flagrantemente los derechos
humanos al agua y al saneamiento. Precisamente esta
situación alarmó a Philip Alston, actual Relator
especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
de la ONU, quien, durante su reciente visita a España en
enero y febrero de 2020, denunció que las condiciones de
vida de trabajadoras y trabajadores que habitan en los
asentamientos de algunas zonas de Estado “rivalizan con
las peores que he visto en cualquier parte del mundo”.
Con la actual crisis sanitaria del coronavirus, las
condiciones sociales y materiales en estos asentamientos
se han agravado de forma radical, ya que si bien en
situaciones normales la ausencia de acceso directo al
agua potable, a una red de saneamiento, a la recogida de
basuras y a energía crean condiciones de elevados
riesgos para la salud, éstos se multiplican cuando hay
una emergencia sanitaria como la del coronavirus. En
estos contextos no se pueden seguir las mínimas medidas
de higiene recomendadas por la Organización Mundial de
la Salud para evitar el contagio, como es lavarse las
manos con frecuencia y desinfectarse con agua y jabón.
Tampoco la distancia social es posible en unas
infraviviendas minúsculas donde no es posible el
aislamiento personal dadas las condiciones de
hacinamiento insalubre que imperan; por otro lado, las
personas que viven en estas condiciones tienen sistemas
inmunitarios debilitados por la mala alimentación y las
condiciones insalubres que los hace más vulnerables al
contagio y la enfermedad.
Es urgente poner en marcha las medidas necesarias para
garantizar el acceso al agua y al saneamiento en los
asentamientos precarios, chabolistas e infraviviendas.
Los ayuntamientos son los titulares de los servicios de
abastecimiento y saneamiento y, por tanto, los que
tienen que garantizar los derechos humanos asociados; es
fundamental que asuman consecuentemente las obligaciones
establecidas de respetarlos, cumplirlos y protegerlos.
En la actual situación de alarma sanitaria por
coronavirus, los gobiernos municipales donde existan
este tipo de asentamientos precarios deben coordinarse
con el Ministerio de Sanidad para que, como autoridad
competente tal como establece el Real Decreto 463/2020,
tome con carácter de urgencia las medidas para resolver
las carencias detectadas.
Tras la finalización del estado de alarma será el
momento en que las administraciones locales, en
consecuencia con sus responsabilidades y competencias,
aborden planes para la eliminación de las infraviviendas
facilitando alojamiento con los servicios básicos
esenciales para una vida digna. |
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