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• El sindicato lamenta la falta de
interlocución con el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y denuncia que siguen bloqueados más de 20
convenios colectivos del campo donde las patronales se
niegan a adaptarlos al SMI.
Las medidas tomadas que tienen como objetivo recoger las
cosechas para garantizar el abastecimiento de los
mercados, requieren que se incentive que la mano de obra
esté formada en su mayoría por personas que residan en
el entorno de las explotaciones agrarias. Esto resulta
esencial, para hacerlo compatible con la necesidad de
reducir la movilidad, dada la situación sanitaria en la
que nos encontramos.
Consideramos un avance, que habría de normalizarse y
generalizarse en el sector, exigir contratos por
escrito, el pago de salarios mediante transferencia
bancaria y el cumplimiento del convenio colectivo
garantizando el SMI 2020. Además seguimos exigiendo la
tramitación del alta automática en la Seguridad Social a
través de herramientas digitales, para evitar fraudes.
Entendemos que es adecuado ofrecer un trabajo en el
sector a miles de personas que en otros momentos
estuvieron y abandonaron el trabajo en el campo para
desarrollar su actividad en otros sectores, hoy
paralizados. Para ello es necesario dignificar el
trabajo en el sector del campo y garantizar condiciones
dignas.
Por eso denunciamos la situación de bloqueo de más de
veinte convenios colectivos, que siguen pagando a sus
plantillas salarios por debajo del SMI 2020, como sucede
en algunas provincias de Andalucía, Murcia, País
Valencià, Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha,
Cataluña y Extremadura.
La compatibilidad de seguir percibiendo subsidios o
prestaciones junto con el salario de manera excepcional
y por tanto mejorar los ingresos familiares, no puede
ser la excusa para seguir manteniendo salarios precarios
en un sector de primera necesidad y estratégico para el
país.
Hemos compartido junto con las organizaciones
empresariales las movilizaciones en el sector,
reivindicando la necesidad de garantizar precios dignos
para los productos del campo. Esta demanda de precios
dignos, si no está precedida por salarios dignos, pierde
toda legitimidad.
Somos favorables al aumento del tiempo de ocupación para
aquellas personas inmigrantes que se les prorrogará su
contrato de trabajo, pero creemos que se ha perdido la
ocasión de llevar a cabo la inclusión social de miles de
personas que viven junto con nosotros en situación
irregular y que en muchos casos ya conocen el trabajo en
el campo, porque lo han realizado o lo siguen realizando
en la economía sumergida y en condiciones de precariedad
denunciadas, incluso, por organismos internacionales.
Pedimos que se garanticen las medidas de protección
contra el COVID 19 de todas las personas trabajadoras,
disponiendo de equipos de protección individual
(mascarillas, guantes, etc.), así como las medidas de
protección colectivas, tanto en la movilidad al puesto
de trabajo, como en comedores, trabajos en almacenes y
en los tajos. No podemos olvidarnos de la puesta a
disposición de alojamientos en condiciones de higiene y
salubridad óptimas, más aún en esta situación de
excepcionalidad que vivimos a causa de la crisis
sanitaria.
Por último, exigimos la coordinación de las
administraciones públicas que se dedican a la gestión de
las contrataciones (SEPE, Delegaciones o Subdelegaciones
de Gobierno) con la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, así como la interlocución continua entre el
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, las
organizaciones empresariales y los sindicatos
representativos en el sector. |
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