• Ante el anuncio del aplazamiento de la
COP26, prevista para noviembre en Glasgow, Greenpeace
advierte de que esto no debería tener impacto en los
compromisos del Gobierno español ni del resto de países
para abordar la emergencia climática. A raíz de la
crisis de COVID-19, la ONU ha decidido hoy retrasar la
conferencia mundial del clima hasta 2021.
Tras el anuncio, la directora ejecutiva de Greenpeace
International, Jennifer Morgan, ha declarado: “La
respuesta a la crisis del Covid-19 debe ser resiliente
para nuestra salud y para el clima. El objetivo de los
gobiernos ahora es cuidar a su ciudadanía, estabilizar y
reconstruir, y deben hacerlo de una manera que generemos
un mundo justo y seguro para el clima, porque la salud
ambiental y nuestro propio bienestar son
interdependientes. La suspensión de la COP26 debería
hacer que los gobiernos dupliquen sus esfuerzos para
garantizar una ruta verde y justa en la gestión de esta
crisis de salud y la emergencia climática. Volver a
hacer lo de siempre cuando pase la emergencia sanitaria
sería completamente inaceptable: esta pandemia muestra
que hay grandes lecciones que aprender sobre la
importancia de escuchar a la ciencia y la necesidad de
una acción global colectiva urgente”.
El director ejecutivo de Greenpeace España, Mario
Rodríguez, ha dicho que: “Estamos enfrentando una crisis
sin precedentes, de consecuencias muy dolorosas para la
sociedad, especialmente para las personas más
vulnerables. En este contexto, posponer las
negociaciones sobre el clima de la ONU es comprensible.
Lo que no cambia es la obligación de los países
europeos, y del Gobierno español en cuanto sea viable,
de seguir liderando la lucha contra el cambio climático,
empezando por aumentar su objetivo climático para 2030
antes del fin de este año.”
Por su parte, el responsable del Programa de Cambio
Climático de Greenpeace España, José Luis García Ortega,
ha afirmado: “Se necesita una acción colectiva basada en
la ciencia, independientemente de que la COP26 se reúna
en Glasgow en noviembre o no. Ambas crisis, sanitaria y
climática, necesitan una respuesta coordinada y
solidaria de los Gobiernos europeos. Los líderes de la
UE deben cumplir sus promesas y aprovechar este momento
para garantizar que los fondos públicos se destinen al
cuidado de las personas, a construir comunidades
resilientes y a reducir las emisiones y otras formas de
contaminación”.
Las medidas presentadas hasta ahora por el Gobierno
español (borrador de ley de cambio climático y Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima) no contienen
objetivos suficientemente ambiciosos para prevenir un
cambio climático enormemente dañino. El proyecto de ley
climática presentado por la Comisión Europea no incluye
medidas para aumentar la reducción de emisiones para
2030, mientras que la propuesta de la Comisión para
aumentar el objetivo de 2030 se ha retrasado hasta
septiembre. Según el acuerdo climático de París, los
gobiernos deben presentar planes climáticos para 2030
nuevos o actualizados antes de fin de este año.
Según los científicos de la ONU, la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos
diez años es fundamental para el éxito, o el fracaso, de
la acción climática. Un informe reciente de la ONU
calculó que para restringir el calentamiento global a
1.5 °C, las emisiones globales deberían reducirse en un
promedio de 7.6% al año. Esto significa que la UE debe
comprometerse a reducciones anuales de al menos un 7,6%
entre 2020 y 2030, alcanzando un recorte de las
emisiones de poco más del 65% para 2030, en comparación
con los niveles de 1990. España debería contribuir con
una reducción de al menos un 55% en los mismos plazos.
Mientras más esperen los gobiernos para reducir las
emisiones, más abruptos y más duros deberán ser estos
recortes. |
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