• Ecologistas en Acción se suma a la
crítica de sector científico, médico y ciudadano sobre
la moratoria que Trump ha dado a la industria
contaminante en el cumplimiento de los estándares
ambientales durante la crisis del coronavirus.
• Esta licencia para contaminar comprometerá la salud
de, sobre todo, personas en situación empobrecida y
vulnerable que son las más expuestas a niveles de
contaminación por sustancias químicas tóxicas en el agua
y en el aire.
• La organización ecologista denuncia que la industria
intenta aprovechar la situación para pedir una rebaja de
los controles, también en Europa.
La administración Trump, a través de la Agencia para la
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés),
anunció la semana pasada una moratoria en el
cumplimiento de los estándares ambientales por parte de
las industrias peligrosas y contaminantes del país,
debido al coronavirus. El anuncio exime a dichas
industrias de llevar a cabo controles y mediciones, con
lo que no podrá conocerse el alcance de la
contaminación. La medida no tiene fecha de caducidad. Se
trata del último movimiento de un larga cadena de
despropósitos en materia ambiental por parte del
Gobierno estadounidense.
Ecologistas en Acción denuncia que la dejación de
funciones de la EPA no había conocido ningún precedente
similar y llega al extremo de renunciar a reservarse la
capacidad de intervención si, de la aplicación de la
medida, se derivara un problema grave de salud pública o
afección ambiental. Llegado ese caso, la administración
Trump delega en los estados las decisiones a tomar.
La organización ecologista se suma así a las críticas de
gran parte del sector científico, médico, ecologista y
comunidades afectadas que no han dudado en tachar la
decisión no solo de peligrosa sino de inmoral, y que
estudian medidas judiciales.
Se trata de una medida con un claro sesgo socioeconómico
en cuanto a sus efectos, dado que se cebará con las
capas más desfavorecidas de la sociedad. Está
ampliamente documentado cómo la personas más
empobrecidas -principalmente población no blanca-
habitan zonas en las que preferentemente se han venido
ubicando las industrias, refinerías de petróleo y
fábricas más contaminantes. Esta licencia para
contaminar hará que esas personas se vean expuestas a
niveles de contaminación por sustancias químicas tóxicas
en el agua y en el aire que comprometerán seriamente su
salud.
La decisión de la EPA, que ha sido calificada de
“dejación de funciones” por la antigua directora de la
institución Cynthia Giles, es una pésima noticia para el
40 % de los estadounidenses que viven a menos de 5
kilómetros de alguna instalación industrial de alto
riesgo.
Los argumentos utilizados para justificar la medida se
basan en las supuestas dificultades que las empresas
tendrían para cumplir con las normas ambientales si
quieren responder al reto de asegurar la adecuada
protección de trabajadoras, trabajadores y ciudadanía
durante la pandemia. No obstante, la realidad es que la
contaminación adicional que se va a producir a partir de
ahora podría precisamente comprometer la capacidad del
sistema inmune de personas con patologías previas para
resistir a una infección por coronavirus.
Samuel Martín-Sosa, de Ecologistas en Acción, ha
declarado: “La política adoptada por la EPA no llueve
del cielo, en las semanas previas la industria ya venía
reclamando una desregulación ambiental. Actores
económicos como la Cámara de Comercio o el American
Petroleum Institute habían enviados cartas al Gobierno
de EE UU en los días previos solicitando relajación de
impuestos y de normas. Entre las peticiones se
encontraba la solicitud de relajar los controles y el
cumplimiento de normas relativas a la calidad del agua,
los efluentes, la inspección de tanques, las emisiones
de benceno, las emisiones de gases de efecto
invernadero, la gestión de residuos peligrosos, las
medidas de remediación de suelos y aguas subterráneas,
controles químicos, etc. La decisión de la EPA
probablemente cubre de forma amplia sus expectativas”.
TAMBIÉN EN EUROPA
Según Ecologistas en Acción, es habitual en tiempos de
crisis que las grandes corporaciones contaminantes
aprovechen para intentar chantajear económicamente a los
gobiernos y colar su agenda de desregulación ambiental.
La UE no está siendo una excepción, un ejemplo de ello
es la petición de la industria del automóvil que en los
últimos días ha dirigido a la Comisión Europea para que
retrase la entrada en vigor de los estándares de
emisiones de los vehículos. “Es importante recordar que
se trata de la misma industria que engañó a los
ciudadanos con el dieselgate”, ha recalcado Martín-Sosa.
Estas peticiones de la industria encuentran eco político
en las fuerzas conservadoras. El grupo parlamentario de
los Reformistas y Conservadores Europeos, donde se
integran los negacionistas de Vox, está pidiendo firmas
entre los miembros del Parlamento Europeo para presionar
a la Comisión Europea en favor de una desregulación y un
abandono o retraso de iniciativas legislativas
ambientales como el Pacto Verde Europeo. También están
pidiendo que los fondos destinados a luchar contra el
cambio climático se destinen a luchar contra el
coronavirus. Por su parte, el grupo del Partido Popular
Europeo en el Parlamento Europeo está pidiendo posponer
la ‘Estrategia de la granja al plato’, entre cuyos
objetivos se encuentra el reducir las emisiones de la
cadena alimentaria y disminuir las afecciones sobre la
biodiversidad.
Por todo ello, Ecologistas en Acción se solidariza con
el movimiento ecologista estadounidense y rechaza las
medidas adoptadas en aquel país con la excusa de la
pandemia. Al mismo tiempo, alerta de las intenciones de
la industria en Europa y exige una salida a la crisis
que esté regida por criterios de sostenibilidad y
justicia social. |
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