• Además de Castilla y León, que ya ha
rectificado, hay al menos dos comunidades autónomas,
Galicia y Asturias, que de forma irresponsable autorizan
actividades cinegéticas con la excusa de los daños a la
agricultura.
• Ecologistas en Acción considera que la caza no sirve
para controlar poblaciones ni para evitar daños a la
agricultura y la ganadería.
• La organización ecologista reclama un análisis
objetivo y riguroso del problema. Se deben aportar
soluciones a largo plazo basadas en la gestión del
hábitat y en la autoprotección de las explotaciones.
Ecologistas en Acción denunció que la Junta de Castilla
y León había autorizado la práctica de la caza en
determinadas condiciones en pleno confinamiento de la
población, lo que provocó la rectificación de esta
administración. Pero este caso también se está
produciendo en otros territorios. Galicia y Asturias han
publicado medidas de emergencia sanitaria que permiten
excluir determinadas prácticas cinegéticas del régimen
de confinamiento que establece el Real Decreto 463/2020
por el que se declara el estado de alarma en España.
En el caso de Castilla y León, la reacción social y las
acertadas alegaciones de los agentes forestales ha
conseguido que la Junta se haya visto obligada a anular
la circular que permitía la caza. Los argumentos legales
son claros, pero lo son también los técnicos y
sanitarios.
Desde el punto de vista legal, la caza no puede
excluirse de las actividades que implican confinamiento.
Es una actividad de ocio, económica y no de primera
necesidad. Tampoco forma parte de la actividad agraria,
como ha pretendido argumentar la Junta de Castilla y
León.
Por otra parte, es notorio que las autorizaciones
excepcionales que se dan a los cazadores por presuntos
daños en los cultivos o en las explotaciones ganaderas
se han convertido en algo sistemático que ha generado un
nuevo negocio al margen de la temporada regular de caza
que acaba de terminar.
Finalmente, quienes tendrían que vigilar la adecuada
utilización de esos permisos extraordinarios, los
agentes medioambientales y forestales, son un personal
escaso, que debiera poder atender asuntos más
importantes que vigilar cazadores y que, como han
denunciado varias asociaciones, no disponen de los
equipos de protección individual para el caso de que
tuvieran que intervenir armas, denunciar o detener a
infractores.
Detrás de toda esta cuestión subyace la obsesión por los
posibles daños que puedan generar algunas especies
cinegéticas. Para su control se recurre una y otra vez a
los cazadores, a pesar de que no solo no ayudan a ese
control, sino que contribuyen a las superpoblaciones.
Persiguen a los depredadores naturales y, sobre todo en
el caso del jabalí y otros ungulados, no dudan en
alimentarlos artificialmente o en repoblar en busca de
los mejores y más numerosos trofeos.
Es entendible que pueda haber situaciones puntuales en
las que agricultores y ganaderos sufran algún perjuicio
por la presencia de especies cinegéticas, pero para ello
hay medidas de autoprotección que son verdaderamente
eficaces. Tal vez sea el momento de asumirlas de una vez
y de pedir a las Comunidades Autónomas y al Estado que
ayude de forma más decidida en aquellos casos más
justificados.
POR TODO ELLO, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SOLICITA:
• Que todas las autoridades establezcan con claridad la
prohibición de salir a cazar, sea en la modalidad que
sea, en el estado de emergencia.
• Que Galicia, Asturias, u otros territorios que las
puedan tener, retiren las normas, circulares o
instrucciones que permiten la caza en los momentos
actuales.
• Que, en el caso de que las comunidades no actúen, sea
el Gobierno central quien actúe, retirando las normas
ilegales y denunciando judicialmente a los responsables
de su aprobación.
• Que las administraciones se replanteen la gestión que
hacen de las poblaciones de especies de caza, asumiendo
que esta actividad no ayuda a controlar las poblaciones.
Se puede y se debe afrontar el problema de los daños de
una manera objetiva, con medidas de gestión del hábitat
y de protección de las explotaciones que son efectivas a
largo plazo.
• Que se establezca un sistema de seguros frente a daños
accesible y garantista para agricultores y ganaderos que
tomen medidas de autoprotección. |
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