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Fuente: Comisiones Obreras (CCOO)
Valencia 07
de noviembre de 2019

CCOO EXIGE AL GOBIERNO RESULTANTE DEL 10N LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE VIOLENCIA Y ACOSO EN EL TRABAJO

 

• En el centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se aprobó el Convenio 190 para la eliminación de cualquier tipo de violencia en el mundo laboral que, de ser asumido por nuestro país, tendría importantes repercusiones en el ordenamiento jurídico y en el ámbito de las empresas.

Elena Blasco Martín, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, y una de las presentes durante el proceso de negociación del acuerdo, ha participado esta mañana en Valencia en unas jornadas sobre cómo las normas internacionales del trabajo pueden obligar a nuestro Gobierno a actualizar y mejorar las de nuestro ámbito.

Este es el caso del Convenio 190 que, por una parte, prohíbe expresamente tolerar cualquier tipo de acoso y de violencia en el trabajo, independientemente del tipo de contrato que se tenga y aplicable en todos los espacios vinculados con el mundo laboral, con especial protección de aquellos colectivos más vulnerables como las mujeres, migrantes, las personas LGTBI y las provenientes de la economía informal. Por otra parte, recoge los efectos en el ámbito laboral de la violencia de género y machista, posibilitando desde medidas de protección de la víctima hasta derechos como la flexibilidad horaria o de permisos en el trabajo.

La adopción del Convenio 190, y la Recomendación 206 que lo complementa, es un hito histórico, puesto que considera que el acoso y la violencia son incompatibles con el trabajo decente y establece la responsabilidad de los países y de las empresas en la promoción de un entorno de tolerancia cero con esta realidad. En nuestro caso, afectaría a leyes como la de igualdad, la de violencia de género, la de prevención de riesgos laborales e incluso al Estatuto de los Trabajadores.

“Desde CCOO ya hemos trasladado al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez la necesidad de que España lo ratifique y no hemos encontrado, de entrada, una negativa”, asegura Blasco, “por lo que seguiremos insistiendo al Ejecutivo resultante de las urnas del próximo 10 de noviembre. Desde luego, asumimos la responsabilidad de llevarlo a cabo porque supone aumentar los derechos colectivos y mejorar las condiciones sociales y laborales de todas las personas trabajadoras”.  

 

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