• En lo que va de año, hasta el 8 de
septiembre, se han registrado 9.483 incendios en España,
con 74.610 hectáreas afectadas por el fuego, de ellas
más de 24.000 de superficie arbolada, según datos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Estos
datos sitúan a 2019 como uno de los años con más
extensión quemada de la última década.
El descenso de las precipitaciones y la incidencia del
cambio climático agravan la propagación de los incendios
y su voracidad. A esta circunstancia se añaden viejos
problemas estructurales derivados de la escaso valor que
se da al patrimonio que representan nuestras montes y
terrenos forestales por parte de los gobiernos, estatal
y autonómicos, que obvian la importancia de una adecuada
ordenación de nuestros montes que posibilite una
planificación adecuada y un mayor y mejor
aprovechamiento ligado a su conservación. Una buena
gestión forestal facilitaría una mayor sostenibilidad
ecológica, económica y social de las actividades
forestales.
Esta falta de consideración ha supuesto una política
forestal errática o inexistente que se refleja en una
progresiva reducción de la inversión, empezando por las
políticas de prevención. Cuando afirmamos que los
incendios se empiezan a apagar en invierno queremos
poner de relieve que en este periodo se deben
desarrollar muchas tareas silvícolas. Esta actividad,
además de evitar significativamente los riesgos de
incendios facilitaría aumentar los aprovechamientos, no
solo de biomasa y productos forestales, sino también de
otras muchas actividades. Por eso, es una
irresponsabilidad no fomentar esta posibilidad de
beneficios económicos ubicados en el ámbito rural que
ayudaría a evitar el abandono de muchas zonas de nuestra
“España vaciada”, abandono que, a su vez, también
representa un factor potenciador de los incendios
forestales.
Los presupuestos sobre prevención son mucho más bajos
que los dedicados a la extinción. Más grave aún si
tenemos en cuenta que se considera prevención
actividades como hacer cortafuegos, áreas de defensa o
la apertura de pistas forestales para la evacuación,
etc.
Para CCOO, si las consecuencias de los casi 9.500
incendios que se han producido en este año 2019 no han
sido más perjudiciales, se debe a la demostrada
profesionalidad de los componentes de los operativos
contra incendios. Operativos que han sido objeto de
drásticas reducciones presupuestarias a raíz de la
crisis económica y que han visto mermadas sus
condiciones laborales, que aún no han recuperado.
A esto hay que añadir que existen tantos modelos de
operativos como comunidades autónomas, con enormes
diferencias entre ellos que se reflejan en distintas
formas de organizarse con respecto a los modelos,
actividades, políticas de prevención de riesgos
laborales, condiciones salariales y económicas de los
profesionales que intervienen en primera línea en la
lucha contra los incendios.
Estas situaciones se han visto recogidas en el Catálogo
de Medios de Extinción Forestal que presentó CCOO en el
pasado mes de julio, en el que se pone de manifiesto que
nos encontramos ante un complejo entramado de medios y
grupos humanos organizados de maneras distintas. Cada
autonomía tiene su propio modelo en virtud de las
competencias asumidas en defensa del medio natural, lo
que dificulta conocerlos y compararlos. Nos encontramos
ante un mapa autonómico que a su vez define un puzle de
modelos de extinción tan variados como desconocidos que
en nuestra opinión representa un problema para
determinar la suficiencia de los recursos humanos y
técnicos, así como su seguridad, eficacia y eficiencia a
la hora de extinguir los incendios.
CCOO considera necesario homogeneizar modelos de
operativos y cohesionar las condiciones laborales de las
trabajadoras y trabajadores de todo el Estado. Por ello,
seguimos reclamando un Estatuto Básico de Bomberos
Forestales para facilitar un reconocimiento de su
actividad tanto desde el punto de vista de su
profesionalidad, de sus funciones, de los riesgos a los
que se enfrentan, de la formación básica y adecuada que
necesitan, el derecho a un empleo digno y estable y a
una retribución justa que disminuya o elimine las
enormes diferencias económicas que perciben, dependiendo
de dónde y quién les contrate.
Asimismo, es necesario mejorar la coordinación entre los
distintos colectivos profesionales, los procedimientos
de intervención entre comunidades limítrofes, los
sistemas de comunicaciones y las medidas de seguridad
para todos aquellos que intervienen en la emergencia.
En definitiva, corregir las graves deficiencias en la
lucha contra los incendios forestales exige aunar
prevención, extinción y restauración. Para CCOO, esto
pasa también por contar con un operativo contra
incendios con personal público y unas condiciones dignas
de empleo. |
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