• La organización valora que se
contemplen medidas como la renaturalización o la
reconversión de producción a secano.
• Ejemplos como Doñana o el Mar Menor sirven para
ilustrar que la presión social y ciudadana puede obligar
a la clase política a alcanzar acuerdos en favor del
medioambiente y las personas.
• La organización recuerda que Doñana es tan sólo la
punta del iceberg del problema de la sobreexplotación de
acuíferos debido a la agricultura intensiva e
industrial.
Greenpeace valora positivamente que se haya llegado a un
acuerdo entre el Gobierno central y la Junta de
Andalucía ya que, entre otras cosas, entierra
definitivamente la proposición de ley impulsada por el
Partido Popular, que pretendía amnistiar a regantes
ilegales en la corona norte de Doñana. Tras la
presentación del “Marco de actuaciones para el
desarrollo territorial sostenible del área de influencia
del espacio natural de Doñana”, la organización
ecologista celebra que, dados los problemas de agua que
existen, y cada vez aumentarán en la zona, las medidas
propuestas vayan encaminadas, entre otras cosas, a la
transformación de cultivos agrícolas en otros fines como
la renaturalización y la reconversión en secano o en
agricultura ecológica. También valora positivamente que
el marco de actuaciones se extienda a los catorce
municipios del área de influencia del Espacio Natural de
Doñana, porque contribuye a generar una solución
integral en el territorio.
Sin embargo, Greenpeace observa con preocupación que
aquellas explotaciones que han estado regando de forma
ilegal durante años puedan beneficiarse de las ayudas
para la diversificación agraria contempladas en el
acuerdo. De ser así, se estaría premiando económicamente
a aquellas personas que han estado incumpliendo la ley.
En este sentido, esperan que la ministra Teresa Ribera
cumpla el compromiso, explicitado hoy durante el acto de
presentación del acuerdo, de no dar ni un euro a quien
incumpla la legislación vigente. Esto, a juicio de la
organización ecologista, afectaría a aquellas fincas que
han estado utilizando agua para regadío sin
autorización.
Por otro lado, la organización recuerda que este acuerdo
no debería paralizar los procesos judiciales y
administrativos ya abiertos hacia aquellas fincas que
han estado incumpliendo la ley durante años. Igualmente,
recuerda que se deben reforzar los esfuerzos para
perseguir el robo de agua, que por desgracia ha sido una
práctica habitual durante todo este tiempo, acometiendo
el cierre de todos los pozos ilegales que hay en la
zona. Además, la organización ecologista se muestra
preocupada porque aquellos beneficiarios de las ayudas
trasladen sus explotaciones a otras zonas de la
provincia de Huelva en las que el recién aprobado plan
hidrológico contempla incremento de superficie de riego,
trasladando así el problema a otras zonas.
A falta de hacer un análisis más exhaustivo del resto de
medidas, la organización ecologista quiere hacer
hincapié en la importancia que tiene la presión
ciudadana a la hora de conseguir que haya entendimiento
entre diferentes administraciones públicas, con
independencia de su color político, en aras de
garantizar la protección de los ecosistemas y del
desarrollo local de la población de una zona.
Por otro lado, Greenpeace recuerda que el caso de Doñana
es tan sólo la punta del iceberg de una problemática que
afecta a muchos otros lugares del estado español. Tal y
como puede observarse en el informe La burbuja del
Regadío en España, el 32,88% de los regadíos actuales se
encuentran situados sobre masas de agua subterránea en
mal estado cuantitativo (sobreexplotados). La
agricultura intensiva e industrial de regadío y la
ganadería intensiva son responsables de más del 80% del
consumo de agua y de que el 44% de las masas de agua
subterráneas del país se encuentren en mal estado. Por
ello, Greenpeace considera que es vital que se ensayen
procesos de transición social, ecológica y económica
como el que se ha presentado hoy en Doñana. El exceso de
demanda hídrica que ejerce el actual modelo
agroindustrial y de ganadería intensiva, unido a los
efectos del cambio climático, hacen más que urgente
acometer procesos de transición en los que se incluyan
criterios de justicia social en el reparto del agua, que
garanticen la supervivencia de las explotaciones de
agricultura social y familiar, en detrimento de otros
modelos agroindustriales especulativos. |
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