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• Esta semana comienza la COP28 y Salud
por Derecho publica hoy un documento con recomendaciones
para hacer frente a la emergencia climática que ha
remitido a la ministra para la Transición Ecológica.
• Entre 2030 y 2050, se esperan 250.000 muertes anuales
adicionales relacionadas con los efectos del cambio
climático.
• La supresión de los combustibles fósiles, la
financiación de políticas de adaptación y mitigación,
especialmente en los países con menos recursos, y la
puesta en marcha de un fondo de pérdidas y daños son
tres de las principales medidas propuestas.
Del 30 de noviembre al 12 de diciembre, tendrá lugar en
Dubái la Conferencia de las Partes (COP28), donde los
Estados se reunirán para abordar la crisis climática
global. En este contexto, Salud por Derecho ha publicado
hoy un documento con recomendaciones para abordar la
urgencia climática que ha enviado a la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera, instando al
Gobierno a defender con firmeza estas medidas desde la
Presidencia Española de la UE. La organización ha
mostrado su preocupación por la inacción y los limitados
avances que se esperan en la COP28, a pesar de la
trascendencia del momento, y recuerda que la falta de
compromisos reales y efectivos dificultará aún más poder
alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
El impacto del cambio climático en la salud humana es
innegable y alarmante. Entre 2030 y 2050, podrían
producirse alrededor de 250.000 muertes adicionales al
año debido a causas como la desnutrición, la malaria, la
diarrea o el calor, según las estimaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Comisión
Lancet. Además, el prestigioso informe de Lancet
Countdown de 2023 advierte de que las muertes
relacionadas con el calor en personas mayores de 65 años
han aumentado un preocupante 85% en comparación con la
década comprendida entre 1990 y el año 2000.
Este impacto en la salud tiene muchas vertientes. Por un
lado, la económica: un coste de entre 2000 y 4000
millones de dólares anuales hasta 2030 que recae
especialmente en los países con menos recursos y peores
infraestructuras que, sin embargo, son los que menos
contaminan y menos pueden protegerse. Por otro lado,
afecta al comportamiento de muchas enfermedades, tanto
transmisibles como no transmisibles, cuyos patrones se
ven alterados por las cada vez más frecuentes e intensas
olas de calor o de frío, inundaciones y largos periodos
de sequía. Un ejemplo ilustrativo es el caso de la
malaria, que se expande hacia nuevas regiones donde han
cambiado las condiciones climáticas permitiendo la
proliferación del mosquito portador del vector.
Además, la contaminación atmosférica aumenta también las
enfermedades respiratorias y oncológicas, siendo
especialmente relevantes en poblaciones más vulnerables,
como la infancia, mujeres embarazadas, personas mayores,
trabajadores expuestos al aire contaminado y enfermos
crónicos. En 2019, 6,67 millones de personas murieron en
todo el mundo debido a la contaminación del aire.
Los efectos del cambio climático se extienden también a
la agricultura, donde periodos de sequía reducen e
incluso acaban con las cosechas de las que depende la
supervivencia de muchas poblaciones, que son obligadas a
migrar para hacer frente al futuro.
QUÉ PIDE SALUD POR DERECHO
Las emisiones globales de gases de efecto invernadero
experimentaron un preocupante aumento del 12% entre 2010
y 2019, una cifra que asciende al 54% si la comparamos
con los niveles de 1990. Es una tendencia insostenible
que tiene una clara solución urgente: acabar con los
combustibles fósiles. Para ello, Salud por Derecho
propone un plan global que permita su eliminación
gradual, promoviendo energías renovables y medidas que
impulsen la eficiencia energética. La meta es reducir
las emisiones en un 43% para 2030 y un 60% para 2035 con
respecto a los niveles de 2019. Para conseguirlo, es
imprescindible acabar con toda financiación pública para
combustibles fósiles, incluidos los subsidios. Según el
Fondo Monetario Internacional, los subsidios globales a
este asunto alcanzaron los siete billones de dólares en
2022, un máximo histórico.
Siguiendo con la financiación, Salud por Derecho destaca
la obligación de los países con rentas más altas de
cumplir cuanto antes el compromiso de destinar 100.000
millones de dólares a la financiación climática que
adoptaron para 2020. Asimismo, reclama un aumento de la
inversión destinada a políticas de adaptación para 2025,
apoyando a los países con menores ingresos a hacer más
fuertes y resistentes sus sistemas de salud y a mejorar
aspectos clave como el acceso al agua, saneamiento,
vivienda o infraestructuras sostenibles. La organización
recuerda que la financiación destinada a inversiones en
políticas de adaptación es menor porque se priorizan las
acciones de mitigación. Sin embargo, ambas políticas son
necesarias y complementarias, por lo que su financiación
también debe serlo.
La organización reclama, asimismo, la puesta en marcha
de fondo de pérdidas y daños para atender las
necesidades de las comunidades más afectadas. Esta
financiación debe otorgarse en forma de subvenciones y
no préstamos, teniendo en cuenta los contextos
específicos de las regiones que los soliciten e ir
acompañados con planes de protección social para mejorar
el acceso a los servicios de salud de las comunidades
afectadas.
Otras medidas que recoge el informe son planes
especiales para prevenir los problemas de salud y
reducir las muertes relacionadas con el cambio
climático, así como proteger a las poblaciones y
comunidades más afectadas y vulnerables; y garantizar la
protección del derecho a la salud de los migrantes
climáticos.
En un contexto global donde sobrevuela la amenaza de
incumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
con 735 millones de personas padeciendo hambre en todo
el mundo, Salud por Derecho exige medidas inmediatas
para abordar la inequidad y las desigualdades, colocando
la salud y la sostenibilidad en el centro de la voluntad
política.
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