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• Más de 130 organizaciones, junto con
100 personas expertas y académicas de 30 países, han
enviado una carta abierta a la Presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen, exigiendo la retirada de
la Ley Europea de Materias Primas Críticas.
• Se rechaza la ley por su desprecio a los derechos
humanos y medioambientales, su respaldo a la ingeniería
social para obtener el silencio de las comunidades y su
incapacidad para abordar tanto una normativa minera
obsoleta, como la urgencia de reducir la demanda de
metales.
• Si se aprueba, la ley acelerará los procedimientos de
concesión de permisos mineros, recortará la legislación
medioambiental y sentará las bases para inyectar miles
de millones de euros a empresas mineras especulativas
social y medioambientalmente irresponsables.
No ha tardado la reacción ante el anuncio del pasado
lunes del Consejo y Parlamento europeos de dar luz verde
a la Ley de Materias Primas Críticas. Más de 130 grupos
de la sociedad civil y comunidades locales, así como
personas expertas y científicas de 30 países de dentro y
fuera de Europa, han firmado una carta abierta dirigida
a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen, en la que rechazan el texto legislativo y piden
su retirada.
Haciendo referencia a la profunda crisis política que
vive Portugal a raíz del escándalo derivado de dos minas
de litio en la frontera con Galicia, la carta advierte
de que la legislación propuesta ampliará la influencia
del lobby minero erosionando la gobernanza pública,
extendiendo los casos de corrupción y acentuando las
asimetrías de poder. Solo en España, el Observatorio
Ibérico de la Minería ha documentado más de 30 casos de
corrupción o falta de adecuada supervisión
administrativa.
La carta también expone que los responsables políticos
de la UE no han visto más allá de la "burbuja" de
Bruselas, haciendo caso omiso de las repercusiones
potencialmente catastróficas de un nuevo boom minero con
una normativa obsoleta. Por ejemplo, se pone en
evidencia cómo diversas instalaciones de residuos
mineros que se están proponiendo para nuevas minas en
España o Portugal serían ilegales en países como Brasil,
Chile, China, Ecuador o Perú. Países que, a raíz de los
accidentes sufridos, han endurecido su normativa.
Los firmantes también censuran que la ley de materias
primas críticas respalda actividades de “aceptación
social” destinadas a transformar la oposición pública a
determinados proyectos mineros en tolerancia pasiva o
apoyo activo. La carta sostiene que promover la
pasividad ciudadana ante ante actividades ilegales,
daños socioambientales, corrupción y abusos laborales
vulnera los principios democráticos y socava gravemente
el Estado de Derecho. Esto se ilustra con 23 proyectos
financiados por la UE por un coste total de 169 millones
de euros, la mayoría con socios españoles, que entre sus
objetivos tenían influir en la aceptación pública de los
proyectos extractivos.
Las organizaciones y académicas firmantes destacan,
además, la incapacidad de los colegisladores para
incorporar objetivos de reducción de la demanda de
materiales, lo que nos aboca hacia un aumento
exponencial de la minería no sólo en la UE sino en todo
el mundo, dado que Europa acapara más del 20% de los
metales y minerales mundiales a pesar de tener menos del
10% de la población mundial. Dado que las
concentraciones de mineral en los yacimientos es cada
vez más reducida, las nuevas minas generan un mayor
impacto ambiental, mayor movimiento de tierras que
generan mayores volúmenes de residuos, un mayor consumo
energético y un aumento de las emisiones, bajo normas de
seguridad mínimas en operaciones low cost.
Por último, la carta advierte de que la aprobación de la
ley europea de materias primas críticas dará lugar a
acciones legales por parte de las organizaciones
firmantes, ya que la legislación propuesta vulnerara los
derechos de participación pública en la toma de
decisiones medioambientales, consagrados por la
Convención de Aarhus, de la que son parte tanto el
Estado español como la propia Unión Europea. |
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