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• En estas últimas horas hemos conocido
que el candidato designado para concitar una mayoría
parlamentaria, el actual presidente en funciones Pedro
Sánchez, ha articulado una mayoría que hace previsible
su inminente designación como presidente del Gobierno.
• Para CCOO esta noticia es positiva y plenamente
respetuosa con el resultado de las elecciones celebrada
el pasado 23 de julio. España necesita recuperar cuanto
antes un gobierno en plenas funciones que afronte con
sensibilidad social los importantes retos que tenemos
como país.
Todo parece indicar que tras la investidura se
conformará un gobierno de coalición entre PSOE y Sumar,
reeditando una fórmula de gobierno progresista, cuya
actividad legislativa deberá apoyarse en una mayoría
parlamentaria heterogénea. Para CCOO, superada la
investidura, debe abrirse paso una legislatura llamada a
emprender una agenda social y de reformas, y para ello
es necesaria la estabilidad parlamentaria.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución, que
recoge el carácter nuclear que tenemos los
interlocutores sociales en la conformación de un estado
social y democrático de derecho, y CCOO apostamos por
que el diálogo social sea un elemento central en la
gobernabilidad de las relaciones laborales y
socioeconómicas en estos próximos cuatro años. Para ello
será imprescindible el desarrollo de una ley que proteja
el carácter institucional que nos ha reservado nuestra
norma fundamental de convivencia.
El diálogo social, pues, debe ser motor de las reformas
legislativas a impulsar para facilitar las transiciones
digitales y energético/ecológicas, que tienen un fuerte
impacto en el tejido productivo y en el empleo.
Asimismo demandaremos un refuerzo de nuestros servicios
públicos, con especial atención a la sanidad y la
educación pública; una fiscalidad suficiente y
progresiva, la reedición de un contrato social que
incorpore una estrategia de cuidados y una ambiciosa
política para el acceso a la vivienda, e instaremos a
seguir dando pasos en la mejora de los derechos
laborales mediante la actualización del Estatuto del
Trabajo; el desarrollo de los acuerdos de seguridad
social; el incremento del SMI; la regulación del
despido, redefiniendo sus causas, acorde a la Carta
Social Europea Revisada, o la necesaria reducción de la
jornada laboral. Pedimos al gobierno ambición para
lograr el objetivo del pleno empleo y políticas que
beneficien a las mayorías sociales y a la clase
trabajadora. La justificación primordial de un gobierno
progresista será una potente agenda social que haga
compatibles las transformaciones y transiciones en
marcha con la lucha contra la desigualdad, la pobreza y
la precariedad. En esta legislatura se debe desarrollar,
por fin, el art.129 de la Constitución Española abriendo
definitivamente la puerta de la democracia en las
empresas.
El próximo gobierno estará emplazado a defender una
posición en el seno de la Comisión Europea que evite que
la reforma de la gobernanza económica europea imponga
reglas fiscales que, por su ritmo o severidad, nos haga
volver a las políticas de austeridad. CCOO hemos
advertido de los riesgos de ese escenario. Las
transiciones estratégicas que se están dando en nuestro
país y en el conjunto de la Unión, en un momento de
incertidumbre global, son incompatibles con políticas de
ajuste. El riesgo de crecientes asimetrías, cuando los
Estados con más margen fiscal están subsidiando
intensamente sus aparatos productivos, es muy relevante.
CCOO somos conscientes de las polémicas y dificultades
que han jalonado los diversos acuerdos de las fuerzas de
gobierno con la mayoría parlamentaria y singularmente
con los partidos nacionalistas. La llamada “ley de
amnistía” puede ser un terreno polémico y resbaladizo,
pero es necesario apostar por la normalización de la
vida política y social en España y en Catalunya.
Reconocemos que medidas anteriores han servido tanto
para pacificar la situación en todo el país como para
impulsar la marcha económica de los territorios
afectados, por lo que esperamos que apuestas más audaces
en el ámbito de nuestra norma fundamental de
convivencia, cuya máxima interpretación corresponde en
todo caso al Tribunal Constitucional, sirvan para dejar
definitivamente atrás los episodios ligados al procès.
Apelamos a retomar las vías de la negociación y el pacto
político, y descartar cualquier escenario de
unilateralidad en la formulación de cualquier marco de
autogobierno.
Por otro lado, las diversas negociaciones sobre la
condonación parcial de la deuda ligada al Fondo de
Liquidez Autonómico (FLA) deben concretarse en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Más allá de las
interpretaciones que se le han querido otorgar a este
acuerdo, la medida está destinada al conjunto de
comunidades autónomas. Es por ello que el debate apela
directamente al propio modelo de financiación
autonómico. Para y CCOO esta cuestión es nuclear para
abordar una mejora a largo plazo de los servicios
públicos, muchos de ellos de competencia autonómica. El
debate de la financiación autonómica no puede abordarse
desde el agravio comparativo, y más allá de los
criterios en disputa, lo que es innegable es que España
necesita ampliar su base fiscal. Si el debate sobre
financiación autonómica se hace a la vez que algunas
CCAA apuestan por la desfiscalización (sobre todo de las
rentas altas), será misión imposible alcanzar consensos
satisfactorios.
La ciudadanía española ha apostado por una mayoría
parlamentaria plural, que refleja la diversidad de
nuestro país y ha rechazado la posibilidad de un
gobierno con presencia de la extrema derecha. CCOO
rechaza cualquier intento de inestabilización
institucional de nuestro país y, como siempre, seremos
corresponsables defendiendo los intereses de las
personas trabajadoras en cumplimiento del mandato
constitucional que tenemos atribuido. |
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