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• El Tribunal Supremo ha admitido a
trámite el recurso de las organizaciones contra este
plan, que prevé un incremento, en las dotaciones para el
riego, de más del doble del anterior ciclo de
planificación.
• Cumplir la planificación llevaría a la cuenca a un
estado de déficit hídrico estructural debido al exceso
de demanda de la agricultura.
• Las organizaciones consideran que el plan rebasa las
competencias transferidas a la Junta, estableciendo
caudales ecológicos en el río Chanza, cuya competencia
corresponde a la Confederación del Guadiana.
• Las organizaciones critican que la presa de Alcolea
siga apareciendo como un mecanismo para garantizar el
incremento de dotaciones, cuando diversos estudios
científicos certifican la mala calidad de sus aguas.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso
presentado por las organizaciones ecologistas Greenpeace
y Ecologistas en Acción contra el Real Decreto que
aprobó el plan hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras
(TOP), cuya gestión es competencia de la Junta de
Andalucía. El plan hidrológico fue aprobado el pasado 18
de julio en conjunto con los planes de las Cuencas
Mediterráneas Internas de Andalucía y con el de el
Guadalete Barbate. Las organizaciones ecologistas han
dado este paso ante la constatación de que las medidas
aprobadas en dicho plan podrían llevar a la cuenca al
colapso hídrico, llegando a vulnerarse el derecho humano
al agua en algunas de las poblaciones que forman parte
de la misma.
En el recurso presentado, las organizaciones ecologistas
alertan que el inventario de recursos hídricos previsto
en el plan está sobreestimado, sin contemplar las
reducciones de aportaciones que establecen los
escenarios de cambio climático para este nuevo ciclo de
planificación. En lo que respecta a los usos y demandas,
las organizaciones alertan que este ciclo de
planificación prevé un incremento de más del doble en
las dotaciones para orientarlas a la obtención de
beneficios de la producción agrícola industrial de
regadío frente a otros usos, y que, para hacer esto, el
plan se apoya en una previsión de recursos hídricos que
está “falseada”.
El plan cuenta con la disponibilidad de unos recursos
que no existen en la demarcación del TOP, ni hay
seguridad de que se cuente con ellos en el futuro. Esto
es así tanto por la inexistencia de base legal para la
transferencia de recursos desde la Cuenca del Guadiana,
como por los efectos negativos derivados del cambio
climático, que exige una adaptación a un futuro con
menos recursos naturales, mayores índices de
evapotranspiración, así como a una mayor necesidad de
agua para el tipo de cultivos de agricultura industrial,
mayoritarios en la demarcación.
Las organizaciones alertan que este plan podría llevar a
la cuenca hidrográfica a un estado de colapso hídrico,
con consecuencias socioeconómicas muy graves para la
zona. Esa previsión de asignación de recursos tan
exagerada para el tercer ciclo puede generar además un
‘efecto llamada’, que ya reconocía el propio organismo
en el esquema de “temas importantes” presentado en el
proceso de elaboración de la normativa.
“El plan debería ir en la dirección opuesta, contener la
demanda para ajustarla a los recursos realmente
existentes y plantear una disminución como consecuencia
del cambio climático. O se aborda la puesta en marcha de
una transición hídrica justa que garantice el
fortalecimiento de la agricultura social y profesional,
frente a usos agrícolas especulativos de grandes
empresas y fondos de inversión, o serán las familias más
vulnerables del sector las que se verán afectadas por
las reducciones de dotaciones que se realizarán a golpe
de sequías”, ha declarado Luis Berraquero Díaz,
coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía.
Las organizaciones ecologistas entienden que esta
planificación podría poner en peligro la garantía del
derecho humano al agua y a gozar de un medio ambiente
adecuado, reconocido por la Asamblea General de Naciones
Unidas en 2010 y, ahora, también por la constitución
española. Por otro lado, las organizaciones alertan de
que el plan prevé un incremento de las dotaciones que se
están realizando desde el Bocachanza al sistema del TOP.
Unas extracciones que fueron aprobadas en una situación
de excepcionalidad, mientras se construía la presa del
Andévalo, y que se han convertido en norma. La nueva
planificación hidrológica prevé, además, un incremento
de las extracciones, lo que implicaría un incumplimiento
del convenio de la Albufera por parte de la Junta de
Andalucía e iría en contra del principio de unidad y
gestión de cuenca.
En materia de valoración del estado de las masas de agua
subterráneas, las organizaciones advierten que un
incremento de la superficie de regadío vendría a ejercer
mucha más presión sobre el estado cuantitativo de los
acuíferos, sobre los que se vienen haciendo extracciones
ilegales de forma reiterada. Por otra parte, para las
organizaciones el plan debería dedicar mayor atención y
mayores dotaciones a la puesta en marcha y revisión y
mejora de las instalaciones de depuración de aguas
residuales de las poblaciones que se encuentran en la
cuenca, así como contar con un programa de medidas para
afrontar los drenajes que la multitud de proyectos
mineros están realizando sobre cauces y masas de agua
subterránea.
“Necesitamos garantizar que se alcancen los objetivos de
mejora de estado cuantitativo y cualitativo de las masas
de agua subterráneas establecidos por la Directiva Marco
de Agua, cuyo cumplimento está muy lejos de ser
alcanzado en el plan hidrológico presentado, así como
una revisión de los vertidos mineros que, en la
actualidad, están envenenando cauces y acuíferos”, ha
declarado Luis Domínguez, coordinador provincial de
Ecologistas en Acción Huelva y representante en el
Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica Tinto
Odiel Piedras.
Por último, las organizaciones observan con sorpresa que
se siga planteando la continuidad de las obras de la
presa de Alcolea como una de las fórmulas para
incrementar la disponibilidad de recursos. Todos los
pronunciamientos científicos y los estudios realizados
corroboran la mala calidad de las aguas del Odiel y del
Oraque, lo cual hace inviable la posibilidad de utilizar
sus aguas e inútil, por tanto, mantener la inversión en
las obras situadas en la confluencia de ambos ríos. La
apertura de nuevas actividades mineras previstas
contribuirá, más aún si cabe, a empeorar la calidad de
esas aguas, por lo que las organizaciones exigen que se
retire la propuesta de continuidad de las obras y evitar
tanto el despilfarro de dinero público como la
generación de falsas expectativas en la disponibilidad
de unos recursos hídricos, que solo existen sobre el
papel. |
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