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• El Ministerio de Alberto Garzón también
ha rechazado por primera vez subvencionar campañas para
controlar los precios de la luz y el gas.
• El Ministerio de Consumo ha negado a FACUA-Consumidores
en Acción financiación para investigar y denunciar
fraudes con el argumento de que le provoca "presión
social".
• En la resolución de la convocatoria de subvenciones a
las asociaciones de consumidores de este año, el
departamento que dirige Alberto Garzón también ha
rechazado una campaña para controlar los precios de la
luz y el gas que venía sufragando en ejercicios
anteriores.
FACUA considera de extrema gravedad el veto del
Ministerio de Consumo y cree que intenta así limitar su
capacidad de controlar el mercado y denunciar las
prácticas ilícitas que se produzcan en él, en perjuicio
de los intereses de los consumidores.
Curiosamente, las ayudas que Consumo niega ahora a FACUA
por considerar "improcedente" e incluso "imposible"
otorgárselas, le han sido concedidas para proyectos
similares durante las dos últimas décadas por el
ministerio competente en la protección de los
consumidores. De hecho, en los tres años en que Garzón
ha sido ministro de Consumo, su departamento ha
destinado a FACUA financiación para programas
prácticamente idénticos a los que ahora le rechaza.
EL TRASFONDO, MÁS DE 600 EMPRESAS DENUNCIADAS POR
FACUA
Como trasfondo de la decisión, las denuncias contra más
de 600 empresas presentadas por FACUA ante el Ministerio
de Consumo durante la legislatura, casi ninguna de las
cuales ha recibido respuesta. Una pequeña parte de esas
denuncias fue fruto de estudios realizados por la
asociación en el marco de programas financiados por el
ministerio.
"Resulta imposible subvencionar un programa que tiene
como finalidad efectuar estudios sobre incumplimientos
legales", dice el documento, con el argumento de que
ello "en definitiva supone trasladar a las
Administraciones Públicas la presión social que implique
la difusión de sus resultados, sin haber tenido
aquellas, con carácter previo, intervención ni
conocimiento de las actividades desarrolladas o haber
podido constatar los incumplimientos legales o
contractuales que se detecten en el desarrollo y
ejecución del proyecto".
"EVITAR EL AUMENTO EXCESIVO DE PRECIOS EXCEDE DE LAS
COMPETENCIAS"
Otra de las motivaciones para rechazar una campaña
similar a las que FACUA ha desarrollado en los últimos
años con financiación de Consumo es "evitar el aumento
excesivo de precios excede de las competencias
horizontales de protección de los consumidores y
usuarios" del ministerio. Argumento con el que concluye
ahora que "no se debe acceder a la subvención de este
programa".
Sin embargo, FACUA lleva años desarrollando proyectos
subvencionados por Consumo en los que se incluyen
análisis sobre la evolución de los precios de la
electricidad y el gas. Análisis que han contribuido a
poner en evidencia incrementos desproporcionados y
prácticas abusivas ante las que la asociación viene
reclamando al Gobierno que intervenga con mayor
contundencia en ambos sectores para frenar sus subidas e
irregularidades.
¿COMPETENCIAS EXCLUSIVAS?
En el texto de la resolución sobre las subvenciones
adoptada por la Subdirección General de Arbitraje y
Derechos del Consumidor se advierte de que "las
autoridades competentes son, además, quienes han de
llevar a cabo el análisis de las prácticas comerciales
desleales, ya sea a iniciativa propia o por denuncia".
Se trata, advierte FACUA, de otro intento de coartar el
campo de actividad de las asociaciones de consumidores
que, además, entra en la contradicción de afirmar al
mismo tiempo que las actuaciones de las autoridades
puedan llevarse a cabo como consecuencia de denuncias.
Denuncias que, obviamente, requieren previamente del
análisis de las prácticas comerciales por parte del
denunciante, con independencia de que sea la autoridad
competente la que tenga la potestad de resolver si
infringen o no la legislación.
Así, las autoridades no tienen la competencia exclusiva
del análisis de las prácticas comerciales desleales,
sino la de aplicar sanciones contra las empresas que
resuelva que incurren en ellas, recalca FACUA.
Frente a ello, el documento del ministerio señala "la
improcedencia de que una asociación de consumidores
lleve a cabo la elaboración, publicación o difusión de
un estudio subvencionado por la Administración Pública
para, en su caso, iniciar un procedimiento sancionador".
Sin embargo, no existe ninguna norma que considere
improcedente que esa actividad sea objeto de
financiación pública.
Por primera vez en la historia, el ministerio competente
en protección de los consumidores niega financiación a
proyectos de una asociación de consumidores basándose en
que las actividades previstas en él están dentro de las
competencias de la administración.
Pero al tiempo que rechaza subvencionar el análisis de
prácticas comerciales desleales con el argumento de que
esa es una competencia del ministerio, Consumo sí ha
accedido a financiar un programa de FACUA centrado en
informar a los consumidores vulnerables sobre sus
derechos, algo que también compete al departamento que
dirige Garzón. El real decreto por el que se establecen
las competencias del Ministerio de Consumo señala que
entre ellas está proporcionar a los ciudadanos
"información, formación y educacion sobre los derechos
que asisten a los consumidores, en particular, a los más
vulnerables".
"PODRÍAN INDUCIR A LOS CIUDADANOS A ERROR"
Otro causa esgrimida por el ministerio para justificar
su veto es que "los resultados que podrían obtenerse de
los estudios y hacerse públicos, consecuencia de la
ejecución de un programa subvencionado por el Ministerio
de Consumo, podrían inducir a los ciudadanos al error de
que los análisis y la comunicación han sido llevados a
cabo por las propias Administraciones Públicas
competentes".
Para intentar reforzar ese argumento, el documento
señala que "hay que recordar que en cada programa
subvencionado debe indicarse que se ha financiado por el
Ministerio de Consumo, lo que incrementaría el riesgo de
confusión". Sin embargo, Consumo pasa por alto que la
propia orden por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones establece que, al
difundir sus actividades, junto al logotipo del
ministerio siempre debe indicarse que el contenido es
"responsabilidad exclusiva de la asociación
beneficiaria". |
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