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• Ante el proyecto de RD, la Coalición
por la Energía Comunitaria ha presentado una batería de
alegaciones que busca una mayor ambición y alcance de la
norma, como la ruptura con el oligopolio a través de la
prohibición de la participación de entidades que
dispongan de una cuota de mercado de un 10% en
cualquiera de los mercados o sistemas energéticos.
• La transposición de las directivas se ha
demorado casi dos años desde el plazo máximo marcado por
Europa y no responde al espíritu de las directivas
europeas ni de su propio preámbulo sobre la necesaria
transición energética participada y justa.
• La coalición reitera al Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico la necesidad
de contar con la sociedad civil de manera efectiva y
real, no solo nominal.
La Coalición por la Energía Comunitaria, de la que forma
parte Amigos de la Tierra, presenta sus alegaciones al
borrador de Real Decreto sobre comunidades energéticas,
por el que se desarrollan las figuras de comunidades de
energías renovables (CER) y las comunidades ciudadanas
de energía (CEC), y denuncia la falta de participación
pública real en el proceso.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO) ha tardado casi dos años en
transponer las directivas europeas al marco normativo
estatal. En junio de 2022 desde la Coalición ya se
solicitó al Gobierno una transposición ambiciosa, sin
embargo, el texto se queda a mitad de camino a la hora
de impulsar las comunidades energéticas.
Las organizaciones denuncian la falta de participación
pública real en el proceso que ha contado con un plazo
de consulta inferior a un mes, un obstáculo al que se
suman otras limitaciones que también dificultan la
participación de la sociedad civil. En su opinión, la
consulta vuelve a poner de manifiesto el escaso interés
del Gobierno en promover y facilitar la participación de
la ciudadanía.
En un contexto de crisis climática, energética y
ecológica, y en un punto de inflexión para conseguir no
sobrepasar los 1,5°C de incremento de la temperatura
media global, la apuesta por la energía comunitaria y
las comunidades energéticas es más urgente que nunca.
“Ha sido una decepción enorme constatar la falta de
visión y ambición del Gobierno a la hora de regular las
comunidades energéticas e impulsar una verdadera
democratización energética tal como reza el espíritu de
las directivas europeas y el propio preámbulo del
presente real decreto”, han señalado las organizaciones.
La coalición ha presentado alegaciones ante lo que
considera una transposición parcial y denuncia que
muchos de los artículos son una transcripción literal de
las directivas europeas, lo que dificulta su
interpretación debido a su escaso desarrollo normativo.
Las organizaciones insisten en que el documento
propuesto carece de ambición al no desarrollar el
alcance de su articulado, y lo consideran una pérdida de
oportunidad por no resolver las numerosas actuales
barreras, conocidas por la sociedad civil, que
obstaculizan el correcto despliegue de las comunidades
energéticas, entre las que destacan las barreras
técnicas, económicas, de financiación, legales y
sociales.
La propuesta omite la posibilidad que brinda la
directiva europea para que las comunidades energéticas
puedan ejercer de gestoras de redes de distribución, una
posibilidad que si se transpusiera podría significar un
verdadero cambio de paradigma hacia la energía
comunitaria. La propuesta ni tan siquiera justifica en
su preámbulo el porqué de la omisión y por lo tanto es
difícil entender las razones que hay detrás.
RETRASOS Y BARRERAS CONSTANTES
Desde la coalición, ante la carencia de regulación,
proponen cumplir lo dispuesto en el artículo 22 de la
directiva, en relación a la posibilidad de que las
comunidades energéticas operen redes de distribución y
de que se incluya la figura del gestor de autoconsumo y
de los coeficientes dinámicos. Ambas son demandas
reiteradas que permitirían a estas comunidades dar un
salto de escala en el actual complicado sistema
energético dominado por el tradicional oligopolio
energético.
Las organizaciones demandan, además, la ruptura del el
oligopolio energético a través de la prohibición de que
una misma empresa o grupo, a partir de cierto tamaño,
pueda estar integrado verticalmente en la cadena de
valor al realizar actividades de generación,
distribución y comercialización de energía, así como la
prohibición de la concentración de un porcentaje de los
activos en una única empresa (de generación,
distribución y comercialización).
En las alegaciones presentadas, se hace especial
hincapié en cómo las comunidades energéticas están
sufriendo retrasos injustificados relacionados con la
solicitud de los puntos de conexión. La evaluación que
debe llevar a cabo el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE) debería abordar esta
situación y proponer soluciones como la ventanilla única
dependiente de la administración pública para solicitar
los puntos de conexión o establecer plazos concretos y
un régimen sancionador por retrasos injustificados.
En el documento presentado por el Gobierno tampoco se
plantean objetivos vinculantes de potencia instalada o
de las actividades o servicios permitidos a las
comunidades, ni ofrece plazos vinculantes para cumplir
con su actual articulado.
Tampoco se hace una mención expresa a la importancia de
estas figuras para combatir la pobreza energética. Entre
otras medidas, se deberían añadir y desarrollar
criterios que faciliten la integración de personas
vulnerables y en situación de pobreza energética en las
comunidades energéticas y asignar recursos económicos,
formativos y de índole social que lo posibiliten, desde
una perspectiva de derecho a la energía y no
asistencialista.
La coalición critica, además, que el presupuesto
asignado al desarrollo de estas figuras, hasta ahora de
unos 100 millones para la puesta en marcha del programa
CE-Implementa, es insuficiente para avanzar en una
transición energética ecológica y justa que no deje a
nadie atrás, tal como presume el Gobierno de estar
impulsando.
“Desde la coalición instamos al Gobierno a una mayor
ambición política antes de la publicación del Real
Decreto y a promover la participación real y efectiva de
la ciudadanía en los procesos de consulta pública para
lograr la descarbonización y democratización del sistema
energético sin dejar a nadie atrás”. |
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