• La Alianza Cero Deforestación valora
positivamente la aprobación del Reglamento para frenar
la deforestación importada y recuerda que es el primer
paso para acabar con la destrucción de ecosistemas en el
mundo.
• El éxito de este Reglamento dependerá de controles
efectivos en cada Estado y que las autoridades
responsables de los mismos apliquen sanciones realmente
disuasorias.
Hoy, el Consejo de la Unión Europea, tal y como ya hizo
el Parlamento Europeo el pasado 19 de abril, ha aprobado
el Reglamento relativo a la comercialización en el
mercado de la UE y a la exportación desde el mismo de
determinadas materias primas y productos derivados
asociados a la deforestación y la degradación forestal.
Esta nueva regulación requerirá que las empresas
demuestren que sus productos no han contribuido a la
destrucción de los bosques si quieren venderlos en el
mercado de la UE.
La Alianza Cero Deforestación, de la que forman parte
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Coordinadora
Estatal de Comercio Justo, Federación de Consumidores y
Usuarios (CECU), Mighty Earth, Greenpeace, SEO/BirdLife
y WWF, aplaude esta votación. No obstante, recuerda a la
Comisión de la UE y a los Estados miembros que esta
decisión marca solo el comienzo, y que será la ambición
y el rigor en la aplicación de la ley la que dará los
resultados esperados de frenar la deforestación inducida
por el consumo de materias primas de la UE.
Las importaciones agrícolas a Europa son las segundas
responsables de la deforestación global en el mundo,
después de China. La agricultura industrial impulsa más
del 90 por ciento de la deforestación, según un estudio
publicado en la prestigiosa revista Science.
En palabras de la Alianza Cero Deforestación “este es un
día histórico para los bosques del mundo. Por primera
vez los operadores agroindustriales y otras empresas en
su cadena de suministro deberán demostrar que sus
importaciones de carne de vacuno, soja, aceite de palma,
caucho, cacao, café, madera y algunos de sus productos
derivados están libres de deforestación. Esta es también
una buena noticia para consumidoras y consumidores que,
conscientes de la gravedad del problema, han exigido de
manera constante a los gobiernos y las empresas que
mantengan los productos que causan la destrucción de los
bosques fuera de sus cestas de la compra”.
Para las organizaciones ecologistas, el trabajo no ha
terminado. La Comisión de la UE necesita evaluar e
incluir cuanto antes otras materias primas como el maíz
u otros tipos de carne y ecosistemas críticos como
praderas, turberas y humedales, “una medida que hubiera
mejorado sensiblemente el Reglamento”.
Un ejemplo de esta situación es el caso de biomas como
el Cerrado, que queda casi en su totalidad fuera del
ámbito de aplicación de esta regulación y, sin embargo,
es donde se produce el 52% de la soja brasileña y la
deforestación. También es donde la conversión de tierras
alcanzaron su máximo de siete años en 2022, cuando se
perdieron 10.689 km2.
Al mismo tiempo, la Amazonía registró en abril de 2023
una disminución de bosque en 287,7Km2, un 72% más bajo
que hace un año. De ahí la urgencia de que en el plazo
de un año desde su entrada en vigor, tal y como prevé la
ley, se evalúe positivamente la incorporación de
ecosistemas bajo la clasificación de otras tierras
boscosas. Esto permitiría aumentar considerablemente la
protección de espacios naturales como el Cerrado y otros
que a nivel global están sufriendo el avance sin
precedentes de la agroindustria.
Según el informe “Evaluación de los recursos forestales
mundiales 2020” de FAO, en el mundo existen 977 millones
de hectáreas que se clasifican como otras tierras
boscosas.
DEBERES PARA EL GOBIERNO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El Reglamento prevé que, para un control efectivo de las
materias primas que se importan y comercializan en el
mercado de la UE, los Estados miembros deberán designar
autoridades competentes en cada país, además de publicar
su régimen sancionador.
España es, dentro de la UE, uno de los puntos de entrada
más importantes de algunas de las materias primas que
recoge el Reglamento, como la soja que se destina a la
alimentación animal. Por este motivo, es esencial como
punto de partida una buena configuración de la autoridad
competente responsable de los controles, tanto en su
dimensión estatal como autonómica, con recursos
económicos, humanos y técnicos.
Las organizaciones señalan algunos aspectos que
contribuirían a paliar la sensación de dejadez
institucional e impunidad durante la aplicación del
Reglamento para combatir la tala ilegal (un reglamento
aprobado en 2013 y que fue la antesala de este nuevo
Reglamento que lucha contra la deforestación) tales
como: la homogeneidad en la designación de los órganos
competentes a nivel autonómico; mayor coordinación y
cooperación entre estas autoridades; transparencia en
los controles realizados; o una aplicación efectiva del
régimen sancionador.
En ese sentido, la Alianza Cero Deforestación reclama al
Gobierno y a las comunidades autónomas, que “garanticen
en el ámbito de las administraciones públicas de su
competencia, los recursos necesarios, para la correcta
implementación y el cumplimiento del Reglamento. En
paralelo se debería trabajar en una ley estatal
específica de lucha contra la deforestación para
facilitar y unificar bajo una única regulación las
exigencias derivadas del Reglamento”. |
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