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• Hoy martes, 28 de marzo, se ha
celebrado la jornada “La política de grandes
infraestructuras de transporte en España” en el Congreso
de los Diputados.
• Las entidades organizadoras, entre las que se
encuentra Ecologistas en Acción, constatan lo alejada
que está la política de grandes obras de transporte en
relación a la Emergencia Climática declarada por el
Gobierno a principios de 2020.
El Estado español tiene una dotación de grandes
infraestructuras de transporte muy superior a la de
cualquier otro país europeo de nuestro entorno. Se trata
del país de la UE con más kilómetros de autovías y
autopistas, con la mayor red de líneas de alta velocidad
ferroviaria, con más aeropuertos deficitarios y con
mayor capacidad portuaria sin utilizar.
Según ha destacado Paco Segura, portavoz de Ecologistas
en Acción que ha participado como ponente en el acto,
“durante muchos años hemos sido el país europeo que más
porcentaje del PIB ha dedicado a las grandes
infraestructuras de transporte, incluso en periodos en
los que se han aplicado fortísimos recortes a
prestaciones sociales. En 2009, por ejemplo, se invirtió
el 2,2 % de nuestro PIB en estas grandes obras (más de
23.000 millones de euros) mientras el año siguiente se
aprobaron recortes por valor de 7.500 millones en
prestaciones sociales”.
A lo largo de la jornada “La política de grandes
infraestructuras de transporte en España” se ha
denunciado el “tsunami de hormigón” y sus consecuencias:
afección sobre el territorio, ocupación una gran
cantidad de suelo fértil o protegido, fragmentación de
propiedades y ecosistemas, con las consiguientes
problemas a la biodiversidad, además de contaminación y
ruido.
Durante décadas se ha fomentado un modelo de transporte
insostenible, basado en el consumo de combustibles
fósiles y en los modos de transporte que más emisiones
generan. Según las organizaciones convocantes, ”no es de
extrañar que en el Estado español el transporte sea el
sector económico con más emisiones de gases de efecto
invernadero y donde no se consigue su reducción como sí
está ocurriendo con otros sectores”.
Para David Hoyos, profesor del Departamento de Métodos
Cuantitativos de la Universidad del País Vasco, se han
desarrollado grandes inversiones con escasa rentabilidad
social. Y ha afirmado: “La eficiencia económica unida a
la emergencia climática obliga a imponer criterios
estrictos a todo nuevo proyecto de infraestructura de
transporte en España: no sólo debe demostrar una clara
rentabilidad social positiva sino que debe, además,
contribuir a reducir las emisiones de carbono netas del
transporte”.
Al mismo tiempo, en algunos territorios se plantea
ampliar infraestructuras destinadas a alimentar un
turismo de masas insostenible y a promover la
hipermovilidad e hiperglobalización de mercancías,
olvidándose de los impactos ambientales y sociales de
estas acciones así como del aumento de emisiones que
suponen.
Esta situación se ha explicado en detalle por parte de
las diferentes organizaciones sociales que se oponen a
las ampliaciones de grandes infraestructuras planeadas
en sus territorios, en una mesa redonda que ha reunido
cuatro experiencias representativas de lo que está
ocurriendo en todo el Estado español.
Así, una representante de la Comissió Ciutat-Port ha
enumerado las consecuencias que tendría la ampliación
prevista del Puerto de València; desde Terraferida se
han analizado las repercusiones en Illes Balears de la
autopista Llucmajor-Campos; la plataforma Zeroport ha
desgranado los problemas de la planeada ampliación del
aeropuerto de Barcelona; y la Coordinadora Estatal por
el Tren Público, Social y Sostenible ha repasado las
consecuencias de la línea ferroviaria propuesta entre
Madrid-Badajoz-Lisboa.
En la jornada se ha destacado, además, que muchas de
estas grandes infraestructuras han estado ligadas a la
corrupción política. Los papeles de Bárcenas, por
ejemplo, de los que se acaban de cumplir diez años de su
publicación, no son sino un catálogo de donaciones
ilegales por parte de empresarios como contrapartida por
la adjudicación de obra pública.
Aunque la inversión en grandes obras ha sido más
moderada durante la última década, la inyección de
fondos europeos Next Generation está provocando una
revitalización de las dinámicas más negativas. Vuelven
incluso a reactivarse proyectos que ya acumulan dos
declaraciones de impacto ambiental negativas, como el de
la autovía Cuenca-Teruel.
Por su parte, pese a las promesas, es previsible que la
Ley de Movilidad Sostenible que se está tramitando en la
actualidad no vaya a servir para atajar estos graves
problemas, ya que deja en manos de los propios
promotores las evaluaciones de la rentabilidad
socioambiental de los proyectos y fija un periodo de
tiempo muy laxo para iniciarlas. Tampoco delimita
mecanismos para que se limiten de forma contundente las
emisiones debidas al transporte. Por todo ello, las
organizaciones convocantes han denunciado que la
política de transporte en el Estado español sigue ajena
a la emergencia climática.
Asimismo, dichas organizaciones han trasladado a todos
los grupos políticos la necesidad urgente de abordar el
decrecimiento y el cambio radical en las políticas de
infraestructuras de transporte que despilfarran recursos
económicos, dañan el territorio y generan emisiones de
gases de efecto invernadero. “Se debe parar ya esta
dinámica de grandes obras que sólo favorece a las
grandes constructoras y pensar en políticas y servicios
de movilidad que beneficien a la mayor parte de la
ciudadanía sin arrasar nuestro territorio”, han
concluído. |
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