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• La Comisión Europea no contempla fijar
el precio de la energía nuclear e hidroeléctrica y aboga
por sostener el modelo especulador que beneficia a las
eléctricas y perjudica a los consumidores.
• FACUA-Consumidores en Acción critica la propuesta para
la reforma del mercado eléctrico europeo propuesta por
la Comisión Europea porque supone avalar el sistema
marginalista para establecer los precios de la
electricidad que en las últimas décadas viene
perjudicando a los intereses de los consumidores.
El nuevo marco que plantea Bruselas no contempla
herramientas para que los Estados puedan fijar los
precios basados en los costes de producción de la
energía para determinadas tecnologías, entre las que se
encontraría la nuclear y la hidroeléctrica. Conforme al
esquema que prevé la Comisión, la tecnología más cara,
el gas en estos momentos, seguirá determinando el precio
que se paga por la energía eléctrica, incluida la
generada en plantas con menos coste, como las
renovables.
La reforma del mercado eléctrico europeo persigue
actualizar el sistema de establecimiento de los precios
de la energía y proteger a los consumidores de la
volatilidad de precios. No obstante, la asociación
critica que el sistema planteado consistente en un
mercado a futuro deja en manos de las propias empresas
que participan en el mercado energético la fijación de
los precios. No establece, según FACUA, herramientas
para que el Gobierno pueda topar los precios de
comercialización, una cuestión especialmente grave en
España debido a que son las mismas empresas las que
participan tanto en la comercialización de la energía
como en su producción.
APUESTA POR EL AUTOCONSUMO Y VENTA DE EXCESOS A
VECINOS
El documento oficial de la Comisión debe ser aprobado
por el Parlamento Europeo y por los Estados Miembros. A
priori el texto se distancia del plan del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que
propuso en enero, en línea con lo defendido por la
asociación y en contra de los postulados de la patronal
eléctrica española, sacar la energía nuclear y la
hidroeléctrica de la subasta y establecer un precio fijo
para estas fuentes de energía con contratos por
diferencias.
La propuesta de la Comisión Europea evita una reforma de
calado en el mercado energético en línea con países como
Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Finlandia,
Luxemburgo, Estonia y Letonia, que en febrero enviaron
una carta al Ejecutivo europeo solicitando que la
reforma retuviera los "enormes beneficios" del actual
diseño del mercado eléctrico.
En línea con lo que defiende FACUA, la Comisión sí ha
tomado en cuenta la posibilidad de compartir la energía
que se produce a través de sistemas de autoconsumo
renovables y vender el exceso de electricidad solar a
los vecinos, y no solo a su proveedor. Sin embargo,
desde la asociación echan en falta una mención expresa
al autoconsumo en el sector público.
LA REFORMA NO ABARATARÍA EL PRECIO DE LA ENERGÍA AL
CONSUMIDOR
La Comisión Europea abrió un proceso de consulta pública
que contó con 1.369 contribuciones, incluyendo más de
600 aportaciones a título individual, 450 por parte de
empresas y 40 de entidades públicas. España planteaba
igualmente el desarrollo de mercados de capacidad que
retribuyan a las instalaciones de generación y de
almacenamiento.
Si bien el mercado a largo plazo o a futuro que propone
la Comisión Europea ayudaría a acabar con la volatilidad
del mercado energético, FACUA considera que esto no
implica que el precio de la energía se abarate para los
consumidores.
La tesis del Gobierno español pretendía evitar los
abultados márgenes de beneficios de las eléctricas con
contratos por diferencias, que sí tendrán cabida en la
propuesta de reforma pero limitados a las nuevas
inversiones. Los contratos por diferencia fijan un
precio entre comprador y vendedor, y se liquida a
posteriori: si el valor del mercado es superior, el
vendedor paga la diferencia al comprador y si es
inferior, es al contrario. Con este planteamiento se
pretende poner coto a los beneficios extraordinarios de
instalaciones construidas hace décadas ya amortizadas.
El texto presentado este martes incentiva los contratos
a largo plazo con productores no fósiles para abordar la
descarbonización, así como los acuerdos de compra de
energía bilaterales (PPA). Este modelo de contratación
presenta disfunciones, por ejemplo cuando una generadora
vende la energía a una comercializadora de la misma
empresa y no permite conocer con total transparencia los
costes de generación de la energía, ni cómo se le
trasladan al usuario.
España, que asumirá la presidencia rotatoria del Consejo
de la Unión Europea a partir del mes de julio, quiere
cerrar la negociación antes de final de año mientras
países como Alemania enfrían este objetivo. |
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