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• Tras la presentación por el secretario
general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario de
Políticas públicas y Protección social, Carlos Bravo, de
las líneas generales del acuerdo cuyo borrador fue
enviado ayer tarde a todas las organizaciones, el
Consejo Confederal de Comisiones Obreras ha ratificado
esta mañana el acuerdo de la segunda fase de la reforma
de pensiones, en el que las medidas de incremento de
ingresos contributivos y la reducción de la brecha de
género se destacan como ejes de actuación prioritaria.
Se completa así la primera fase llevada a cabo en julio
de 2021, en la que se revertían los recortes impuestos
sin consenso político y social alguno por el gobierno
del Partido Popular, principalmente mediante una fórmula
de revalorización que la limitaba al 0,25% anual, y un
“factor de sostenibilidad” que reducía la pensión
inicial de las generaciones de trabajadores más jóvenes
en la medida en la que evolucionase la esperanza de
vida. En aquella primera etapa de la reforma, que contó
con el acuerdo de las organizaciones empresariales, se
incluía un primer paquete de medidas de refuerzo de
ingresos basadas en un compromiso de transferencias del
Estado de hasta un 2% del PIB anual y un nuevo sistema
de cotización basado en ingresos reales para los
trabajadores autónomos que se concretaron mediante
sendos acuerdos tripartitos y la aprobación de la Ley
21/2021 y el RDLey 13/2022. Se preveía además una
segunda fase de negociación, que debía completar la
estructura de ingresos para garantizar el sistema
público de pensiones sustituyendo la opción de
disminución de cobertura y protección de las mismas por
la de mantener la fortaleza de nuestra Seguridad Social,
reforzando su financiación.
En esta segunda fase se culminan las medidas de
incremento de ingresos de origen contributivo. En este
sentido cabe señalar el incremento progresivo de las
bases máximas de cotización, que se incrementarán hasta
el año 2050 un 38% por encima de lo que lo haga la
inflación, acercándonos así al estándar de los países
europeos de nuestro entorno, al elevar los actuales
53.940 euros anuales de base máxima hasta los 75.000 en
2050, en euros constantes.
Se garantiza también el incremento de bases máximas de
cotización y todas las pensiones, desde las mínimas
hasta las máximas, con el IPC promedio. Es esta una
garantía completa de mantenimiento del valor real de los
elementos centrales de nuestra Seguridad Social, bases
de cotización y pensiones, que se incorpora por primera
vez en la Ley General de Seguridad Social.
Se avanza también de forma decisiva en la cotización por
ingresos reales, al establecer por todas las
retribuciones que excedan de la base máxima en cada
momento, también de forma progresiva una cotización de
solidaridad para los salarios que superen la base
máxima, y que contribuirán al sostenimiento del sistema
con un tipo de cotización que oscilará entre el 1% y el
6% de la parte de sus salarios que superen la base
máxima. Finalmente, se ha revisado el Mecanismo de
Equidad Intergeneracional (MEI) llevando el tipo
progresivamente hasta el 1,2% (1% a cargo de las
empresas y 0,2% a cargo de las personas trabajadoras)
hasta el año 2050. Todas estas cotizaciones, además de
contribuir a reforzar la sostenibilidad del sistema
público de pensiones, tienen un efecto retorno para
empresas y trabajadores a través de su deducibilidad
fiscal en Impuesto de Sociedades e IRPF, contribuyendo
con ello a financiarlas.
El conjunto de medidas de mejora de ingresos se ve
acompañado ahora, además, por la positiva evolución que
viene registrando la recaudación contributiva del
sistema de Seguridad Social, como consecuencia de la
mayor estabilidad en el empleo y la mejora de ingresos
derivada de la reforma laboral y el incremento del
Salario Mínimo Interprofesional.
Junto a las anteriores, las medidas de reducción de
brecha de género concentran el grueso de actuaciones
incorporadas al acuerdo. Se ha incluido así, el
incremento de los periodos reconocidos como cotizados a
3 años en caso de reducciones de jornada y excedencia
por cuidado de hijos, menores o familiares de hasta
segundo grado. Se establece el incremento de la cuantía
del complemento de la brecha de género en un 10%
adicional a lo que lo haga la inflación en los dos
próximos años. Mejora la fórmula de integración de
lagunas para las mujeres trabajadoras, aumentando hasta
5 años los periodos que se computan al 100% de la base
mínima y hasta 2 años adicionales los que lo hacen al
80% de esa referencia.
Por su parte, la incorporación de una garantía de
suficiencia en la cuantía de las pensiones mínimas y las
pensiones no contributivas también despliega un evidente
efecto de reducción de brecha de género, ya que 2/3 de
las personas que son titulares de estas prestaciones son
mujeres. Por primera vez, se incorpora una garantía en
la Ley General de la Seguridad Social para que el umbral
de riesgo de pobreza actúe como suelo de las pensiones
mínimas contributivas y no contributivas, además de
incrementarse con carácter general todas las pensiones
mínimas por encima de la inflación los próximos 4 años y
especialmente la pensión de viudedad con cargas
familiares.
Finalmente, la nueva fórmula de periodo de cálculo
también supondrá una mejora de las pensiones causadas
por quienes tienen una carrera de cotización más
precaria y discontinua, un rasgo distintivo de la brecha
de género en el empleo. En este caso se ha acordado que
hasta el año 2040 se garantiza el derecho de opción a la
situación que sea más beneficiosa para cada persona
pensionista: calcular la pensión con los últimos 25 años
cotizados o con los mejores 27 años cotizados en el
periodo de los últimos 29.
En resumen, se completa una reforma de pensiones
mediante tres acuerdos sucesivos negociados en el marco
del Diálogo Social entre 2020 y 2023, plenamente
alineada con las cuartas Recomendaciones del Pacto de
Toledo aprobadas en noviembre de 2020 con un 80% de
apoyo parlamentarios, que nos sitúa en las condiciones
necesarias para preservar el sistema de pensiones en
España ante los retos que tiene que abordar, reforzando
su equidad, su financiación y su capacidad de
protección.
* Una reforma de gran calado basada en dos pilares,
más ingresos y más protección. |
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