|
• El sindicato alerta de la
liberalización del mercado de la FP y exige cambios en
el texto que garanticen el derecho a la formación y a la
educación con suficiente oferta pública, dotaciones que
refuercen las plantillas e inversiones estructurales
para los centros de FP.
Durante el día de ayer se realizó el trámite del Real
Decreto de Ordenación de la Formación Profesional en la
Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado en el
que CCOO ha presentado 110 enmiendas al texto normativo
que desarrolla la Ley 3/2022 de ordenación e integración
de la Formación Profesional y que deroga, entre otras
normativas, el anterior RD 1147/2011 de ordenación de la
FP.
El elevado número de enmiendas presentadas por el
sindicato responden a que el borrador no sólo mantiene
los desajustes existentes entre las comunidades
autónomas y los modelos de FP privatizadores y
segregadores, sino que además abre las puertas de par en
par a la empresa en los centros de FP, favoreciendo el
intrusismo profesional con la aparición de nuevos
perfiles, personas expertas del sector productivo y
expertos/as senior de empresa, sin definir ni acotar su
atribución docente ni el requisito de capacitación
pedagógica.
Desde CCOO hemos denunciado reiteradamente ante el
Ministerio de Educación y Formación Profesional los
plazos tan ajustados que tenemos las organizaciones
presentes en el Consejo Escolar del Estado para analizar
las distintas leyes y normativas, tal y como también
indica el informe técnico-jurídico de dicho Consejo.
En total se han presentado 201 enmiendas, más de la
mitad por CCOO (110), de las que se han aprobado 186. De
las enmiendas presentadas por CCOO se han aceptado 106,
y 23 se incorporarán de oficio en el redactado
definitivo, según las representantes del Ministerio.
ENTRE LAS ENMIENDAS DE CCOO INCORPORADAS DE OFICIO
DESTACAMOS:
- La excepcionalidad de realización de formación en
empresa en periodos sin alternancia en el centro de FP
con motivos justificados en determinados sectores
profesionales, por ejemplo, aquellos que concentran su
actividad en meses de verano.
- La accesibilidad al currículo de adaptación temporal y
diseño universal que sean necesarias a lo largo de la
vida para que toda persona con necesidades especiales
tenga acceso a la formación profesional.
- La garantía de que toda persona menor de 24 años, que
se haya incorporado en el mercado laboral, tenga acceso
a una formación, al menos, de Grado C y D, de nivel 2 y
de Grado Medio, respectivamente, que puedan
compatibilizarse con la actividad laboral y que le
permita una titulación de Grado Medio y el acceso
posterior a una oferta posterior de grado C y D, de
nivel 3 y de Grado Superior que posibilite el desarrollo
personal y profesional.
- La obligatoriedad de las administraciones educativas
de facilitar becas transporte o residenciales para que
las personas en entornos rurales sin oferta profesional
presencial puedan desplazarse y cursarla.
- Establecer para la modalidad en línea la ratio máxima
de 20 personas por docente (actualmente la ratio alcanza
en alguna comunidad autónoma a 90 personas por docente).
- El compromiso de transparencia de la empresa con el
comité de empresa o delegado/a sindical, según
corresponda, que garantice que el alumnado realiza
formación y no sustituye puestos de trabajo.
El resto de las enmiendas presentadas por CCOO y
aprobadas por la comisión permanente del Consejo Escolar
del Estado van en la línea de modificar aquellos
aspectos del Real Decreto que consideramos perjudiciales
para el sistema de Formación Profesional. De entre ellos
destacamos la generalización de los modelos de
externalización de la formación en los centros que no
han sido evaluados o carecen de evidencias positiva; la
formación online de cualquier oferta profesional, pese a
que su inserción laboral está 35 puntos por debajo de la
modalidad presencial en el Grado Medio y 15,8 puntos por
debajo en el Grado Superior; o la posibilidad de ofrecer
la estancia formativa dual en centros educativos y
administraciones públicas, modelo que carece de
contratación laboral, inserción en la entidad y
negociación colectiva con la representación legal de
trabajadores y trabajadoras.
Por otra parte, la norma de ordenación no establece un
modelo integrado definido, sino que deja en manos de las
comunidades autónomas aspectos muy importantes de su
desarrollo, como la gestión de los fondos destinados a
la acreditación y la formación de las personas
trabajadoras y desempleadas que, o bien puede fortalecer
el sistema público de FP, externalizar los servicios, o
bien repercutir sobre las condiciones laborales y la
organización interna de los centros del sistema de
Formación Profesional. Tampoco se definen las dotaciones
horarias para las personas responsables de los proyectos
que realizarán los centros de FP (innovación,
internacionalización, dual…).
Asimismo, se hace una especial mención de la orientación
profesional, pero se obvia la orientación educativa y
psicopedagógica que, a nuestro entender, debería
garantizarse con departamentos de orientación
suficientemente dotados y con distintos perfiles
profesionales en todos los centros.
CCOO trasladará a los distintos ámbitos de participación
y regulación las propuestas y enmiendas que ha
presentado, con la finalidad de garantizar el derecho a
la educación y la formación profesional a lo largo de la
vida. |
|
• © valenciadiario.com
© valenciadiario.es © valenciadiario.eu - 2015-2023 (Todos los derechos
reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total
o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta
Web, salvo autorización expresa de valenciadiario.com, o
de valenciadiario.es.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo
32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
Intelectual.
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa,
expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera
reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o
revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente
lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. |
